Esparza, sobre el posible adelanto electoral que ha valorado Chivite en Navarra: "Se ha asustado"
El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha elevado la presión política sobre la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, después de conocerse que el Ejecutivo encargó un informe jurídico para conocer hasta cuándo podía convocar unas elecciones anticipadas en Navarra.
Esparza ha sostenido que la presidenta “ha estudiado adelantar las elecciones” y que finalmente no ha dado el paso porque, según ha afirmado, “le ha asustado el resultado electoral que puede tener”. Sus palabras han llegado en plena tensión entre los socios del Gobierno foral tras la votación sobre las aulas de la red concertada.
El dirigente regionalista ha interpretado el encargo del informe como una muestra del “nerviosismo del PSN” y ha acusado al Ejecutivo de estar en una estrategia “partidista” en lugar de centrarse en los problemas de los ciudadanos. “No tiene ningún sentido hacer este informe si no estás valorando de una forma real y clara un adelanto electoral”, ha señalado.
Según Esparza, Chivite no ha convocado elecciones porque “no le conviene” y porque sabe, ha dicho, que el Partido Socialista perdería apoyos, votos y parlamentarios. En su opinión, el PSN dejaría de ser la segunda fuerza política en Navarra y pasaría a ocupar la tercera posición, por detrás de EH Bildu.
El portavoz de UPN ha comparado la actitud de Chivite con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que ambos han optado por “aguantar hasta el final y luego ya veremos qué es lo que ocurre”. La acusación ha situado el debate electoral en el centro de una crisis política que se ha abierto tras las discrepancias entre los socios del Ejecutivo foral.
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha respondido que resulta “jugoso” que la publicación del informe haya coincidido casi en el tiempo con la división entre los socios de Gobierno por el cierre de aulas en la red concertada. Sin embargo, ha querido aclarar que la solicitud del informe jurídico no nació de esa crisis reciente.
Unzu ha explicado que el Gobierno pidió el informe después de que un medio de comunicación publicara una información sobre el plazo para convocar elecciones anticipadas. Según ha indicado, esa publicación generó “dudas jurídicas” y el Ejecutivo decidió consultar hasta cuándo podía realizarse una eventual convocatoria electoral. “La solicitud de este informe fue a principios de abril”, ha asegurado.
Desde Geroa Bai, su portavoz, Pablo Azcona, ha afirmado que conocían la existencia de un debate sobre la posibilidad de adelantar elecciones, aunque ha señalado que era una cuestión que ya habían oído con anterioridad y “no al calor de estos días”. Azcona ha indicado que no saben cuándo se pidió el informe.
El representante de Geroa Bai ha enmarcado la situación en un “momento difícil”, pero ha subrayado que su formación se centró en buscar un acuerdo y en defender que no se cerraran aulas en el sistema educativo navarro. Su posición ha evitado dar más peso al informe y ha puesto el foco en la negociación educativa.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha reconocido que su grupo tenía conocimiento de que el informe se había encargado, aunque ha precisado que no fue solicitado por su formación. A su juicio, se trata de un documento encargado en el ámbito político de una decisión concreta de una formación política.
Guzmán ha admitido que durante las últimas semanas y los últimos días se ha vivido una “evidente crisis política” y que “todos los escenarios estaban sobre la mesa”. No obstante, ha restado importancia al informe concreto y ha defendido que cualquier decisión institucional debe adoptarse con toda la información disponible.
El portavoz de Contigo-Zurekin ha añadido que el escenario de un adelanto electoral no se contempló en ninguna discusión ni conversación con los socios, aunque tampoco se dejó de contemplar. Su grupo, ha explicado, centró sus esfuerzos en intentar cumplir íntegramente el acuerdo político-programático.
En concreto, Guzmán ha señalado que ese cumplimiento pasaba por no permitir la aprobación de la proposición de ley de UPN y por ratificar el acuerdo alcanzado entre las tres formaciones políticas. Ese acuerdo, según ha indicado, suponía la eliminación de catorce unidades en la red privada concertada que consideraban innecesarias para el sistema educativo navarro.