Dos denuncias anónimas cercan las adjudicaciones de Ripagaina a la empresa de Cerdán: Anticorrupción abre un expediente
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha abierto dos expedientes de investigación por posible conflicto de interés en las dos promociones de VPO en Erripagaña que fueron adjudicadas por la empresa pública Nasuvinsa a la UTE formada por Servinabar y Acciona.
La apertura de estos dos procedimientos se ha producido después de que la OANA haya recibido dos denuncias anónimas relacionadas con ambas adjudicaciones. Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha asegurado que los expedientes se han abierto por la posible existencia de un conflicto de interés y por un presunto incumplimiento de la ley de contratos.
Según ha explicado el parlamentario regionalista, el inicio de estos dos procedimientos de investigación es conocido en Nasuvinsa desde el pasado 9 de junio. Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de Navarra no haya comunicado públicamente estos hechos hasta ahora. “El inicio de estos dos procedimientos es conocido en Nasuvinsa desde el 9 de junio sin que el Gobierno haya comunicado tales hechos”, ha advertido.
Sánchez de Muniáin ha señalado que, por el momento, no dispone de más información que la recogida en la propia resolución de apertura del expediente. También ha precisado que se trata de dos denuncias anónimas y que no se conoce el nombre de la persona denunciada.
El parlamentario de UPN ha explicado que, cuando se investiga un posible conflicto de interés, es porque puede haber indicios de que alguna persona que ha intervenido en una adjudicación haya participado también en alguna actividad relacionada con quienes han resultado adjudicatarios. “Cuando es por conflicto de interés es porque alguien que presuntamente ha participado en la adjudicación ha participado también en alguna actividad relacionada con quienes han resultado adjudicatarios”, ha afirmado.
Las dos promociones investigadas corresponden a viviendas protegidas adjudicadas por Nasuvinsa a la unión temporal de empresas formada por Servinabar y Acciona. La Oficina Anticorrupción ha decidido ahora analizar estas adjudicaciones tras la recepción de las denuncias, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el contenido concreto de las mismas.
UPN ha enmarcado estos nuevos expedientes dentro de las investigaciones abiertas en torno a adjudicaciones públicas vinculadas a empresas que han recibido contratos de la Administración foral o de sus sociedades públicas. En este caso, la formación regionalista ha puesto el foco en la falta de explicaciones del Gobierno de Navarra sobre unos procedimientos que, según ha sostenido Sánchez de Muniáin, ya eran conocidos en la empresa pública desde hace días.
Además, la Oficina Anticorrupción de Navarra también ha incoado expediente sancionador al exdirector general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra Pedro López y al jefe de Servicio de Conservación por presuntas represalias contra el secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación del túnel de Belate, que denunció supuestas irregularidades en el proceso.
En este caso, el funcionario fue trasladado de su puesto de trabajo en la avenida de San Ignacio de Pamplona a una nave del polígono industrial de Landaben. La OANA ha fundamentado la incoación del expediente sancionador en el artículo 63.b de la ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Esta norma califica estos hechos como una infracción muy grave y prevé una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros. Según ha señalado Sánchez de Muniáin, la Oficina Anticorrupción ha dado este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.
El parlamentario de UPN ha criticado la “dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial”, dirigido por el consejero Óscar Chivite, por no incoar el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025.
“Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción”, ha sostenido Sánchez de Muniáin.
También ha criticado que el consejero afirmara que no conocía que el funcionario trasladado era el denunciante de las presuntas irregularidades en la adjudicación de Belate, cuando, según ha dicho, “públicamente descalificó su actuación y lo llegó a tildar de chismoso”.
Sánchez de Muniáin ha añadido que el traslado se produjo tras “diversas discusiones” entre el entonces director general y el jefe de servicio sobre la situación del secretario de la mesa de contratación. Según ha indicado, esas contradicciones han quedado reflejadas tanto en la investigación desarrollada en el Senado como en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra y en la propia resolución de la OANA.
El parlamentario regionalista ha concluido que “tanto los representantes del Gobierno como sus socios han acreditado que son partidarios de castigar a quien denuncia actos de corrupción y no sancionar a quien represalia a los denunciantes”.