Exigen el cese del jefe de Prisiones por su presunta implicación en el caso Cerdán: "No hay casualidades"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido este sábado en Ibiza el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por su supuesta connivencia con la trama relacionada con Santos Cerdán.
Durante su intervención en la Conferencia Política del PP de Ibiza, celebrada en el Hotel Torre del Mar y junto a la presidenta regional y del PP de Baleares, Marga Prohens, Gamarra ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia de Ortiz en la comisión de investigación del Senado para que dé explicaciones sobre su papel en la aplicación del acuerdo entre el PSOE y EH Bildu, relacionado con los acercamientos de presos de ETA y la concesión de terceros grados.
"No hay casualidades", ha afirmado Gamarra, quien ha denunciado que Instituciones Penitenciarias alertó a Santos Cerdán de que estaba siendo investigado, a pesar de que la Guardia Civil había solicitado máxima discreción. “El secretario general convirtió la discreción en máxima difusión”, ha señalado.
La dirigente del PP ha advertido de que la trama “no forma parte del pasado”, ya que continúa activa en la actualidad. Ha señalado como “máximos exponentes” de dicha red a los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos imputados, y uno de ellos, ha recordado, en prisión.
Gamarra ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en riesgo la seguridad nacional al "anteponer sus intereses particulares y los de sus aliados". En este sentido, ha alertado sobre el contrato del Ministerio del Interior con la empresa tecnológica Huawei, al considerar que "nos convierte en un país poco fiable para nuestros aliados".
En su intervención, la vicesecretaria popular también ha defendido que el nuevo sistema de financiación autonómica se acuerde “entre todos y sin privilegios”. Ha criticado lo que ha denominado un “cupo separatista” que, a su juicio, “pone en peligro los servicios públicos a los que tienen derecho todos los españoles, vivan donde vivan”.