Drama en los hospitales de Navarra: más de 50 vigilantes de seguridad se quedan sin cobrar la nómina por la quiebra de su empresa
Situación de máxima tensión e incertidumbre en los servicios esenciales de la Comunidad foral. Más de 50 profesionales de la seguridad privada encargados de la vigilancia de los principales hospitales y centros de salud de Navarra se han quedado sin percibir sus nóminas correspondientes al mes de junio, una situación que afecta de forma directa a decenas de familias en la región al inicio de la temporada estival.
Los trabajadores afectados pertenecen a la plantilla de la empresa Security Services Kuo, compañía que actualmente se encuentra en situación oficial de concurso de acreedores. Hasta el momento, la dirección de la firma no ha ofrecido ningún tipo de explicación ni una solución de viabilidad a los empleados, quienes siguen acudiendo a sus puestos de trabajo a pesar de no haber cobrado por sus servicios.
Instalaciones críticas afectadas: desde hospitales hasta la Cámara de Comptos
La gravedad del asunto radica en la enorme importancia de los centros donde este personal presta sus servicios diariamente. Los vigilantes afectados se encargan de garantizar la seguridad en puntos asistenciales tan críticos como el Hospital de Navarra, el Hospital García Orcoyen de Estella y el Hospital Reina Sofía de Tudela.
Además de la red hospitalaria, el impago afecta al personal de seguridad desplegado en los centros de salud de Tafalla y de Aoiz, así como a los profesionales que custodian una de las sedes institucionales más importantes de la capital navarra, la Cámara de Comptos en Pamplona.
La polémica política de subcontratación a la baja en el punto de mira
La situación ha provocado la denuncia pública de sindicatos como CCOO, desde donde se ha calificado este escenario como una consecuencia directa de la actual política de contratación de las administraciones públicas. Las organizaciones laborales critican que los pliegos de condiciones del Gobierno de Navarra se adjudiquen sistemáticamente "a la baja" a empresas privadas, lo que termina precarizando sectores clave y poniendo en riesgo las retribuciones de las plantillas.
Ante el clima de desprotección que sufren los afectados, los representantes de los trabajadores exigen que la administración autonómica intervenga para reprochar la gestión a la empresa concesionaria y forzar una solución inmediata. Asimismo, reclaman un cambio de modelo que apueste por una gestión directa y un control mucho más estricto y exigente a la hora de otorgar las concesiones públicas en servicios tan sensibles como la sanidad.