Barcina evidencia el sinsentido de su comparecencia: Servinabar nació 44 días después de dejar el Gobierno
Yolanda Barcina ha comparecido este miércoles en el Parlamento de Navarra en una comisión de investigación en la que ha defendido que su citación carecía de sentido porque Servinabar, la empresa señalada en el sumario del ‘caso Cerdán’, fue constituida cuando ella ya había dejado de ser presidenta del Gobierno foral.
La ex presidenta de Navarra ha recordado que abandonó la Presidencia el 22 de julio de 2015 y que Servinabar se creó el 4 de septiembre de ese mismo año. Es decir, 44 días después de su salida del Ejecutivo. “No hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra ni con dinero público realizada en el mandato en el que soy presidenta”, ha afirmado ante la comisión.
Barcina ha acudido a la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública en la legislatura 2011-2015, cuando presidió el Gobierno foral. Su comparecencia ha llegado en el marco de los trabajos parlamentarios relacionados con el ‘caso Cerdán’, pese a que la propia ex presidenta ha insistido en que la empresa citada por la Fiscalía Anticorrupción no existía durante su mandato.
La exdirigente de UPN ha explicado que, tras recibir la citación del Parlamento, acudió a la causa del Tribunal Supremo y comprobó que en el sumario aparecía de forma destacada Servinabar. Según ha relatado, la Fiscalía Anticorrupción describe esa mercantil como una empresa creada “ad hoc” para lucrarse con obras públicas.
A partir de ahí, Barcina ha revisado la fecha de constitución de la compañía y ha subrayado la incongruencia temporal de su citación. “En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada ‘ad hoc’ para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta”, ha manifestado.
La ex presidenta ha remarcado además que en la causa “no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público” durante el periodo en el que ella estuvo al frente del Ejecutivo. También ha aclarado que en el sumario “tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro” de su Gobierno.
“Dicho esto, aquí estoy con el respeto que siempre he tenido a esta Cámara”, ha señalado Barcina, que ha querido dejar claro desde el inicio que su presencia en la comisión no respondía a hechos vinculados a su mandato, sino a una investigación cuya principal empresa señalada nació después de que ella dejara la política institucional.
La ex presidenta navarra ha reconocido, a preguntas de UPN, que en sus planes “no estaba venir a este Parlamento en el año 2026”. Ha explicado que dejó la política voluntariamente en 2015 por “motivos estrictamente personales” y que, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria alejada de la actividad política.
“Me marché hace más de una década. Por eso no estaba previsto para mí venir en el año 2026 a este Parlamento”, ha expuesto Barcina. También ha recordado que regresó a su cátedra de la Universidad Pública de Navarra, que había ganado por oposición antes de entrar en política.
Durante su intervención, la ex presidenta ha señalado que en estos once años ha asumido otras responsabilidades fuera del ámbito político, como su elección como académica de número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha insistido en que su actividad durante este tiempo ha estado “alejada de la política”.
“Y tan alejada de la política que ustedes no verán declaraciones políticas mías en estos once años, porque ha sido de forma voluntaria esa decisión”, ha explicado. También ha añadido que no ha sido por falta de peticiones de entrevistas, ya que, según ha indicado, se las han solicitado “en momentos claves”.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha reforzado la idea de que no existían motivos para hacer comparecer a Barcina. Ha señalado que no todas las legislaturas han sido iguales y ha defendido que entre 2011 y 2015 no hubo adjudicaciones a la UTE investigada dentro del proyecto de Mina Muga.
Esparza ha indicado que, durante la legislatura de Barcina, en el proyecto de Mina Muga se realizó “una tramitación administrativa únicamente”. Según ha afirmado, no se adjudicó ninguna obra pública a la UTE que hoy está siendo investigada por, presuntamente, conformar una trama corrupta.
“No hay denuncias tampoco, no hay registros, no hay detenciones”, ha señalado el portavoz regionalista. Además, ha considerado que si Barcina no hubiera sido presidenta de UPN, sino de otra formación política, “hoy no estaría aquí”. “Porque no hay motivos para hacerla comparecer”, ha opinado.
Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha indicado que la UCO de la Guardia Civil inició sus investigaciones en torno al año 2012 con distintas obras. Aun así, ha precisado que daba “por hecho” que Barcina no estaba implicada “en absolutamente nada”.
“No es que lo dé por hecho el Partido Socialista, ni yo personalmente, sino que a los hechos nos remitimos”, ha explicado Lecumberri. El parlamentario socialista ha preguntado a la ex presidenta por algunos proyectos, entre ellos las reuniones que el entonces CEO de Geoalcali, empresa impulsora de Mina Muga, afirmó haber mantenido con ella.
Barcina ha respondido que no recordaba ese encuentro. “He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde”, ha señalado.
La ex presidenta ha explicado que no recordaba con detalle los inicios del proyecto, pero ha defendido que una presidenta recibe a quienes tienen interés por la Comunidad. “Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando”, ha indicado.
Barcina ha diferenciado entre recibir a un interlocutor y el desarrollo posterior de un expediente administrativo. Ha remarcado que una cosa es una reunión institucional y otra “lo que pasa después”, donde debe existir un procedimiento, una tramitación técnica y el cumplimiento de la ley.
En el caso de Mina Muga, ha sostenido que se inició “una tramitación administrativa normal y totalmente técnica”. También ha asegurado que no realizó ninguna intermediación política y que se trató de “una mera tramitación administrativa sin intervención política”.
La ex presidenta ha aprovechado ese punto para respaldar la gestión de la exconsejera Lourdes Goicoechea. “Lo explicó fenomenal la consejera Lourdes Goicoechea, y aprovecho para reconocer su gran valía y su gran honestidad”, ha indicado.
Durante la comparecencia, el PSN también ha preguntado a Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
Barcina ha defendido que este procedimiento fue “impecable” y ha expresado su “confianza total” en la gestión de Esparza cuando fue consejero de su Ejecutivo. También ha extendido esa confianza a Lourdes Goicoechea y al resto de actuaciones realizadas durante su mandato.
Javier Lecumberri le ha preguntado por el hecho de que Esparza trasladara a la mesa de contratación de la obra la recomendación del Gobierno de valorar nuevos informes técnicos de colegios profesionales vinculados con la infraestructura. Barcina ha respondido que “los controles siempre son buenos para evitar corrupción” y ha vuelto a subrayar que la mesa de contratación del Canal fue “impecable”.
La ex presidenta también ha señalado que no recuerda haber sabido que la empresa de la que era directivo Francisco Iribarren, exvicepresidente del Gobierno de Navarra con UPN, se hubiera presentado a esa licitación, de la que finalmente resultó adjudicataria.
“Yo nunca he preguntado y nunca he sabido qué empresas se presentaban a una licitación”, ha afirmado Barcina. Según ha explicado, no era su competencia y todos los consejeros tenían “una directriz clara”: el cumplimiento estricto de la ley.
Barcina ha defendido que nunca entró en quién se presentaba a las licitaciones y que tampoco le interesó. “Sí me ha interesado que ganase el mejor”, ha indicado ante la comisión.
Lecumberri ha querido puntualizar que la licitación de 158 millones del Canal acabó en manos de una empresa de la que hacía tres meses era directivo un exvicepresidente de Gobierno de UPN. El parlamentario socialista ha comparado esa reflexión con la afirmación de que María Chivite dio 75 millones a la empresa de Santos Cerdán, y ha considerado que ambas ideas serían “falsas”.