Sergio Sayas: "Chivite está repartiendo 111 millones de euros sin control mientras la inmigración ilegal sigue desbocada"

Sergio Sayas, secretario de Organización del Partido Popular en Navarra y diputado nacional por la Comunidad foral, entra de lleno en algunos de los debates más sensibles de la política navarra: la Renta Garantizada, la inmigración irregular, la seguridad, la sanidad, la educación, la vivienda y el futuro del sector primario. El dirigente popular defiende una reforma profunda de las ayudas sociales y acusa al Gobierno de María Chivite de haber convertido Navarra en una comunidad con más impuestos y peores servicios. “Si usted rechaza un empleo, pierde la renta”, resume Sayas sobre la propuesta que su partido ha llevado al Parlamento foral.

P.: El Partido Popular ha propuesto una ley para reformar la Renta Garantizada, dinero que se destina a ayudas a familiar sin recursos que se han puesto en duda en Navarra por el abuso. ¿Qué medidas concretas plantean para corregir lo que consideran un sistema de ayudas descontrolado?

R.: Nuestra propuesta tiene dos objetivos primordiales: acabar con el despilfarro y frenar el efecto llamada. Navarra no puede ser el paraíso de quienes pretenden vivir de las ayudas sin aportar nada. Por eso, nuestra ley exige cuatro años de residencia legal y efectiva para acceder a una renta. Queremos ayudar a quien realmente lo necesita, pero hay que poner fin a la cultura del subsidio sin contraprestación. Es inaudito que el 12,4 % de los extranjeros que reciben rentas en toda España lo hagan en Navarra, cuando solo representamos el 1,4 % de la población nacional. Ese desequilibrio solo se explica por un descontrol absoluto del que los navarros están hartos de pagar.

Hemos presentado una ley para controlar la Renta Garantizada; Chivite está repartiendo 111 millones de euros sin control, cuando el 76 % de los casos investigados por la Policía Foral presentan irregularidades. No sabemos si quienes perciben ese dinero viven aquí o tienen disposición de trabajar. Los navarros deben conocer esto y nosotros les ofrecemos una alternativa mediante una ley que obligará a todos los grupos a retratarse en el Parlamento.

Nuestra ley es muy clara: si usted rechaza un empleo, pierde la renta. Si no acude a la formación obligatoria o falta a una entrevista de trabajo, pierde la renta. Quien tiene una necesidad real desea trabajar y formarse. Lo que no podemos permitir es que el Gobierno funcione como un cajero automático para personas que solo buscan que les sellen un papel, mientras sectores estratégicos como la construcción, la agricultura o la hostelería no encuentran trabajadores porque a la gente no le compensa aceptar un empleo si ya percibe 1.200 euros del erario público. Llevamos esta ley al Parlamento para generar conciencia social, aunque conocemos la aritmética de la cámara.

P.: Este debate sobre las ayudas suele ir ligado al de la inmigración irregular y la gestión de los centros de menores. ¿Cómo valora la situación de inseguridad que denuncian algunas localidades navarras?

R.: Lo que vemos en muchas localidades de Navarra es un clamor social. Los ciudadanos sufren las consecuencias de una política de inmigración de puertas abiertas absolutamente descontrolada, promovida por Pedro Sánchez. Se está trasladando el mensaje de que España es un país sin ley donde puede entrar cualquiera, sin comprobar si tiene antecedentes penales o si viene con una voluntad real de integrarse laboralmente. Necesitamos inmigración, por supuesto, pero debe ser una inmigración controlada y ordenada. El caos actual, derivado de las políticas de una izquierda radicalizada, nos ha llevado a una situación límite en la que el Estado ya no tiene capacidad para acoger con garantías a la cantidad de menores que están llegando.

P.: En el ámbito sanitario, usted ha sido especialmente duro con el consejero Fernando Domínguez. ¿Cree que su cese sería suficiente para revertir el retroceso de Navarra en los rankings de salud?

R.: El nombramiento de Fernando Domínguez fue un error garrafal desde el principio. Él ya inició el declive de nuestra sanidad durante el Gobierno de Barkos y ahora, con Chivite, está terminando el trabajo. A su probada incompetencia le ha sumado ahora una soberbia intelectual que le impide dialogar con el sector. No ha presentado ni un solo dato positivo en toda su gestión.

Es curioso ver cómo María Chivite, cuando estaba en la oposición, clamaba contra las listas de espera de Domínguez. Pues bien, hoy esas listas han crecido en 19.000 personas y los tiempos de espera se han incrementado en un mes respecto a aquella etapa. A pesar de los escándalos tapados en anestesia, los problemas en traumatología y el caos en las urgencias rurales, el consejero sigue en su puesto. La única explicación es el empeño de Geroa Bai por mantener a su cuota de poder y el interés del PSOE por no romper la coalición. No es solo un problema de personas, es un modelo de gestión que ha hecho que ya no seamos líderes en empleo, que nuestras infraestructuras ferroviarias y aéreas den pena y que la sanidad esté bajo mínimos. No existe ni un solo parámetro que justifique hablar de una política de progreso en Navarra.

P.: La educación también parece ser un foco de inestabilidad, especialmente tras el conflicto por el cierre de aulas en la enseñanza concertada. ¿Cómo interpreta este choque entre los socios del Ejecutivo y la posición en la que queda el consejero Gimeno?

R.: La situación en Educación es la prueba definitiva de que el Gobierno de Navarra está roto. Existe un enfrentamiento nítido y profundo entre los grupos que conforman el Ejecutivo, y es evidente que el consejero Gimeno ha salido muy debilitado de esta crisis. Estamos ante una coalición que prioriza sus disputas internas sobre el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos, lo que genera una inestabilidad que Navarra no se puede permitir.

P.: Define al actual Ejecutivo navarro como una "UTE de poder" en lugar de un gobierno de coalición cohesionado. Ante las evidentes discrepancias en materia educativa, ¿considera que estas fricciones son un síntoma de agotamiento o simplemente una puesta en escena para mantener el control institucional a pesar de sus diferencias?

R.: Este gobierno no es otra cosa que una "UTE de poder"; sus integrantes no se soportan, pero están condenados a entenderse. Lo que une a esta gente no es un proyecto político para Navarra, sino la necesidad imperiosa de conservar el poder a cualquier precio. La reunión que han mantenido no ha sido más que un nuevo "paripé". El verdadero drama es que somos los navarros quienes pagamos las consecuencias: soportamos más impuestos que nunca mientras recibimos la peor gestión pública de nuestra historia.

En Educación, por ejemplo, el consejero Gimeno vaticinó que, de aprobarse la ley que el Partido Popular ha apoyado, se generaría un caos absoluto que obligaría a repetir todas las inscripciones. La realidad es que nada de eso ha sucedido; lo que genera el caos es el propio Gobierno. El Partido Popular ha respaldado esta ley porque siempre hemos defendido la libertad educativa frente a un modelo de imposición de la izquierda, donde todo lo que no sea estrictamente público resulta rechazable. Nosotros creemos firmemente en la libertad de que cada ciudadano elija el centro que considere mejor para sus hijos.

P.: En relación con el modelo educativo, usted ha sido muy vocal respecto al uso del euskera en las aulas. ¿Dónde sitúa exactamente la línea divisoria entre el fomento de la lengua y lo que usted denomina "adoctrinamiento nacionalista"?

R.: El nacionalismo nunca ha entendido el euskera como la defensa de una lengua, sino como un arma de construcción nacional; esa es la razón por la que lo imponen y utilizan la educación para adoctrinar. El problema nunca ha sido el euskera en sí, sino lo que se enseña a través de él. Recuerdo perfectamente haber visitado colegios de modelo D y observar materiales didácticos que, obviamente, no estaban reglados, como mapas de "Euskal Herria" presidiendo las aulas. Eso no es enseñanza de una lengua; es una estrategia para que los niños, desde los 3 años, asuman que la realidad institucional de Navarra no es la de una comunidad foral y diferenciada, sino la de una entelequia que ellos aspiran a construir. Si alguien interioriza ese mensaje desde la infancia, es extremadamente difícil que a los 20 años comprenda la verdadera realidad institucional de su tierra.

El objetivo del nacionalismo no es la lengua, es el adoctrinamiento. Yo no tengo inconveniente con el derecho de cualquier persona a aprender la lengua que desee; mi conflicto es con quienes pretenden que las lenguas tengan "clientes obligatorios". Las lenguas pertenecen a los hablantes, y son ellos quienes deben decidir. El nacionalismo pervierte esto a través de las ofertas públicas de empleo, obligando al conocimiento del euskera incluso en puestos donde jamás se utilizará, y mediante la imposición de un modelo educativo que prioriza la ideología sobre la excelencia académica.

P.: Desde su posición como portavoz de Vivienda en el Congreso, usted ha denunciado que las políticas actuales son un fracaso. En el caso específico de Navarra, ¿qué diagnóstico hace de este "drama social" y qué impacto real está teniendo el intervencionismo en el mercado del alquiler?

R.: Estamos ante un drama social sin precedentes. Este gobierno, que se autodenomina "de progreso" pero que ha ejecutado la mayor regresión histórica de Navarra, criticaba la oferta de vivienda protegida de años anteriores, cuando se llegaba a cubrir el 95 % de la demanda. Hoy, sin embargo, tenemos en Navarra cerca de 20.000 solicitantes de vivienda protegida, mientras el Gobierno de Chivite apenas construye una media de 600 viviendas anuales. A este ritmo, necesitaríamos más de medio siglo solo para satisfacer la demanda actual.

A esta parálisis constructora hay que sumar el fracaso de las zonas tensionadas y el intervencionismo sectario. Navarra es, proporcionalmente, la comunidad donde más oferta de alquiler se ha retirado del mercado. Al día siguiente de aprobarse la ley en el Parlamento foral, Navarra lideró en términos netos —ni siquiera porcentuales— la venta de vivienda en toda España. La lectura es clara: el propietario ya no quiere alquilar. Quien no puede vender, mantiene el piso cerrado porque no percibe rentabilidad ni seguridad jurídica. Si un propietario teme el impago, si además de no cobrar debe seguir pagando impuestos como si percibiera la renta, y si el Gobierno le impone cuánto debe cobrar, nadie sacará su vivienda al alquiler. La combinación de falta de construcción e intervencionismo está creando un problema inabordable.

P.: Ante este escenario de parálisis, ¿cuáles son las medidas prácticas e inmediatas que el Partido Popular propone para desbloquear el acceso a la vivienda?

R.: Nuestra propuesta se articula en varios ejes fundamentales. Primero: eliminar el intervencionismo de la Ley de Vivienda para incentivar la oferta y recuperar la seguridad jurídica. Segundo: reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en Navarra debería situarse, como mucho, en el 4 %. Tercero: eliminar la tributación sobre las donaciones familiares de primer y segundo grado destinadas a la compra de vivienda. No podemos gravar el esfuerzo de padres y abuelos que intentan ayudar a sus hijos en un momento de crisis habitacional; esas aportaciones deben tener una tributación cero. Cuarto: el Estado debe avalar con dinero público el acceso a la vivienda para los menores de 40 años. Y, por último, lo ineludible: construir. Tenemos un problema de oferta, no de demanda; necesitamos generar stock de vivienda de manera urgente.

P.: El sector primario navarro se siente abandonado y asfixiado por las dificultades burocráticas y la falta de infraestructuras. ¿Cuál es la demanda prioritaria que el campo traslada a la política y cómo valora la gestión del Gobierno de Chivite respecto a recursos vitales como el agua?

R.: Para el sector primario es una obviedad: lo primero que se reclama es la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. Nuestra comunidad es una tierra agrícola donde el verdadero "oro" es nuestro campo, sin ninguna duda. Sin embargo, el Gobierno de Chivite lleva años paralizando esta obra vital. Es incomprensible que, siendo la agricultura y la ganadería pilares de nuestra identidad y economía, se mantenga este bloqueo a una infraestructura que garantiza el futuro del sector…

P.: ¿En qué medida el retraso de la segunda fase del Canal de Navarra compromete el liderazgo agroalimentario de nuestra comunidad?

R.: Efectivamente, para esta comunidad la agricultura es un sector absolutamente prioritario. Estamos hablando de que el campo es el auténtico oro de Navarra, y sin embargo, ha sido objeto de una política completamente olvidada y maltratada por el Gobierno de la señora Chivite. Lo hemos visto de manera flagrante con el Canal de Navarra. Durante años, la ejecución de la segunda fase se ha postergado deliberadamente por un mero interés de los socios de gobierno; ni Geroa Bai ni Bildu han creído jamás en el Canal. Esto nos ha conducido a un escenario de engaños, con falsas fechas de licitaciones que nunca se materializan y una obra que nunca llega a verse. La segunda fase es vital, porque Navarra es pionera en España en materia de industria agroalimentaria. En la Ribera, la agricultura es el motor indiscutible del empleo, y actualmente está siendo descuidada de forma irresponsable por las instituciones.