La dictadura de los aduladores
Toda estructura de poder sin contrapesos eficaces tiende a deformar tanto a quien manda como a quien obedece. Cuando el poder se ejerce sin control, quien lo detenta acaba identificando su persona con la institución que dirige, desprecia el asesoramiento técnico, se vuelve intolerante a la crítica y actúa bajo una sensación de absoluta impunidad. Sin embargo, la tiranía cotidiana no se sostiene únicamente por la fuerza, sino por la renuncia voluntaria al criterio propio de quienes rodean al líder.
El capricho del déspota rara vez sobrevive o prospera en el vacío; para consolidarse requiere un ecosistema de abyecto servilismo de subordinados y asesores. Cuando esta simbiosis se traslada al diseño institucional, como ha ocurrido en España durante la última década, el fenómeno deja de ser un mero defecto de carácter para convertirse en un problema estructural. Aunque nuestro ordenamiento constitucional proclama los principios de mérito, capacidad e independencia, existen grietas normativas que incentivan tanto la omnipotencia directiva como la docilidad profesional.
Un claro escenario de esta tensión es el Poder Judicial. Pese a que su independencia está consagrada en la Constitución, el acceso a las altas magistraturas y a los órganos de gobierno (como el Consejo General del Poder Judicial o las presidencias de tribunales) depende en gran medida de decisiones discrecionales y equilibrios políticos. Esto genera en ciertos perfiles una sensación de inmunidad y, en quienes aspiran a promocionar, el incentivo de evitar resoluciones incómodas para las cúpulas. Así, la carrera interna acaba dependiendo más de la afinidad jerárquica o política que del mérito reglado, llegando al extremo de que el sentido de ciertos fallos o sentencias se conozca de antemano.
Un patrón similar se reproduce en la Administración pública mediante el abuso de la "libre designación". Mientras que el ingreso en la función pública exige duras oposiciones, la ocupación de los puestos de mayor responsabilidad —como subdirecciones generales o secretarías técnicas— se decide de forma discrecional, al igual que el cese. Como han señalado diversos catedráticos de Derecho Administrativo, esta precariedad erosiona la neutralidad del funcionario. El técnico sabe que emitir un informe desfavorable o advertir de una irregularidad conlleva su destitución inmediata y la pérdida de complementos salariales. Ante ese riesgo, muchos optan por la autocensura preventiva, anticipan los deseos del superior o buscan encajes jurídicos forzados para dar cobertura a decisiones arbitrarias, blindando al dirigente frente a la realidad.
Sin dar nombres, resulta vergonzante la sumisión de profesionales reconocidos en su trayectoria previa que, al asumir un cargo ministerial, abdican de sus principios hasta negar la evidencia. Basta observar la gestión de las catástrofes de las DANA, los accidentes ferroviarios o la invasión de Ceuta, llegando incluso a cuestionar la labor de las propias fuerzas de seguridad. Todo se reduce a algún gesto de incomodidad o a un aplauso tibio para la foto, pero jamás a contradecir o corregir al "ególatra mutante".
Esta cultura tampoco es ajena al sector privado, la universidad o las corporaciones profesionales. En los grandes despachos de abogados, la medicina hospitalaria o las cátedras universitarias, el progreso depende en exceso del beneplácito del socio director, el jefe de servicio o el catedrático.
Apelar únicamente a la virtud moral de los dirigentes o a la valentía individual resulta insuficiente. Contener tanto el síndrome de hubris como el servilismo exige reformas institucionales básicas que en repetidas ocasiones he defendido: reducir al mínimo la libre designación en la alta función pública (eliminando asesores y cargos sin contenido real); someter los nombramientos judiciales a baremos estrictos de mérito y capacidad, desactivando así el incentivo económico y la adulación. Limitar a dos los mandatos consecutivos, tanto para cargos electos como para los de designación directa. Garantizar la inamovilidad y el blindaje profesional de interventores, letrados y técnicos que emitan informes críticos, logrando que el rigor y la ética vuelvan a entrar en los despachos.
La salud de una democracia no se mide solo por la calidad de sus leyes, sino por su capacidad para evitar que quien manda se crea infalible y que quien obedece deba renunciar a pensar. Gran parte de los españoles esperamos que, si se produce el pronosticado cambio de gobierno, estas elementales reformas sean las primeras en aplicarse sobre la estructura básica de la Administración del Estado.