Chivite rebaja las exigencias de la Ley de Transparencia tras incumplirla sistemáticamente en Navarra
María Chivite ha sacado adelante en el Parlamento de Navarra una modificación de la Ley Foral de Transparencia que, lejos de endurecer el control sobre la Administración, rebaja varias de las exigencias que debía cumplir el propio Gobierno de Navarra. La reforma se ha aprobado con el argumento de actualizar una norma vigente desde hace ocho años, pero la oposición ha denunciado que en realidad suaviza obligaciones en materias especialmente sensibles.
El cambio legal se ha presentado como una revisión técnica para corregir duplicidades, aclarar conceptos y adaptar algunos procedimientos. De hecho, la portavoz del PP de Navarra, Maribel García Malo, ha admitido que una revisión de la ley podía tener sentido tras ocho años de vigencia. Sin embargo, ha advertido de que una cosa es ordenar técnicamente el texto y otra muy distinta convertir esa reforma en una coartada política para rebajar la exigencia sobre un Gobierno que, a su juicio, “predica transparencia y practica la opacidad”.
La crítica más dura de UPN, defendida por Marta Álvarez, se ha centrado en que la nueva redacción evita concretar con claridad algunas obligaciones de publicidad activa. Según ha denunciado, el cambio más significativo afecta a la publicación de las listas de espera, ya que la reforma difumina qué listas concretas deben hacerse públicas. Para los regionalistas, esa indefinición beneficia al Ejecutivo porque reduce su nivel de compromiso legal en uno de los apartados que más incumplimientos ha acumulado en los últimos años.
Otro de los puntos cuestionados por la oposición ha sido la supresión de la obligación de remitir con carácter bimensual información sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El PP presentó una enmienda para mantener esa periodicidad al considerar que eliminarla supone mirar “menos y más tarde” y, por tanto, debilitar el seguimiento real de cómo responde la Administración a las peticiones de información de los ciudadanos. Esa tesis coincide con la de UPN, que también vio en ese cambio un retroceso de control.
La reforma también ha abierto debate sobre la agenda institucional de la presidenta y de los altos cargos. Aunque el PP no ha respaldado algunas enmiendas de UPN por considerar que podían ser excesivamente rígidas, sí ha compartido el fondo de la crítica: la ley aprobada no corrige de forma contundente los márgenes que permiten publicar la agenda a posteriori en lugar de hacerlo con antelación, lo que deja intacta una de las zonas grises más señaladas por la oposición.
También ha habido reparos sobre el tratamiento que se da a otros contenidos de transparencia económica y administrativa. Maribel García Malo ha defendido mantener en la ley la publicación del Plan de Disposición de Fondos, al considerar que eliminar esa referencia supone quitar información útil sobre cómo y cuándo se mueve el dinero público. A su juicio, retirar ese punto no simplifica la norma, sino que resta luz sobre la gestión económica.
En paralelo, la modificación mantiene el discurso oficial de que se refuerza el Consejo de Transparencia de Navarra, pero la oposición considera que ese mensaje choca con la realidad. El PP ha recordado que el órgano sigue sin plantilla propia y sin medios suficientes, mientras UPN ha denunciado que el Gobierno aprovecha la reforma para hablar de avance institucional sin resolver antes los incumplimientos ya existentes. La consecuencia, según ambos grupos, es que la ley sale adelante con una apariencia de mejora, pero con menos presión efectiva sobre el Ejecutivo.
La nueva norma también toca aspectos de la Administración Local, de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y del Registro de Grupos de Interés, dentro de una reforma más amplia que modifica varias leyes forales al mismo tiempo. Pero el corazón político del debate ha estado en otro sitio: en si Navarra necesitaba una ley más afinada o, por el contrario, un Gobierno dispuesto a cumplir de verdad la que ya tenía. Ahí es donde la oposición ha situado su voto en contra y donde ha querido dejar el mensaje principal de la jornada.