Las preguntas que tendrá que responder Entrecanales ante el juez tras los negocios con la empresa de Cerdán
José Manuel Entrecanales tendrá que dar explicaciones ante un juez en Pamplona por una ausencia que ya no se ha quedado solo en el plano político. El presidente de Acciona ha sido llamado a comparecer el próximo 4 de septiembre después de no acudir en dos ocasiones a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas.
El foco judicial se ha colocado ahora en una pregunta concreta: por qué Entrecanales no acudió personalmente a la llamada de la Cámara foral. Pero detrás de esa cuestión aparecen otras preguntas que conectan directamente con los negocios de Acciona con Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán y Antxon Alonso que ha sido señalada por la UCO de la Guardia Civil en la presunta trama de mordidas en la adjudicación de obra pública.
La comisión de investigación del Parlamento de Navarra quería que el presidente de Acciona explicara los contratos suscritos con Servinabar. Entre ellos, la adjudicación de los túneles de Velate, uno de los proyectos que ha quedado bajo la lupa política por la relación entre la constructora y la empresa navarra.
La primera pregunta que deberá afrontar Entrecanales ante el juez será por qué no acudió a la comisión pese a haber sido citado dos veces. El Parlamento le requirió para comparecer los días 20 de enero y 9 de febrero, pero el presidente de Acciona no se presentó en ninguna de las dos fechas en la sede del Legislativo navarro.
La segunda cuestión será si conocía que la citación tenía carácter personal. Acciona envió en su lugar a dos representantes de la compañía: Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, y el también directivo José Julio Figueroa. Ambos dejaron constancia de su asistencia en el registro de la Cámara, pero esa presencia no ha evitado que el caso haya terminado en el juzgado.
La Fiscalía considera que esa sustitución no bastaba. Según el Ministerio Fiscal, Entrecanales había sido advertido expresamente por el Parlamento de que ni el escrito presentado por la compañía ni la presencia de dos directivos podían suplir su comparecencia personal. Por eso, la incomparecencia ha derivado en diligencias por un posible delito de desobediencia.
Otra de las preguntas clave será quién tomó la decisión de no acudir. El juez podrá tratar de aclarar si la ausencia fue una decisión personal de Entrecanales, una estrategia jurídica de Acciona o una postura corporativa adoptada tras valorar el alcance de la comisión de investigación.
También tendrá que explicar por qué Acciona sostuvo que el requerimiento podía no ajustarse al marco normativo de las comisiones de investigación. La compañía remitió un escrito al Parlamento en el que apuntaba que la citación de su presidente podía afectar a derechos fundamentales y no guardar relación directa con el objeto material de la investigación.
Ese argumento será uno de los puntos centrales de la declaración. Entrecanales podrá defender que existían dudas jurídicas sobre la obligación de acudir, pero el Parlamento y la Fiscalía han sostenido la tesis contraria: que la comisión podía requerir su presencia y que la citación personal no podía ser reemplazada por otros directivos.
La investigación judicial, por tanto, no se centrará solo en si Acciona envió representantes. La cuestión de fondo será si el presidente de Acciona fue requerido en forma legal, si recibió el apercibimiento correspondiente y si, pese a ello, decidió no comparecer ante una comisión de investigación de una Asamblea legislativa autonómica.
El marco legal es relevante porque el Código Penal castiga como delito de desobediencia a quienes, habiendo sido requeridos legalmente y bajo apercibimiento, dejan de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma. En el caso de Navarra, el Reglamento del Parlamento permite a estas comisiones requerir la presencia de cualquier persona para ser oída.
A partir de ahí, el juez deberá valorar si la citación cursada a Entrecanales cumplía todos los requisitos y si las razones alegadas por Acciona justificaban su ausencia. La defensa podrá insistir en que la comparecencia afectaba a derechos fundamentales o excedía el objeto de la comisión, mientras que la Fiscalía ha situado el caso en el terreno de la desobediencia por la negativa a acudir.
Las preguntas sobre Servinabar estarán también en el trasfondo del caso. La comisión quería conocer qué relación contractual mantuvo Acciona con la empresa vinculada a Santos Cerdán y Antxon Alonso, qué papel tuvo Servinabar en las obras adjudicadas, qué contratos se firmaron entre ambas sociedades y qué explicación daba la compañía sobre esas relaciones mercantiles.
Entre esas cuestiones aparece la adjudicación de los túneles de Velate, una de las obras más relevantes analizadas en el debate político navarro. La Cámara pretendía que Entrecanales aclarara por qué Acciona contrató con Servinabar, qué trabajos realizó esta empresa y qué conocimiento tenía la cúpula de la constructora sobre esos acuerdos.
La declaración judicial del 4 de septiembre no será una comparecencia parlamentaria aplazada. Será una declaración ante el juzgado por la inasistencia a la comisión. Sin embargo, el motivo por el que el Parlamento reclamó su presencia sigue pesando sobre el procedimiento: los negocios de Acciona con Servinabar y las adjudicaciones públicas investigadas políticamente en Navarra.
Entrecanales se enfrenta así a una cita incómoda. Tendrá que explicar no solo por qué no acudió al Parlamento de Navarra, sino también por qué consideró que no debía responder personalmente a las preguntas sobre los contratos de Acciona con la empresa relacionada con Santos Cerdán y Antxon Alonso.