Chivite manda cartas a inquilinos en Navarra para que pidan la prórroga de alquiler que aún no se ha aprobado

María Chivite ha abierto un nuevo frente en materia de vivienda con el envío de cartas a inquilinos de alquiler público para animarles a pedir la prórroga extraordinaria de sus contratos. Eso es, al menos, lo que ha denunciado UPN, que ha cargado con dureza contra una iniciativa que considera precipitada, confusa y políticamente interesada.

La crítica no se ha quedado en un matiz técnico. Para los regionalistas, el Gobierno foral ha entrado de lleno en un terreno delicado al trasladar a los arrendatarios un mensaje sobre una medida cuyo recorrido real sigue en el aire, ya que el Real Decreto Ley 8/2026 necesita todavía la convalidación del Congreso.

Según ha censurado UPN, el departamento que dirige la consejera Alfaro se ha apresurado a remitir escritos a los inquilinos que figuran en el registro para inducirles a exigir esa prórroga extraordinaria. El reproche apunta de forma directa al Ejecutivo de María Chivite, al que acusan de jugar con una expectativa que no está garantizada.

No se trata solo de una discusión jurídica. En un asunto tan sensible como el alquiler, la oposición sostiene que el Gobierno navarro ha optado por lanzar un mensaje político antes que ofrecer certezas, alimentando así la inseguridad entre familias que dependen de una vivienda pública.

UPN ha ido más allá y ha puesto en cuestión la maniobra del Ejecutivo al recordar que el decreto fue impulsado por Sumar dentro del Gobierno de Sánchez. A su juicio, vender ahora a los inquilinos una prórroga como si fuera un derecho plenamente asentado, cuando su validación parlamentaria resulta dudosa, es una forma de sembrar falsas expectativas.

La formación ha advertido de que la convalidación del decreto resulta “prácticamente imposible” por la oposición de buena parte de los partidos con representación en las Cortes Generales. Por eso, ha rechazado de plano que el Gobierno de Chivite haya decidido mover ficha antes de que exista una seguridad real sobre la continuidad de la medida.

Con ese telón de fondo, UPN ha anunciado que votará en contra de la convalidación. Los regionalistas consideran que el decreto no resuelve el problema del acceso a la vivienda, sino que añade más trabas al mercado del alquiler y deja más desprotegidos a los propietarios arrendadores.

Además, el partido ha aprovechado para señalar lo que considera una incoherencia política de primer nivel en Pamplona. Mientras se impulsa una prórroga extraordinaria para presentarse como defensor de los inquilinos, denuncian que en las viviendas municipales se mantiene un sistema que facilita el desahucio.

Según ha explicado UPN, al cobrarse una tasa en lugar de una renta de alquiler, el Ayuntamiento de Pamplona puede acudir a un procedimiento más sencillo que el que afrontan los propietarios privados. Y ahí sitúan otra de las contradicciones que atribuyen al bloque que sostiene a Chivite: un discurso protector hacia el inquilino que, cuando llega a la práctica, no se aplica igual en todos los casos.

La formación ha rematado su ataque asegurando que tanto el Gobierno de María Chivite como sus aliados vuelven a moverse entre propaganda e incoherencia mientras la demanda de vivienda protegida sigue creciendo. UPN ha advertido de que esa presión ya va camino de superar las 25.000 unidades familiares, una cifra que utiliza para sostener que Navarra necesita soluciones sólidas y no cartas enviadas a toda prisa.