VOX critica las trabas de la nueva Ley de Industria navarra: "Mucha burocracia y muy poca libertad para producir"

La Ley de Industria de Navarra ha recibido este jueves, 12 de noviembre de 2026, el voto en contra de VOX en el Parlamento foral. Su portavoz, Emilio Jiménez, ha criticado que la norma aumente la burocracia y las obligaciones empresariales sin ofrecer suficientes medidas para mejorar la competitividad de la industria navarra.

Durante su intervención en el pleno, Jiménez ha reclamado menos impuestos, menos trabas administrativas y más incentivos para invertir. También ha advertido de que las nuevas exigencias pueden perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para asumirlas.

El rechazo de VOX se ha producido después de que tres de las principales organizaciones empresariales de Navarra expresaran sus reservas sobre el proyecto. La Confederación Empresarial Navarra (CEN), la Cámara de Comercio y ADEFAN han advertido de que la nueva legislación no incorpora suficientes mejoras para impulsar la competitividad industrial.

«Nosotros sí queremos una Navarra industrial, empresarial y competitiva. Precisamente por eso no podemos respaldar una ley que se queda muy lejos de lo que necesitan nuestras empresas», ha afirmado Emilio Jiménez desde la tribuna del Parlamento.

Una de las principales críticas del portavoz de VOX se ha centrado en la estructura de la norma, compuesta por 106 artículos. A su juicio, el texto dedica demasiado espacio a crear planes, estrategias, observatorios, mesas, comisiones y órganos de coordinación, pero no concreta soluciones suficientes para las empresas.

«Mucha gobernanza y poca industria. Mucha planificación y poca solución. Mucha burocracia y muy poca libertad para producir», ha resumido Jiménez al cuestionar el modelo industrial planteado por el Gobierno de Navarra.

Para el parlamentario, las verdaderas prioridades de la industria navarra pasan por reducir la presión fiscal, garantizar energía a precios competitivos y facilitar la disponibilidad de suelo industrial. También ha defendido la necesidad de mejorar las infraestructuras y ofrecer seguridad jurídica a quienes deciden invertir en la Comunidad foral.

Especial preocupación le han generado las obligaciones de descarbonización contempladas en la nueva ley. Según ha explicado, las empresas con más de 500 trabajadores deberán disponer de estos planes antes del 31 de diciembre de 2028, mientras que las que tengan menos de 500 empleados dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2030.

Además, el proyecto contempla que el incumplimiento de esta obligación pueda constituir una infracción grave. Jiménez ha advertido de que estas exigencias pueden traducirse en nuevos costes económicos y trámites administrativos, especialmente difíciles de asumir para negocios de pequeño tamaño.

En este sentido, ha recordado que, según los datos recogidos por el propio Ejecutivo foral, el 75 % de las empresas industriales de Navarra tienen menos de diez trabajadores. Una realidad que, a su juicio, debería tenerse en cuenta antes de imponer nuevas obligaciones a todo el tejido empresarial.

«Una multinacional puede disponer de departamentos enteros para gestionar estas exigencias. Una pequeña empresa no», ha señalado el portavoz de VOX, que ha cuestionado la capacidad de las pequeñas industrias para afrontar los nuevos requisitos.

Jiménez también ha advertido de las posibles consecuencias para la atracción de inversiones. Considera que, si las exigencias legales sitúan a Navarra en una posición menos competitiva que otras comunidades autónomas, algunos proyectos empresariales podrían terminar desarrollándose en otros territorios.

Frente a este modelo, VOX ha defendido una política industrial basada en reducciones de impuestos y bonificaciones fiscales para las inversiones productivas. Entre sus propuestas figuran también medidas para aliviar la fiscalidad energética y del transporte, dos factores que influyen directamente en los costes de las empresas.

El portavoz ha reclamado, además, incentivos para las compañías que amplíen sus instalaciones, reinviertan sus beneficios o creen nuevos puestos de trabajo. También ha insistido en garantizar unas infraestructuras adecuadas y un suministro energético competitivo para facilitar el desarrollo de la actividad industrial en Navarra.

«¿Dónde están las medidas fiscales? ¿Dónde están los incentivos reales a la inversión productiva? ¿Dónde están las bonificaciones a quien amplía su fábrica, reinvierte sus beneficios y crea empleo?», ha preguntado durante su intervención.

Otra de las reivindicaciones planteadas ha sido una simplificación administrativa efectiva. VOX considera que reducir la burocracia debe significar eliminar trámites innecesarios y acortar los tiempos de espera, en lugar de crear nuevos organismos encargados de coordinar las actuaciones industriales.

Por ello, Jiménez ha defendido establecer plazos máximos para resolver las autorizaciones que necesitan las empresas cuando quieren iniciar su actividad, ampliar sus instalaciones o desarrollar nuevos proyectos. A su juicio, estas medidas resultarían más útiles para la inversión empresarial que la creación de nuevas estructuras administrativas.

«Una empresa no vive de observatorios, ni de mesas, ni de comisiones; vive de producir, vender, competir y contratar», ha afirmado el parlamentario.

El portavoz ha insistido en que el Gobierno de Navarra debe escuchar las demandas de las organizaciones empresariales y transformar sus reivindicaciones en medidas concretas. En este sentido, ha reiterado que la legislación debería favorecer a quienes producen, contratan trabajadores y generan actividad económica.

«Navarra no necesita más burocracia disfrazada de estrategia industrial. Necesita un Gobierno que deje de poner piedras en el camino de quienes crean empleo», ha manifestado Jiménez.

El representante de VOX ha defendido una política industrial basada en «menos impuestos, menos burocracia, más libertad para invertir, más industria y más empleo». Su grupo ha votado en contra de la Ley de Industria de Navarra al considerar que no responde a las necesidades de las empresas que sostienen la actividad industrial de la Comunidad foral.