Chivite exigió euskera para atender a inmigrantes en un servicio pensado para extranjeros recién llegados
El Gobierno de Navarra incluyó entre los requisitos del Servicio de Información y Orientación Básica en materia de migraciones que el equipo de informadores contara con personal con conocimientos equivalentes al nivel B2 de euskera, todo un sinsentido cuando el objeto de este servicio es la atención a inmigrantes ilegales recién llegados.
El pliego de condiciones hablaba también de inglés, frances y árabe, y daba daba puntos extra por otros idiomas como rumano, búlgaro, ucraniano o ruso.
La exigencia llama la atención porque el servicio está dirigido a una realidad muy concreta: la atención inicial a personas migrantes en cuestiones de información, orientación y trámites básicos. El propio pliego explica que su objetivo es garantizar una atención adecuada durante el proceso inicial de acogida y en distintas etapas del proceso migratorio, mientras que la ficha oficial del servicio habla de primera acogida y ayuda en gestiones administrativas. Es complicado pensar que esos inmigrantes pudieran llegar a la ventanilla hablando euskera.
La contradicción es todavía mayor cuando se revisa cómo está organizado realmente el servicio. El documento señala que la Dirección General de Políticas Migratorias pone a disposición de la adjudicataria dos locales, uno en Pamplona y otro en Tudela, y asume además los gastos de electricidad, agua, telefonía fija e internet. No solo eso: el propio Gobierno de Navarra también proporciona un recurso de interpretación telefónica simultánea en varios idiomas.
Es decir, la Administración no solo financia el contrato principal, sino que además aporta las oficinas, los consumos básicos y un sistema específico de traducción simultánea para atender en distintos idiomas. Con ese esquema, resulta todavía más difícil justificar que se exija euskera como una condición lingüística relevante para un servicio dirigido a inmigrantes que acuden a resolver dudas sobre documentación, acogida, orientación o trámites básicos.
El debate no está en cuestionar el valor del euskera como lengua propia de Navarra, sino en la utilidad real de ese requisito dentro de este contrato concreto. Si el propio servicio dispone al margen de un sistema de interpretación telefónica simultánea en varios idiomas, y si además el perfil de las personas usuarias obliga a priorizar lenguas de comunicación internacional o más habituales entre la población migrante, la inclusión del euskera en ese nivel de exigencia parece más una decisión política que una necesidad funcional.
En este sentido, parece inevitable pensar en el pago a la cuota nacionalista de su gobierno y a la colonización del funcionariado y de los puestos de trabajo derivados de un servicio público en la que los partidos nacionalistas están inmersos desde hace años con la imposición del euskera en la Administración Pública.