TRIBUNALES

Se juega 3 años de prisión por entrar al historial médico de su yerno en un pueblo de Navarra

Una administrativa de un centro de salud médico consulta un ordenador.
La acusada, funcionaria en un centro de salud, habría accedido más de 100 veces al historial de un paciente sin su consentimiento.

La Fiscalía de Navarra solicita tres años de prisión para una administrativa del Centro de Salud de Alsasua, funcionaria del Servicio Navarro de Salud (Osasumbidea), acusada de un delito de revelación de secretos por acceder de forma reiterada al historial médico de su yerno sin su autorización. El juicio se celebra esta semana en la Audiencia de Navarra en Pamplona. 

Según el escrito de conclusiones remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, el Ministerio Público también ha pedido para la acusada la inhabilitación absoluta durante 6 años para el ejercicio de su profesión.

La Fiscalía sostiene que los hechos se prolongaron durante casi tres años, entre el 23 de junio de 2021 y el 15 de abril de 2024. En ese tiempo, la procesada habría accedido al historial médico de la víctima en más de 100 ocasiones, sin su consentimiento ni conocimiento.

Siempre según la acusación, en esas consultas revisó los datos de citación, la ficha administrativa y la historia clínica del afectado. Además, el fiscal señala que llegó a imprimir la historia clínica en unas 14 ocasiones, por lo que habría tenido conocimiento de todos los datos sanitarios confidenciales del paciente.

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de revelación de secretos, cometido como autora directa y sin circunstancias que modifiquen su responsabilidad penal, por lo que ha interesado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial.

En su escrito, la Fiscalía reclama para la encausada tres años de cárcel, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También solicita una multa de 22 meses con una cuota diaria de 10 euros, con la advertencia de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, así como el pago de las costas procesales. Por último, la acusación reclama que la procesada indemnice a la víctima con 3.000 euros por daño moral.