Crisis entre los socios de Chivite por los sobrecostes del túnel de Belate: Geroa y Contigo exigen responsabilidades
El informe del interventor general sobre los sobrecostes del túnel de Belate ha provocado la primera fractura seria en el Gobierno de María Chivite. Geroa Bai y Contigo Zurekin han exigido responsabilidades políticas y han pedido activar la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno.
La preocupación entre los socios quedó patente desde primera hora. Geroa Bai expresó su inquietud ante la “severidad” del reparo emitido por la Intervención, un documento que considera de “suficiente gravedad y entidad” como para ser analizado con “el máximo detenimiento y rigor”. La coalición advirtió de que no aceptará “ningún trámite que no pase por reconocer en su totalidad lo señalado por la Intervención General” y reclamó depurar responsabilidades políticas.
La formación centró gran parte de su crítica en la distancia entre las explicaciones ofrecidas por el departamento de Cohesión Territorial y lo que recoge el informe oficial. Señaló que las causas alegadas por el departamento “no se corresponden” con las expuestas por la Intervención ni están avaladas por la Delegación del Gobierno ni por la sección de Minas. Según defendieron, estas discrepancias “incrementan las dudas sobre la adecuada justificación del modificado y sus sobrecostes”.
Geroa Bai aseguró que actuará con “máxima cautela” y bajo el criterio de los servicios jurídicos y los órganos de control, con el objetivo de garantizar que cualquier decisión respete la legalidad y el interés general. Además, solicitó la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, subrayando la “relevancia institucional y económica” del expediente.
En una línea similar, Contigo Zurekin consideró el informe de la Intervención como una cuestión de “enorme gravedad”. La coalición sostiene que el documento confirma que la modificación del proyecto “no está justificada” y cuestiona las causas de imprevisibilidad que se habían utilizado para avalar los 8,5 millones de sobrecostes. La formación mostró su sorpresa porque la información recibida ahora difiere de la facilitada por Cohesión Territorial antes del verano, cuando se asumió el incremento de coste con una justificación que, según señalan, “hoy ha sido cuestionada por la Intervención General”.
Para Contigo Zurekin, esta situación ha generado “una ostensible merma” de su confianza en el departamento. La coalición defendió que un Gobierno “no puede aceptar unos sobrecostes que debería asumir la constructora”, ya que eso “no es cuidar el dinero público ni defender los intereses de la ciudadanía”. Por ello, pidió actuar con “la máxima contundencia” y llamó a PSN y Geroa Bai a reunirse “con premura” en la comisión de seguimiento para “tomar decisiones rápidas y firmes”.
El origen de la crisis está en el informe del interventor general, que concluye que la modificación del proyecto no responde a circunstancias “sobrevenidas e imprevisibles” para una empresa diligente, sino que obedece a razones de conveniencia u oportunidad. El documento también niega que los cambios se deban a requerimientos de la Delegación del Gobierno o de la sección de Minas, tal y como había defendido en julio el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.
Tras el reparo suspensivo, Obras Públicas tenía dos opciones: presentar un informe de discrepancia y elevarlo al Gobierno foral o aceptar el reparo y rehacer el modificado. La dirección general ha optado por acatar el reparo.