POLÍTICA

Chivite acatará el reparto de menas de Ceuta solo "por obligación legal" y exige no pagar la "insolidaridad" de otros

El senador navarro Javier Remírez se abraza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. @javierremirez / Twitter
El portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, supedita la acogida al estricto cumplimiento de la cuota normativa, fija el tope de los centros navarros y sitúa como "prioridad inicial" la repatriación de los menores a Marruecos.

Sin entusiasmo y por estricto imperativo legal. El Gobierno de Navarra ha dejado claro que la llegada de nuevos menores migrantes procedentes de la crisis fronteriza de Ceuta no responde a una postura de iniciativa propia, sino al mero acatamiento de la normativa nacional. El portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha confirmado que la Comunidad Foral será "solidaria", pero ha acotado de forma drástica ese compromiso a la cuota mínima que fije la ley y a la capacidad disponible en la red de centros autonómicos.

En una comparecencia marcada por la cautela, Remírez ha lanzado un dardo directo al resto de autonomías —incluidas las gobernadas por el propio PSOE— al advertir de que la Comunidad Foral no actuará como vía de escape ante el rechazo de otros territorios. "Lo que no va a permitir Navarra es que la ciudadanía navarra pague la insolidaridad de otras Comunidades Autónomas", ha aseverado el portavoz, marcando un claro límite a la capacidad de absorción del sistema navarro de acogida.

La repatriación como "prioridad inicial"

Lejos de enfatizar el discurso tradicional de la integración, la postura oficial del Gobierno de Chivite pasa en primer término por la devolución de los menores a su país de origen. Remírez ha revelado que la "prioridad inicial" con la que trabaja el Ministerio es la repatriación a Marruecos, siempre que lo permita el marco legal y exista receptividad por parte de las familias y del Estado emisor.

Solo en el caso de que la vía de la repatriación quede frustrada, Navarra asumirá el reparto fijado por Madrid. Con este posicionamiento, el Ejecutivo foral intenta hacer un equilibro político: acatar las órdenes de Moncloa para no romper la disciplina de partido, pero fijando un tope técnico y legal manifiesto para evitar que la red de asistencia foral se vea sobrepasada.