Acusan en Pamplona a una mujer de utilizar la tarjeta bancaria de la empresa para realizar gastos particulares por más de 73.000 euros
La Fiscalía de Navarra solicita cinco años de prisión para una empleada acusada de apropiarse de dinero de una empresa con delegación en México mediante transferencias a familiares residentes en Ecuador, gastos particulares con una tarjeta bancaria y movimientos a su propia cuenta. El Ministerio Fiscal reclama que indemnice a la compañía con 126.003,72 euros. El juicio se celebra esta semana en Pamplona.
Según el escrito de acusación, la mujer trabajaba para la empresa desde el 28 de julio de 2022. El 1 de enero de 2024 fue nombrada responsable del área financiera de la delegación en México, una responsabilidad que le permitió gestionar operaciones bancarias de la compañía.
La empresa había depositado su confianza en ella y había instalado en su ordenador personal un sistema de autorización bancaria conocido como token. Este mecanismo permitía validar transferencias mediante un código de seguridad adicional al usuario y la contraseña. La Fiscalía sostiene que la empleada aprovechó ese acceso para realizar movimientos de dinero sin el conocimiento ni el consentimiento de la compañía.
Hoteles, viajes y compras particulares con una tarjeta de empresa
Una de las principales partidas investigadas corresponde a los 77.239,02 euros que la acusada habría gastado en hoteles, viajes ajenos a la actividad empresarial y compras particulares. Según la Fiscalía, estos pagos se realizaron entre abril de 2023 y el 10 de marzo de 2025.
Para ello habría utilizado una tarjeta bancaria destinada a gestionar los gastos de la delegación en México. Aunque la tarjeta estaba a nombre de otro trabajador de la empresa, el escrito señala que la acusada disponía de ella de manera exclusiva.
La Fiscalía considera que esos gastos se realizaron en beneficio personal de la empleada y no guardaban relación con las necesidades de la compañía.
Transferencias de dinero a familiares residentes en Ecuador
La acusación también atribuye a la mujer una serie de transferencias bancarias a familiares que residían en Ecuador, concretamente a cuentas de Quito y Guayaquil. Los movimientos comenzaron el 1 de junio de 2024 y se prolongaron hasta el 10 de marzo de 2025.
El escrito detalla numerosas operaciones. Entre las primeras figuran dos transferencias de 3.000 y 1.500 dólares realizadas los días 1 y 6 de junio de 2024. También se recogen otros envíos de 320 dólares y 123,30 dólares durante los meses de junio y julio.
Los movimientos continuaron durante los meses siguientes. En septiembre se realizaron dos transferencias de 3.000 dólares y en octubre otra de 4.000 dólares. El 12 de noviembre de 2024 se registraron dos operaciones: una de 3.000 euros y otra de 3.000 dólares, según la relación incluida en el documento.
La Fiscalía sitúa algunas de las transferencias de mayor cuantía en los primeros meses de 2025. El 6 de enero se habrían enviado 6.000 y 5.000 dólares a dos destinatarios diferentes. En febrero figuran nuevos movimientos de 6.000 y 2.500 dólares.
La relación termina el 10 de marzo de 2025, fecha en la que el escrito atribuye a la acusada otras dos transferencias de 5.000 dólares cada una a familiares residentes en Ecuador.
El Ministerio Fiscal valora esta partida en 44.494,70 euros, después de aplicar un tipo de cambio de 1,0849. No obstante, la relación de cantidades presenta discrepancias que requieren revisión.
Otros 4.270 euros transferidos a su cuenta de nómina
La acusación añade un tercer mecanismo de presunta apropiación de fondos. Según el escrito, la empleada habría realizado transferencias por importe de 4.270 euros desde otra cuenta bancaria de la empresa en México.
En este caso, el dinero habría terminado en la misma cuenta en la que la acusada recibía habitualmente su nómina, según la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal atribuye a la mujer la utilización de los recursos económicos que tenía a su disposición para incrementar de manera ilícita su patrimonio, aprovechando las facultades que la empresa le había confiado.
Cinco años de prisión y una multa de diez meses
La Fiscalía considera que los hechos descritos constituyen un delito de apropiación indebida, previsto en el artículo 253.1 del Código Penal, en relación con el artículo 250.1.5.º del mismo texto legal.
Por este delito solicita cinco años de prisión y una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros. También reclama la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.
Además de las penas, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la empresa perjudicada con 126.003,72 euros, cantidad a la que deberán añadirse los intereses legales correspondientes.
La indemnización reclamada resulta de sumar los 77.239,02 euros atribuidos a los gastos particulares con la tarjeta, los 44.494,70 euros asignados a las transferencias a Ecuador y los 4.270 euros que presuntamente fueron enviados a la cuenta de nómina de la acusada.