POLÍTICA

Bildu, el socio más fiel de Sánchez, mete a tres terroristas de ETA en las listas al Congreso y al Senado para el 29-N

El antiguo dirigente de Herri Batasuna fue condenado a un año y medio de prisión en el caso de las 'herriko tabernas', y Sonia Jacinto por el caso 'Betaragune'

EH Bildu ha incluido entre sus cabezas de lista al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a tres antiguos dirigentes de la izquierda abertzale que fueron condenados por delitos relacionados con ETA. La formación ha presentado sus candidaturas este viernes, 16 de octubre, con nombres que recuperan algunos de los principales procedimientos judiciales contra el entramado político de la organización terrorista.

Se trata de Floren Aoiz Monreal, que encabezará la candidatura al Senado por Navarra, y Sonia Jacinto García, situada en el primer puesto por Guipúzcoa. A estos antecedentes se suma el de Marije Fullaondo La Cruz, antigua dirigente de Batasuna y candidata al Congreso por Vizcaya en 2023, condenada también por integración en organización terrorista. Fullaondo va de número dos al Congreso en las listas por Vizcaya.

La candidatura de Aoiz resulta especialmente significativa por su condena en el procedimiento de las herriko tabernas, mientras que Jacinto fue juzgada por su participación en el denominado caso Bateragune. Ambos procesos investigaron distintas actividades políticas y organizativas que los tribunales relacionaron con ETA.

Floren Aoiz, condenado por pertenencia a organización terrorista

Floren Aoiz fue condenado en julio de 2014 por la Audiencia Nacional a un año y seis meses de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista. La sentencia se dictó en el procedimiento sobre la financiación de ETA mediante las denominadas herriko tabernas, una red de establecimientos vinculados a la izquierda abertzale.

El Tribunal Supremo confirmó su condena en junio de 2015. Los magistrados consideraron probado que estos locales desempeñaban funciones financieras y logísticas al servicio de organizaciones integradas en el entramado controlado por ETA.

El procedimiento terminó con veinte antiguos dirigentes de Batasuna condenados por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista. Entre ellos figuraban Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Joseba Álvarez, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro.

La trayectoria de Aoiz está también relacionada con la ponencia Oldartzen, aprobada por Herri Batasuna en 1995 y asociada históricamente a la estrategia conocida como la "socialización del sufrimiento". El entonces portavoz de la Mesa Nacional defendió públicamente las posiciones de la formación durante aquel periodo.

Aoiz protagonizó asimismo otro procedimiento judicial en 1997. El Tribunal Supremo condenó entonces a los 23 integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna a siete años de prisión por colaboración con ETA.

Los hechos se remontaban a la campaña electoral de 1996, cuando la dirección de HB acordó utilizar sus espacios gratuitos de propaganda electoral para difundir grabaciones de la banda. En ellas aparecían encapuchados de ETA con pistolas sobre una mesa que explicaban la denominada "Alternativa Democrática".

Las grabaciones fueron remitidas a medios públicos, aunque una resolución judicial impidió su emisión. La condena de 1997 fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional en 1999, al apreciar una vulneración del principio de proporcionalidad penal.

A diferencia de ese procedimiento, la condena de Aoiz en el caso de las herriko tabernas fue confirmada por el Tribunal Supremo. Ahora, EH Bildu lo ha situado como primer candidato al Senado por Navarra.

Sonia Jacinto, cabeza de lista por Guipúzcoa y condenada en el caso Bateragune

La segunda candidatura con antecedentes judiciales relacionados con ETA es la de Sonia Jacinto García, actual secretaria de Organización de EH Bildu. La coalición la ha elegido para encabezar su lista al Senado por Guipúzcoa.

Jacinto fue condenada en septiembre de 2011 por la Audiencia Nacional a ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista en el conocido como caso Bateragune, junto con Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez.

La sentencia consideró entonces que los acusados habían participado en un proyecto para reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna siguiendo las directrices de ETA. El tribunal sostuvo que formaban parte de un grupo encargado de reorganizar la izquierda abertzale bajo la influencia de la banda terrorista.

El Tribunal Supremo redujo posteriormente las penas y fijó para Jacinto una condena de seis años de prisión. La dirigente abertzale permaneció encarcelada y recuperó la libertad en octubre de 2015.

Sin embargo, el procedimiento tuvo un complejo recorrido judicial. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el juicio no había ofrecido las garantías de imparcialidad exigidas. En 2020, el Supremo anuló las condenas y posteriormente ordenó repetir el juicio.

La repetición quedó finalmente bloqueada por el Tribunal Constitucional, que mantuvo las condenas ya cumplidas. En octubre de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una nueva demanda de los afectados, sin modificar aquella situación. Por tanto, no resulta correcto afirmar sin matices que Jacinto conserva una condena firme equivalente a la de Aoiz, ni que el procedimiento terminó con una absolución.

Marije Fullaondo, condenada por integración en organización terrorista y candidata al Congreso por Vizcaya

EH Bildu también ha incluido en sus candidaturas para el 29 de noviembre a Marije Fullaondo La Cruz, otra antigua dirigente de la izquierda abertzale que fue condenada por delitos relacionados con ETA. Fullaondo ocupa el segundo puesto de la lista al Congreso por Vizcaya, inmediatamente después de Oskar Matute.

La dirigente abertzale, que ya fue diputada durante la anterior legislatura, formó parte de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna. Su trayectoria política también está vinculada a Sortu, formación integrada en EH Bildu.

Fullaondo fue detenida en diciembre de 2007 por orden del juez Baltasar Garzón, en el marco de la investigación sobre la continuidad de la actividad de Batasuna a través de otras organizaciones políticas.

En enero de 2016, aceptó una condena de dos años de prisión por integración en organización terrorista, mediante un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.

El procedimiento investigaba la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna a través del Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Los acusados aceptaron penas de entre un año y medio y dos años de prisión, sin que tuvieran que ingresar en la cárcel como consecuencia de aquel acuerdo.

Tras la resolución judicial, Fullaondo compareció públicamente junto a Pernando Barrena y otros dirigentes de la izquierda abertzale. Los representantes de Sortu defendieron la legitimidad de su actividad política y rechazaron la interpretación de la Fiscalía sobre su vinculación con ETA.

La condena no impidió que Fullaondo continuara su trayectoria política. En las elecciones generales de 2023 fue elegida diputada por Vizcaya y ahora EH Bildu la ha vuelto a incluir en un puesto destacado de su candidatura al Congreso.

La presencia de los tres dirigentes evidencia el peso que antiguos responsables de la izquierda abertzale mantienen en las candidaturas de EH Bildu. Aunque sus antecedentes penales corresponden a procedimientos diferentes, los tres nombres están relacionados con actuaciones judiciales dirigidas contra el entramado político y organizativo vinculado a ETA.