Una "aberración democrática": Sánchez se une a Bildu para no ilegalizar asociaciones que enaltecen el terrorismo
El diputado navarro Alberto Catalán ha tachado de “indecente” el voto del PSOE junto a EH Bildu en contra de ilegalizar asociaciones que enaltezcan el terrorismo. La crítica se ha producido durante el debate de una iniciativa presentada por UPN en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
El parlamentario ha defendido que la existencia de colectivos que ensalzan el terrorismo supone una “aberración democrática”. Además, ha denunciado que se realicen actos para honrar a terroristas, lo que, a su juicio, vulnera la dignidad de las víctimas.
La propuesta de UPN plantea reformar la Ley de asociaciones para incluir como causa de disolución aquellas actividades que supongan apología del terrorismo. En concreto, recoge el enaltecimiento de ETA u otros grupos, así como la exaltación de sus miembros o colaboradores cuando implique humillación a las víctimas o incitación al odio.
Catalán ha señalado que, si las asociaciones deben respetar principios democráticos, resulta coherente que aquellas que promuevan el terrorismo puedan ser disueltas. En este sentido, ha insistido en que la legitimación de ETA “sigue presente” en la sociedad.
El diputado ha aportado datos del COVITE, que ha registrado 374 actos de apoyo a ETA en 2025, de los cuales 69 se han producido en Navarra, nueve más que el año anterior. “¿Por qué no se sancionan estos actos?”, se ha preguntado, comparándolo con la persecución del enaltecimiento del franquismo.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha negado la existencia de este tipo de actos y ha acusado a UPN de no contribuir a la convivencia. Catalán le ha respondido con dureza, acusándola de actuar con cinismo y de mantener posiciones contrarias a los valores democráticos.
Además, la iniciativa regionalista incluye otra medida relevante. UPN ha pedido reformar la ley para equiparar las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo que no cuentan con sentencia judicial con las que sí la tienen.
Catalán ha considerado que esta situación supone un “agravio” que debe corregirse. También ha recordado que el Gobierno ha mostrado voluntad de abordar este asunto, aunque sigue pendiente. Según ha defendido, las familias no deben verse perjudicadas cuando no existe sentencia por falta de avances judiciales o policiales.