La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha llevado el debate al terreno político en el pleno del Parlamento al acusar a Vox de “instrumentalizar” a los menores y usarlos como “arma arrojadiza”, sin entrar a detallar qué falló en el caso de un menor de cuatro años que fue abusado sexualmente en un centro de observación y acogida con menores tutelados por su departamento.
Maeztu ha contestado así al parlamentario de Vox Emilio Jiménez, que ha asegurado que el episodio “revela una negligencia criminal” y ha afirmado que “no se ha cumplido el protocolo” porque, según su versión, el menor agredido estaba “solo, sin supervisión adulta” con otro menor mayor que él.
En su primera intervención, la consejera ha subrayado que el Gobierno foral “asume sus responsabilidades” con todos y cada uno de los menores sobre los que ejerce guarda y tutela, y ha defendido el “horizonte ético” de que todos los menores que viven en Navarra “deben empezar a caminar en la vida en buenas condiciones”.
Maeztu, lejos de reconocer ningún tipo de error en esta agresión sexual a un niño de 4 años por otro menor mucho mayor que él, ha presumido de “un sistema de protección robusto”, basado en recursos residenciales pequeños, organizados por tramos de edad y “bien dotados de personal”, donde “se cuida y se protege” a los menores.
Nada ha dicho de que tanto las funcionarias de su departamento, como las cuidadoras del centro reconocieron a la madre del menos abusado que era una negligencia que un niño de 4 años conviva en un centro con menores de hasta 17.
Maeztu se ha limitado a decir que “cualquier conflicto, cualquier desajuste, cualquier déficit” con menores implicados “se debe resolver” y que hay que ser cuidadosos con el daño que haya podido ocurrir.
La réplica de Vox ha endurecido el tono del debate. Jiménez ha insistido en que no se trata de un “error aislado”, sino de una “sucesiva sucesión de gestión caótica y negligente”, y ha defendido que su grupo no utiliza al menor, sino que hace su trabajo “fiscalizando” la gestión del Gobierno.
En su contrarréplica, Maeztu ha evitado entrar en detalles del caso concreto y ha centrado su respuesta en reprochar a Vox su manera de abordar el asunto. Ha recalcado que los menores bajo tutela deben ser protegidos y que es necesario “respetar su imagen y su vida fuera del escrutinio público”, apelando al interés superior del menor y a la confidencialidad de sus circunstancias personales.
