El cancerígeno material que será retirado de los edificios de Pamplona a partir de 2025
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha dado este lunes luz verde para la elaboración de un censo de edificios públicos y privados con presencia de amianto que prevén finalizar a mediados del 2025 para poder comenzar así con las labores de eliminación segura de este material.
Para la elaboración de ese censo el Ayuntamiento contratará una asistencia técnica con un presupuesto de 30.000 euros que se licitará a finales de año. Una vez adjudicado el trabajo, éste deberá estar realizado en un plazo de tres meses, tal y como ha explicado en rueda de prensa el concejal de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea.
El censo, han explicado desde el Ayuntamiento, permitirá identificar y valorar el estado del amianto visible y fácilmente detectable en fachadas, cubiertas y chimeneas, pero también se realizará un informe detallado de cada uno de los edificios o instalaciones susceptibles de inspección. En función de todos esos datos se priorizará la retirada atendiendo al grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.
A pesar de los retrasos en la presentación de este censo, que tendría que haber estado listo en 2023, Abaurrea ha indicado que mantendrán el horizonte de actuación marcado por la Unión Europea para que en 2032 este elemento desaparezca de todas las edificaciones. Además, ha referido, en los edificios públicos esperan que para 2028 se haya cumplido ya el objetivo.
Una de las primeras intervenciones por su peligrosidad, ha indicado, se realizará en el edificio de Oscus, ubicado en la manzana generada por las calles Navarrería, Carmen y Redín y cuya demolición lleva varias décadas prevista. Este, ha señalado, es un edificio que “contiene un nivel bastante alto de amianto” y un importante nivel de degradación después de años en desuso.
Su intención, ha explicado, es recuperar un local en la planta del edificio donde estaba antiguamente el comedor social y la intervención en su conjunto rondará los 200.000 euros con la previsión de que puedan iniciarse las obras a finales del 2025.
La otra intervención que ha destacado el edil se encuentra en la nave de Aceros Sadar, un espacio de titularidad privada perteneciente al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que ha sufrido ya diversos incendios y en el que hay personas que pernoctan.
Según ha indicado también aquí llevan más de una década intentando resolver la situación, pero tienen la esperanza en que el trabajo con Gobierno de Navarra y la UPNA pueda dar frutos para una modificación del PSIS y poder así comenzar las obras estimadas en unos 400.000 euros.
Abaurrea ha reconocido que este será un trabajo “extenso y complicado”, especialmente en los edificios privados, por ello tienen previsto habilitar junto con el Gobierno de Navarra una bolsa de ayudas para incentivar el interés.
En aquellas actuaciones municipales en las que la retirada de este material no suponga grandes obras la gestión correrá a cargo de Conservación Urbana, mientras que cuando se requiera un proyecto de ejecución o se trate de actuaciones de mayor volumen la iniciativa la tomará el área de Proyectos Estratégicos.
Para la retirada en edificios de titularidad privada, será el área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 el responsable de informar y requerir actuaciones en base al censo.