Tras el mitin de Chivite en la cumbre progresista: su política "anti lobbies” agrava el acceso a la vivienda en Navarra
María Chivite volvió a situar la vivienda en Navarra en el centro del debate con un discurso cargado de épica política y de mensajes contra los “lobbies”, los portales inmobiliarios y los fondos de inversión. En la Cumbre Internacional Progresista de Barcelona, la presidenta foral defendió su receta: más vivienda pública, control de precios, declaración de zonas tensionadas, una bolsa pública con aval del Gobierno y un fondo mixto público-privado. Sobre el papel, la fórmula suena ambiciosa. En la práctica, los datos que maneja su propio Ejecutivo dibujan un escenario mucho menos triunfalista.
La gran promesa de las llamadas “políticas valientes” choca con un problema que no deja de agravarse: cada vez hay menos pisos disponibles para alquiler habitual. El mensaje político insiste en presentar la intervención como una solución frente a los excesos del mercado, pero el resultado que ya se aprecia en Navarra apunta justamente al efecto contrario. Menos oferta, más tensión y mayores dificultades para acceder a una vivienda.
Los datos que recoge el propio relato son especialmente duros en Pamplona, la zona más tensionada del mercado navarro. Allí, la oferta de alquiler permanente se habría desplomado un 26%, un descenso que se presenta como el más acusado de España entre las áreas declaradas tensionadas. Además, los contratos de alquiler habitual también habrían bajado con claridad en el cuarto trimestre de 2025: de 513 a 424 en la capital navarra, un 17% menos, y de 876 a 744 en el conjunto de la comunidad, un 15% de caída.
Ese retroceso de la oferta de alquiler es el principal argumento contra el modelo que defiende el Gobierno de María Chivite. El planteamiento es claro: cuando se imponen topes, prórrogas forzosas y un mayor intervencionismo, muchos propietarios dejan de poner sus viviendas en el mercado tradicional. Algunos optan por vender, otros prefieren el alquiler de temporada y otros, directamente, esperan. El efecto, por tanto, no sería una mejora real del acceso, sino una reducción de oportunidades para quien busca una vivienda habitual.
En ese contexto, la bajada media del 8,6% en los precios de las zonas tensionadas que el Ejecutivo presenta como una victoria aparece, en este análisis, como un éxito engañoso. El descenso no se interpretaría como una señal de normalización del mercado, sino como la consecuencia de haber expulsado pisos del alquiler estable. En otras palabras, se rebaja el precio medio al mismo tiempo que desaparecen opciones reales para los demandantes.
La situación resulta todavía más llamativa si se compara con la realidad cotidiana de quienes buscan piso en Pamplona. Aunque se hable de corrección de precios, el mercado sigue ofreciendo anuncios que rozan los 1.400 euros mensuales. Y al mismo tiempo, el volumen total de contratos firmados en 2025 se habría quedado en 4.293, muy por debajo de los 5.516 registrados en 2023. Es decir, el mercado no se habría vuelto más accesible, sino más pequeño y más difícil.
La presidenta navarra también utilizó como argumento político la desaparición de miles de viviendas protegidas construidas en los años noventa que acabaron descalificadas y pasaron al mercado privado. Es una crítica con base histórica, pero que abre otra pregunta incómoda: qué ha hecho su Gobierno en estos años para revertir esa pérdida estructural de parque asequible. La respuesta, según los datos expuestos en el texto, no invita precisamente al optimismo.
En 2025 se iniciaron algo más de medio millar de VPO en Navarra, una cifra que el Ejecutivo presenta como récord reciente. Sin embargo, el propio volumen de demanda cuestiona cualquier lectura triunfalista. La lista de espera de Nasuvinsa alcanza las 24.874 familias, por lo que el desfase entre la necesidad real y la capacidad de respuesta pública sigue siendo enorme. En ese marco, la promesa de construir 20.000 viviendas en la próxima legislatura suena más a horizonte político que a compromiso creíble.
A eso se suma otro dato que refuerza la crítica al modelo: del total de 2.378 viviendas iniciadas en 2025, la gran mayoría fueron libres. El sistema público que el Gobierno reivindica como eje central de su política de vivienda sigue teniendo un peso reducido frente a la construcción privada. La paradoja es evidente: se eleva el discurso contra el mercado mientras se mantiene una capacidad pública insuficiente para sustituirlo o compensarlo.
La gestión política de esta crisis también ha dejado episodios que dañan la credibilidad del Ejecutivo. La consejera Begoña Alfaro llegó a cuestionar públicamente algunos datos sobre la caída de la oferta, restándoles rigor o sugiriendo una lectura interesada. Pero posteriormente el propio Observatorio de Vivienda de Navarra terminó reflejando una evolución en la misma línea. Esa secuencia alimenta la sensación de que el Gobierno primero niega el problema, luego lo reconoce a medias y finalmente insiste en presentar su estrategia como un éxito.
En el fondo, el debate sobre la vivienda no es solo técnico, sino ideológico. El Gobierno de Chivite plantea el acceso a la vivienda como un derecho que debe protegerse limitando el papel del propietario privado y corrigiendo el mercado desde la intervención pública. Sus críticos sostienen justo lo contrario: que sin seguridad jurídica, sin incentivos y sin agilidad administrativa, la oferta se retrae y el problema empeora. Navarra, según esta tesis, se habría convertido en un ejemplo claro de esa contradicción.
La consecuencia final sería especialmente grave para quienes más necesitan una solución. Jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias se encuentran con un mercado más cerrado, más competitivo y más frustrante. El discurso oficial habla de proteger el derecho constitucional a la vivienda, pero la realidad que describe este análisis es otra: menos pisos disponibles, menos construcción efectiva y más dificultad para emanciparse o encontrar una alternativa razonable en alquiler.
La gran cuestión es si el Ejecutivo foral corregirá el rumbo o seguirá insistiendo en una estrategia que, según esta lectura, no ha atacado el verdadero origen del problema: la falta de oferta. Porque la vivienda no se abarata solo con anuncios políticos, declaraciones solemnes o intervenciones en cumbres ideológicas. También exige construir más, reducir bloqueos administrativos y generar un marco que anime a poner vivienda en el mercado. Mientras eso no ocurra, Navarra seguirá atrapada en una política que promete aliviar la crisis, pero que corre el riesgo de agravarla.