UPN reclama que el Estado asuma la financiación de la nueva estación de tren de Pamplona
La senadora de UPN, María Caballero, ha anunciado que preguntará en la próxima sesión de control del Senado por el proyecto y la financiación de la nueva estación de tren de Pamplona prevista en el barrio de Echavacoiz.
Los regionalistas sostienen que el Estado debe asumir el coste “al tratarse de un proyecto de interés general”, igual que —afirman— ha ocurrido en otras infraestructuras ferroviarias del país.
Caballero trasladará su pregunta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que ADIF publicara el 7 de noviembre la licitación para redactar los proyectos del tramo Campanas–Nueva Estación de Pamplona. Son 13,2 kilómetros incluidos en el trazado de la conexión de alta velocidad Castejón–Campanas, y coinciden con una iniciativa que el Congreso aprobó el 12 de noviembre a propuesta de UPN.
La senadora ha lamentado que, tras “veinte años” de avances en otros territorios, Navarra siga “languideciendo” con solo 60 kilómetros del Corredor Navarro de Alta Velocidad en ejecución. Ha recordado que el proyecto completo, de 250 kilómetros entre Zaragoza, Pamplona y su conexión con la Y Vasca, fue aprobado en 1994 y figura en la Red Transeuropea, que fija su finalización antes de 2030.
Caballero considera que la nueva licitación “es un paso”, pero teme que “esos trenes vayan a llegar a ninguna parte”, ya que el Ministerio prevé otro proyecto posterior para definir la arquitectura, instalaciones y urbanización del entorno de la nueva estación.
También ha criticado el estado de la estación actual de Pamplona, ubicada en San Jorge, que ha descrito como “poco más que un apeadero” con “instalaciones infames” y un nivel de incomodidad “inaceptable”. Por ello, ha reclamado que el Ministerio “acometA de inmediato” tanto el proyecto como la construcción de la estación de Echavacoiz.
Además, interpelará al ministro Puente sobre la financiación del conjunto de la obra. Según ha defendido, los edificios, accesos, aparcamientos y toda la urbanización necesaria “deberían correr a cargo del Estado, a través de ADIF”, siguiendo el criterio aplicado —asegura— en el resto de España.