Laicidad, laicismo y libertad

La tragedia del accidente de Adamuz nos ha dejado a todos un rastro de dolor que nos ha exigido respeto, prudencia y, sobre todo, sensibilidad institucional. En ese contexto, qué inadecuada fue la propuesta inicial del Gobierno de España de organizar un homenaje exclusivamente civil a las víctimas que, además, ha reabierto un debate que va mucho más allá del formato de un acto concreto: el del significado real de la laicidad del Estado y su relación con la libertad religiosa de los ciudadanos.

Resulta difícil de comprender que, ante una tragedia de esta magnitud, se anunciara un homenaje civil sin haber consultado previamente a las familias. Son ellas, y nadie más, quienes debieron marcar el tono, la forma y el contenido del recuerdo público. Muchas personas, legítimamente, pueden preferir un funeral o un acto religioso como expresión de duelo, consuelo y acompañamiento colectivo. Ignorar esa posibilidad no es neutralidad: es una toma de posición.

Los propios familiares de las víctimas nos dieron un ejemplo de dignidad y madurez cívica. Lejos de dejarse instrumentalizar o dirigir por intereses ajenos a su dolor, reclamaron respeto y defendieron su derecho a decidir cómo despedir a los suyos. No pidieron privilegios, sino libertad. Y esa actitud debería interpelar a unas instituciones que, en demasiadas ocasiones, parecen más preocupadas por el simbolismo que por las personas.

Uno de los momentos más elocuentes de esos días se produjo al final de la misa funeral que reunió a más de 4.400 personas. La intervención de un familiar, acogida con aplausos prolongados y lágrimas de emoción, puso voz al sentir de muchos: “En primer lugar, gracias a nuestra Diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino”. No fue una proclama ideológica, sino una expresión sincera de fe y de libertad.

Conviene aclarar conceptos. La laicidad del Estado no equivale al rechazo del hecho religioso ni a su expulsión del espacio público. Un Estado laico es aquel que no adopta ninguna religión como oficial y garantiza la separación entre el poder político y las confesiones religiosas. Al mismo tiempo, reconoce el hecho religioso como parte del derecho fundamental a la libertad religiosa. Otra cosa distinta es el laicismo, entendido como una actitud hostil hacia lo religioso, que pretende reducirlo al ámbito estrictamente privado.

La Constitución española es clara. En su artículo 16 establece que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. España no es un Estado confesional, pero tampoco uno que ignore la dimensión religiosa de una parte relevante de su ciudadanía. Por eso se define como aconfesional, una categoría cercana al concepto de Estado laico, especialmente en sociedades cada vez más secularizadas.

Sin embargo, en la práctica, se percibe una deriva preocupante: bajo la bandera de la neutralidad, se adoptan decisiones que acaban perjudicando sistemáticamente a los creyentes. Los ciudadanos no creyentes ven satisfechas sus expectativas de forma automática cuando no se celebran actos religiosos oficiales. Los creyentes, en cambio, nunca pueden ver colmadas las suyas, porque la opción religiosa se elimina de antemano. No se les da a elegir. Y sin elección, no hay libertad.

Esta lógica se refleja también en otros ámbitos, como la reciente propuesta del Gobierno de Navarra contra los profesores de Religión, que vuelve a situar bajo sospecha todo lo relacionado con la enseñanza religiosa, pese a estar amparada por la legislación vigente y por el derecho de las familias a escoger la formación moral y religiosa de sus hijos. Además, no puede obviarse la extensa labor social que desarrolla la Iglesia en España, especialmente en contextos de vulnerabilidad, soledad y duelo. Esa aportación, reconocida incluso por quienes no comparten la fe, debería suscitar, como mínimo, respeto institucional.

Que vaya quien quiera a una celebración religiosa, y quien no, que no vaya. Pero que pueda ir. Un Estado verdaderamente laico no impone creencias, pero tampoco impone su ausencia. Porque la libertad no consiste en uniformar, sino en permitir que cada ciudadano pueda vivir, formarse —y despedirse— conforme a su conciencia.

Nelson Mandela, tan citado por tantos de quienes eliminan todo acto y celebración que huela a cristianismo, lo decía sin ambigüedad: “No soy verdaderamente libre si le quito la libertad a otra persona, del mismo modo que no soy libre cuando a mí me quitan la libertad”. No solo hay que recurrir a ciertas citas cuando a uno le interesa.