Un cargo del PSOE nombrado por Chivite cobra 100.000 € en Navarra por dirigir una empresa pública sin actividad
La polémica por la sociedad pública Nafarbide ha llegado este lunes al Parlamento de Navarra. La parlamentaria de UPN, Leticia San Martín, ha anunciado que su grupo defenderá en el pleno una moción para que, en el plazo de tres meses, se proceda a la disolución de la empresa, creada para gestionar el cobro de peajes a camiones y que, según denuncian, “durante meses no ha tenido ninguna actividad”.
San Martín ha subrayado que al frente de la sociedad se encuentra el socialista Federico Colmenar, un alto cargo nombrado por el Gobierno de María Chivite, que percibe “la friolera de 100.000 euros al año” como gerente. La parlamentaria regionalista ha defendido que la supresión de Nafarbide responde tanto a la oposición de su partido a los peajes en el transporte como a la necesidad de “evitar riesgos de desvío de contratación de obras a un ente instrumental, eludiendo los controles que sí existen en la Administración pública”.
La representante de UPN ha recordado que Nafarbide fue constituida en febrero de 2024 pese a contar con informes desfavorables del Interventor General y del Servicio de Patrimonio. “Nos parece temerario, teniendo en cuenta la situación actual de presuntos indicios de corrupción del caso Cerdán, también vinculados a la obra pública y que acechan a este Gobierno”, ha advertido San Martín.
El Gobierno de Navarra nombró a Federico Colmenar Carro director gerente de la sociedad en marzo de 2024. Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico, Colmenar es funcionario de carrera en el Gobierno de Cantabria desde 2021, y cuenta con experiencia en construcción, peritaje judicial y docencia universitaria en comunicación y liderazgo político.
Nafarbide, constituida jurídicamente como una sociedad limitada adscrita a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y dependiente del Departamento de Cohesión Territorial, fue creada con el objetivo de gestionar la conservación y el mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra. Según el acuerdo del Ejecutivo foral, debía financiarse mediante el cobro por uso a vehículos pesados en tramos de autovías como la A-1, A-10, A-15, A-68 y la N-121-A.
El consejo de administración de la sociedad lo componen, entre otros, Óscar Chivite Cornago como presidente, José Luis Arasti como vicepresidente y Pedro Andrés López Vera como consejero delegado. Sin embargo, según la oposición, el proyecto nunca llegó a arrancar y se mantiene como un ente sin actividad mientras su gerente cobra más de 100.000 euros anuales.