Los violentos sucesos del 30 de octubre en Pamplona: demasiadas preguntas sin respuesta

La fama de Vito Quiles se fraguó en la calle, cuando interpelaba con preguntas comprometidas a los participantes en manifestaciones o concentraciones de la izquierda. Demostró tener coraje cuando se presentaba en los homenajes a los presos de ETA en el País Vasco poniendo a algunos contra las cuerdas. Pero ser un estudiante de periodismo y tener un millón de seguidores en las redes sociales ha pasado a sentirse salvador de la patria. Y, envuelto en la bandera nacional, recorre las Universidades para defender, según dice, la libertad de expresión en una gira denominada “España combativa”.

Quiles se ha convertido en el ultraderechista más mediático. Ignoramos qué le impulsó a venir a Pamplona con la pretensión de dar una de sus charlas en la Facultad de Periodismo, sin que el Rectorado le hubiera autorizado para ello. Si, como dijo Quiles, respeta la ley, presentarse en la Universidad, aunque fuera para reunirse en el campus universitario, suponía desobedecer el mandato del Rectorado. Más aún, sabiendo que la llegada de las milicias de la kale borroka iba a perturbar el normal desarrollo de las actividades académicas, desobedeció el mandato del Rectorado.

Quiles probó que su populismo, basado en halagos y alabanzas, le nubla la inteligencia. Solo así puede comprenderse que se presentara en la sede del Diario de Navarra con la finalidad de grabar un vídeo para que toda España viera cómo “vuestros amigos los terroristas no nos han dejado entrar en Navarra”. Y esto lo dijo en Pamplona, es decir, en el corazón de la Comunidad Foral, frente a la escalinata en la que ETA atentó en 1980 contra su director, José Javier Uranga, que sobrevivió milagrosamente a los 25 balazos disparados a quemarropa por el comando criminal.

Dicho esto, los vídeos grabados en el campus de la Universidad de Navarra demuestran la llegada de una columna de unos 250 encapuchados, vestidos de negro, que parecían haber recibido una formación paramilitar. No portaban armas, pero sí robustos palos, frente a los que las porras policiales estaban en manifiesta inferioridad. Así se puso de manifiesto cuando apalearon al periodista Ismael Martínez, que tuvo mucha suerte porque pudieron haberlo matado. Frente a la columna revolucionaria se veían desperdigados unos pocos policías nacionales que muy pronto fueron arrollados por la turba. No consta que hubiera encapuchados heridos, pero sí varios agentes policiales. Después marcharon sobre el barrio de Ermitagaña, cuyos vecinos vivieron momentos de terror. No se salvó ni un solo contenedor.

La reacción de la clase política navarra oscila entre la rotunda condena de UPN y PP, y los tibios comunicados de los partidos de la coalición de gobierno. La fórmula de estos es apelar a la condena de la violencia “venga de donde venga”. El alcalde Asirón rechazó los incidentes “lamentables” ocurridos, pero sin poner nombre y apellido a los violentos. La delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, como no podía ser menos, condenó la violencia, hizo un llamamiento a la convivencia y desmintió que a los encapuchados se les hubieran incautado armas y cuchillos.

Sobre los sucesos del 30 de octubre se acumulan numerosas preguntas sin respuesta. ¿Se reunió la Junta de Seguridad para determinar con tiempo la estrategia a seguir para hacer frente a los miembros de la kale borroka? ¿Por qué no se movilizó a la Policía Foral, que cuenta con un Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), con la finalidad de impedir que los encapuchados pudieran organizarse y entrar en el campus universitario? ¿Cuál es la razón por la que la Policía no fue capaz de impedir la invasión del barrio de Ermitagaña? ¿Por qué la Policía no llegó a tiempo de evitar el apaleamiento del redactor de El Español? ¿Es cierto o es un bulo que los encapuchados entraron en la Facultad de Teología y produjeron daños en su capilla?

Hay más preguntas para las instituciones. ¿La Fiscalía de Navarra ha abierto diligencias informativas? ¿Ha interpuesto Asirón demanda o querella contra los autores de los desmanes? ¿Cómo es posible que se detuviera tan solo a dos encapuchados, que ya están en libertad? ¿A cuánto asciende el destrozo del mobiliario municipal y privado?

El 30-O sugiere otras incógnitas que afectan al Gobierno de España. Lo primero que llama la atención es el silencio de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Los cachorros de ETA, supuestamente disidentes de Arnaldo Otegi, han puesto a Sánchez y a Chivite en una posición muy desairada. El regreso de la kale borroka puede ser el preludio de una nueva escalada de terror. En tales condiciones, la ciudadanía no aceptaría que sean socios privilegiados de los Gobiernos de España y de Navarra quienes odian a España, defienden la independencia y pretenden acabar con la identidad de la Comunidad navarra, convirtiéndola en una provincia más de Euskadi, sometida a los dictados del Parlamento y del Gobierno vasco. Sin olvidar al alcalde Asirón.

Además, es posible que estemos ante algo más que una mera disidencia. Existe una posible conexión de la organización de los encapuchados de uniforme negro con otros movimientos revolucionarios juveniles que trabajan para constituir un nuevo partido comunista internacional. Sea lo que fuere, el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de investigar a fondo a los que hasta ahora solo agreden con palos, pero cualquier día podrían pasar a la lucha armada. Ya sucedió con ETA, que nació en los años sesenta del siglo pasado de una disidencia de los cachorros del PNV, insatisfechos por la tibieza de sus “burukides”. Progresivamente fueron incrementando sus acciones de violencia, hasta que, un fatídico 7 de junio de 1968, asesinaron a un agente de Tráfico de la Guardia Civil, José Antonio Pardines, que prestaba servicio en la carretera nacional 1, a la altura de Aduna. Es preocupante que la Guardia Civil, que actuará ahora como Policía judicial, a las órdenes de la Audiencia Nacional, tenga que compartir sus avances con la Ertzaintza, donde, como reflejo de la sociedad vasca, puede haber agentes en los que no se pueda confiar.