SOCIEDAD

Más recursos para menas: Navarra prepara un sistema de acogida que crece un 180%, con nuevos centros

Fotomontaje de María Chivite sobre una imagen del centro de menas de Marcillla.
El sistema de acogimiento de Navarra se ha "dimensionado", según señala la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu

El sistema de acogimiento de Navarra se ha “dimensionado” ante el incremento de menores residentes en la Comunidad foral por casos de desprotección “muy severa” y la llegada de menores no acompañados. Así lo ha señalado la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, en una comisión parlamentaria solicitada por EH Bildu.

Maeztu ha defendido que Navarra cuenta con un sistema “robusto”, “perfectamente asentado” y con una “estrategia sólida”. También ha asegurado que está “bien dotado de personal” y que se le ha dedicado un aumento de recursos y esfuerzos.

Según ha detallado, la Comunidad foral ha contado actualmente con 546 plazas residenciales en los diferentes recursos. De ellas, 373 han sido para menores de 18 años y 170 han correspondido a pisos de autonomía o preautonomía, generalmente destinados a mayores de 18 o a menores próximos a cumplir la mayoría de edad.

A estas plazas se han sumado 126 del programa de acompañamiento a jóvenes que residen en el entorno comunitario. La consejera ha remarcado que el sistema de acogimiento ha crecido “casi el 180%” desde agosto de 2015, cuando había 157 plazas residenciales y 40 plazas de autonomía en medio abierto.

Maeztu ha explicado que el sistema de acogimiento se ha ajustado porque “cada vez atendemos a más niños, niñas y adolescentes”. En ese aumento, ha citado tanto a menores de familias residentes en Navarra por casos de desprotección grave detectados por las instituciones, como a menores migrantes no acompañados.

En este contexto, ha indicado que ya han llegado a Navarra menores procedentes de “zonas tensionadas” como Canarias y Ceuta. Según ha señalado, han llegado 25 y se ha previsto la llegada de 6 más en las próximas semanas, y el Ejecutivo foral ha recibido los fondos estatales comprometidos para su atención.

La consejera ha afirmado que se han abierto de forma continua nuevos centros y nuevos recursos residenciales. Entre ellos, ha citado el COA de Estella, con 40 plazas, que ha entrado en funcionamiento hace un par de semanas.

También ha señalado un nuevo recurso de acogida en Elizondo, con 20 plazas, que ha comenzado a funcionar hace dos meses y se ha enfocado a las salidas sociolaborales de los chicos que atiende. Además, ha mencionado otro recurso en Villatuerta, con capacidad para 15 jóvenes, con un objetivo de inserción laboral y empleabilidad, y formación específica en hostelería y turismo.

Maeztu ha subrayado que se han creado comisiones de convivencia “en todos los casos” para facilitar un buen clima de integración y el trabajo coordinado con los municipios. Según ha explicado, esa fórmula ha dado “buenos resultados” y ha ayudado a encajar la llegada de recursos como el COA de Estella.

La consejera ha avanzado que se han previsto “varios nuevos enclaves” que podrían convertirse en nuevos recursos, aunque no ha dado detalles “por prudencia”. Ha argumentado que aún no se han cerrado los acuerdos o las valoraciones técnicas necesarias.

Además, Maeztu ha planteado un plan de trabajo a cuatro años para “actualizar y modernizar” la red de acogimiento residencial. Ha apostado por elaborar un Programa Marco basado en el modelo CARE, impulsar formación para los profesionales y mantener una “supervisión continua” de su implantación.

En esa línea, ha indicado que ya se ha iniciado un camino de mejoras en los pisos para que el espacio físico se parezca más a un hogar. También ha apuntado a cambios en los reglamentos internos para hacerlos más sencillos y comprensibles para los menores.

La consejera ha añadido posibles reorganizaciones de los equipos, como asignar figuras de psicología a pisos concretos. También ha citado mejoras vinculadas al seguimiento de los menores una vez abandonan los recursos residenciales.

En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, Raquel Garbayo, ha reconocido avances, pero ha sostenido que los recursos no han sido suficientes porque “la demanda no para de crecer”. Ha criticado que la pobreza infantil en Navarra esté “en máximos históricos” y ha reclamado más profesionales, con más tiempo, formación y apoyo.

La socialista Olga Chueca ha reprochado el “pesimismo” de la oposición y ha defendido una combinación de esfuerzos institucionales. También ha valorado la descentralización de los recursos de Pamplona y su Comarca, y ha respaldado que el sistema se haya dimensionado según las necesidades de los menores.

Desde EH Bildu, Javier Arza ha pedido una hoja de ruta más concreta para un sistema “tensionado”. Entre las debilidades, ha señalado la formación inicial y continua, la rotación de personal, la falta de un proyecto educativo compartido y la preparación para la vida independiente, además de una detección y actuación precoz insuficiente en la comunidad.

Por parte de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha lamentado la espera de la Estrategia Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia 2025-2030, aunque ha reconocido pasos en esa dirección. Ha valorado, además, los esfuerzos del departamento ante el aumento de necesidades.

La portavoz del PPN, Maribel García Malo, ha apreciado que se hayan establecido nuevos recursos y que se les haya dado un enfoque orientado al mercado laboral. Ha insistido en que la función principal es que los menores estén bien atendidos y se sientan seguros, y ha esperado que se haya solucionado la saturación de los COA.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha hablado de un “gran tensionamiento” del sistema de protección y ha defendido una respuesta “responsable y solidaria” ante la previsión de llegada de menores migrantes. Ha llamado a la solidaridad y a la responsabilidad ciudadana e institucional, frente a lo que ha descrito como “ruido interesado”.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha calificado la gestión del sistema de acogida como un “desastre” y ha acusado al Gobierno de Navarra de priorizar el “postureo migratorio” frente al bienestar de los menores y la seguridad.