POLÍTICA

VOX pide retirar la reforma fiscal de Chivite en Navarra: "Los ciudadanos siguen soportando una presión fiscal excesiva"

Emilio Jiménez, parlamentario de Vox, durante el Pleno del Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
El portavoz Emilio Jiménez considera insuficientes los ajustes del IRPF y plantea rebajar la carga sobre familias, vivienda, ahorro, autónomos y empresas, además de revisar el gasto público.

VOX ha presentado una enmienda a la totalidad contra la reforma fiscal del Gobierno de Navarra y ha solicitado que el proyecto sea devuelto íntegramente al Ejecutivo de María Chivite. Su portavoz en el Parlamento foral, Emilio Jiménez, considera que las modificaciones tributarias planteadas son insuficientes y que no solucionan la elevada presión fiscal que, a su juicio, soportan los ciudadanos.

La formación ha cuestionado este viernes, 20 de noviembre de 2026, que el Gobierno pretenda presentar como una rebaja de impuestos lo que considera una serie de ajustes puntuales. Según VOX, la propuesta mantiene un modelo fiscal que perjudica a los trabajadores, las familias, el ahorro y las empresas que generan actividad económica y empleo.

"El Gobierno de Chivite pretende presentar esta reforma como un alivio para los navarros, pero no aborda el problema de raíz: los ciudadanos siguen soportando una presión fiscal excesiva mientras pierden capacidad adquisitiva y tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes", ha denunciado Emilio Jiménez.

Uno de los principales puntos de discrepancia es la deflactación del IRPF. El proyecto contempla una actualización del 5 % para los tramos inferiores y medios y del 4 % para el resto, además de incrementar un 5 % los mínimos personales y familiares.

El Ejecutivo foral ha calculado que las medidas fiscales tendrán un impacto económico de 89,5 millones de euros. De esa cantidad, 73,5 millones corresponden a la deflactación del impuesto sobre la renta y al incremento de los mínimos personales y familiares.

Sin embargo, VOX considera que estas modificaciones son insuficientes porque únicamente corrigen una parte del efecto que tiene la inflación sobre la tributación. La formación reclama una reducción sostenida de los impuestos que pagan los ciudadanos, más allá de la actualización de los tramos.

La crítica se produce en un contexto de encarecimiento de la vida en Navarra. Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Navarra, el IPC alcanzó el 4,8 % interanual en octubre, una evolución de los precios que, según Jiménez, sigue perjudicando especialmente a las economías familiares.

"No basta con mover ligeramente los tramos del IRPF para que el Gobierno pueda decir que está protegiendo a las familias. Hay que reducir de verdad los impuestos que soportan los trabajadores y los hogares, proteger las rentas del trabajo y tener en cuenta los gastos reales de criar a los hijos, cuidar a los mayores, pagar una vivienda o afrontar la educación", ha señalado.

La enmienda a la totalidad de VOX también cuestiona la decisión del Gobierno de Navarra de consolidar con carácter indefinido la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio que se venía aplicando de forma temporal desde 2022.

Para la formación, mantener este gravamen supone volver a cobrar impuestos sobre bienes y recursos que ya han tributado previamente. Jiménez considera que esta situación puede perjudicar el ahorro, frenar inversiones y dificultar la continuidad de determinadas actividades económicas.

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, VOX también considera insuficientes los cambios propuestos por el Ejecutivo. El partido defiende avanzar hacia la supresión de estos impuestos para facilitar las herencias y evitar que las empresas familiares y explotaciones agrarias encuentren dificultades fiscales para pasar de una generación a otra.

"El esfuerzo de una familia que ha ahorrado, levantado un negocio o trabajado durante décadas no puede convertirse en una oportunidad para que la Administración vuelva a cobrar por lo que ya ha tributado", ha afirmado el portavoz parlamentario.

La vivienda constituye otro de los asuntos centrales de la enmienda. Aunque VOX reconoce que el proyecto reduce determinados impuestos para la adquisición de la primera vivienda habitual, rechaza que al mismo tiempo se eleven los tipos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para determinadas operaciones.

En concreto, la reforma contempla tipos del 8 %, 10 % y 15 % para determinadas adquisiciones, en función del número o la superficie de los inmuebles que ya tenga el comprador. VOX critica estas subidas y reclama una política tributaria que facilite el acceso a la vivienda.

Entre sus propuestas figura estudiar una bonificación del 100 % del ITP para la primera vivienda habitual, siempre que el precio de adquisición se encuentre dentro de un límite objetivo. También plantea mayores beneficios para las familias numerosas y medidas para favorecer el asentamiento de población en el medio rural.

La formación propone, además, recuperar o mejorar las deducciones fiscales vinculadas a la compra y el alquiler de vivienda, así como impulsar incentivos que permitan incorporar al mercado inmuebles que actualmente permanecen vacíos.

Las críticas también se extienden a la fiscalidad de autónomos, pequeñas empresas y explotaciones agrarias. VOX considera que el proyecto del Gobierno de Chivite se apoya excesivamente en incentivos selectivos, sin establecer una reducción general de las cargas que soportan quienes desarrollan actividades económicas.

Por ello, reclama una fiscalidad empresarial más competitiva, incentivos a la reinversión productiva y medidas específicas para las pymes, el comercio de proximidad y el sector primario. También pide prestar especial atención al relevo generacional en el campo y a la continuidad de los negocios familiares.

"Navarra no puede exigir a sus agricultores, ganaderos, autónomos y pequeños empresarios que sigan creando empleo y manteniendo la actividad mientras les impone una carga fiscal que dificulta invertir, crecer y competir", ha defendido Jiménez.

La propuesta de VOX plantea que el Gobierno foral elabore una nueva reforma fiscal basada en ocho prioridades. Entre ellas figuran la deflactación completa y transparente del IRPF, una reducción progresiva de su tributación efectiva y mayores beneficios fiscales para las familias según el número de hijos.

También incluye una menor tributación sobre el patrimonio y las herencias, una reducción de los costes para adquirir la primera vivienda y medidas para mejorar la competitividad de las empresas. A estas propuestas se suman incentivos específicos para autónomos, pymes y el sector primario, así como una simplificación de los trámites administrativos.

La formación exige igualmente que las futuras modificaciones tributarias incorporen una memoria de impacto económico, familiar y territorial. Con este documento pretende que puedan evaluarse las consecuencias de cada medida sobre los contribuyentes y sobre las distintas zonas de Navarra.

Otro de los puntos que cuestiona VOX es la actualización de tasas y del canon de saneamiento. El partido considera que el Gobierno no ha explicado suficientemente el efecto conjunto de estos gravámenes sobre la renta disponible de las familias y la competitividad de las empresas.

En este sentido, Jiménez ha reclamado que cualquier incremento de tasas esté acompañado de una justificación transparente sobre los costes reales de los servicios públicos. También ha defendido que la política tributaria debe ir acompañada de una revisión del gasto público y de las estructuras administrativas.

"No se puede pedir un esfuerzo permanente a los navarros mientras no se revisa con el mismo rigor el gasto político, la burocracia y las estructuras innecesarias. Los recursos públicos deben destinarse a los servicios esenciales, no a mantener una Administración cada vez más costosa", ha afirmado.

La enmienda a la totalidad presentada por VOX solicita formalmente al Pleno del Parlamento de Navarra que acuerde la devolución íntegra del proyecto de ley al Gobierno foral para que elabore una nueva propuesta tributaria basada en la reducción de impuestos, la protección de las familias y el ahorro, la competitividad empresarial y un mayor control del gasto público.