"Gora ETA, os quedan cuatro días": piden procesar a un hombre por las amenazas a un concejal de UPN de leiza
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido procesar por un delito de amenazas terroristas al investigado por las amenazas que sufrió en enero de 2025 Silvestre Zubitur, concejal de UPN en Leiza. El hombre le habría espetado: “Gora ETA militarra, os quedan cuatro días”.
El Ministerio Público ha dado así un nuevo paso en una investigación abierta desde hace más de un año. Tras las diligencias que se han practicado, considera que los hechos pueden constituir un delito de amenazas terroristas y ha solicitado que el procedimiento se transforme en sumario porque la pena que podría imponerse en abstracto excede de los nueve años de prisión.
La Fiscalía también ha solicitado expresamente que se dicte auto de procesamiento contra el investigado, ya que la pena podría superar los 9 años de prisión.
Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2025. Según el relato que recoge ahora la Fiscalía, el investigado se dirigió a Zubitur y le dijo en euskera: “Gora ETA militarra, os quedan cuatro días”. El enfrentamiento tuvo su origen en una pancarta contra la amnistía que había sido retirada.
UPN denunció lo sucedido al día siguiente ante la Guardia Civil. En su escrito explicó que Zubitur había tenido conocimiento de que una persona había arrancado una pancarta con el mensaje “Amnistia no-ez” en las cercanía de la vivienda del edil.
La denuncia relató que, tras localizar la pancarta, se produjo una discusión. Fue entonces cuando uno de los hombres habría gritado al concejal de UPN “Gora ETA militarra” y “os quedan cuatro días”.
UPN presentó inicialmente los hechos como un posible delito de enaltecimiento del terrorismo. La formación recordó además una circunstancia especialmente relevante en Leiza: ETA asesinó el 14 de julio de 2001 a José Javier Múgica Astibia, que también había sido concejal y portavoz de UPN en la localidad.
La investigación terminó llegando a la Audiencia Nacional. En junio de 2025, el Juzgado Central de Instrucción número 3 aceptó hacerse cargo de la causa al considerar que los hechos podían constituir un delito de amenazas terroristas y/o de enaltecimiento del terrorismo.
El juzgado ordenó entonces nuevas diligencias. Entre ellas, reclamó documentación a la Guardia Civil y acordó citar como testigos a Silvestre Zubitur y a su mujer. También dejó prevista la declaración como investigado de la persona que fuera identificada como posible autor de los hechos.
Desde entonces se han practicado distintas declaraciones. Han comparecido el investigado, Zubitur, su mujer y otros testigos incluidos en la causa.
La Fiscalía considera que de esas diligencias se desprenden indicios de criminalidad. En concreto, hace referencia a las declaraciones de los testigos y a la del propio investigado, que ha reconocido que se encontraba en el lugar de los hechos. El escrito del fiscal no señala, sin embargo, que haya reconocido haber pronunciado las amenazas.
La principal novedad está precisamente en la calificación que hace ahora el Ministerio Público. Mientras que inicialmente se había planteado la posibilidad de investigar tanto un delito de enaltecimiento como unas amenazas terroristas, la Fiscalía centra ahora su petición de procesamiento en un delito de amenazas terroristas.
Además de pedir el procesamiento y la conversión de las diligencias en sumario, el fiscal ha reclamado que se tome declaración indagatoria al investigado si finalmente resulta procesado, que se incorpore su hoja histórico-penal actualizada y que se añadan a la causa las diligencias que comenzaron a tramitarse en Pamplona. También solicita nueva documentación a la Guardia Civil relacionada con la identificación realizada durante la investigación.
Será ahora el órgano instructor de la Audiencia Nacional el que tenga que decidir si acepta la petición de la Fiscalía y acuerda transformar la causa en sumario y procesar al investigado por un posible delito de amenazas terroristas.