Intervención detecta un pago de 60.290 euros sin fiscalización previa en un centro de menas del Gobierno de Chivite
La Intervención Delegada en Derechos Sociales ha detectado graves irregularidades administrativas en la contratación de servicios para centros de menores migrantes no acompañados (MENAS), según pone de manifiesto un informe interno remitido por esta al Gobierno de Navarra.
El documento, fechado el 3 de marzo de 2026 y remitido al Gobierno de Navarra, detalla cómo la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas abonó 60.290,55 euros a la Asociación Educativa Berriztu por la atención prestada durante el mes de enero de 2026 en el proyecto Garapen, a pesar de que el contrato formal había finalizado el 31 de diciembre de 2025 y sin haber tramitado un nuevo expediente de contratación ni realizado la fiscalización previa preceptiva.
El contrato original fue adjudicado en julio de 2024 mediante procedimiento negociado a la entidad Berriztu para la atención de ocho menores, ampliándose posteriormente a nueve plazas. Una vez finalizado el plazo el 31 de diciembre de 2025, la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia consideró “imprescindible” continuar el servicio y propuso abonar el importe en concepto de enriquecimiento injusto.
La Intervención Delegada no fiscalizó favorablemente el gasto y, en aplicación del artículo 103 de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra, remitió el expediente al Gobierno de Navarra para su resolución excepcional. El Ejecutivo aprobó el pago el 11 de marzo de 2026 mediante acuerdo de Gobierno por un importe global de 869.294 euros que incluía este expediente, y la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés Román, formalizó la resolución el 16 de marzo de 2026. El abono se cargó a la partida “Asistencias a menores” del presupuesto de 2026.
El informe recuerda que la doctrina del enriquecimiento injusto, recogida en jurisprudencia del Tribunal Supremo de 1966, permite regularizar pagos cuando se ha prestado un servicio sin contrato formal siempre que se acredite el enriquecimiento de la Administración, el empobrecimiento del proveedor, la ausencia de causa y la buena fe. No obstante, la Intervención subraya expresamente que la resolución favorable “no eximirá de la exigencia de responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar”, al haberse omitido los trámites de contratación pública y la fiscalización previa.
Este nuevo caso de irregularidades en la contratación son dos muescas más en la gestión del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, cuya gestión depende de Carmen Maeztu. Bajo su dirección se han sucedido el mordisco de una rata a un discapacitado en el centro público San José, el abuso sufrido por un menor tutelado en un centro de Mutilva, la reciente agresión sexual a otra menor tutelada en Tudela y las presuntas irregularidades que han permitido a inmigrantes ilegales cobrar la renta garantizada, con fraude detectado por la Cámara de Comptos.
A esta lista se suma ahora el documento que confirma que el servicio en el proyecto Garapen se prestó efectivamente durante enero de 2026 y que el pago ya se ha realizado, pero también deja constancia formal de la omisión de los controles legales previstos en la Ley Foral de Contratos Públicos y en la normativa de hacienda pública.