Ante el fracaso de los decretos de vivienda: ¿cómo reaccionará el Gobierno?

Dejando al margen la evidente falta de una estricta técnica jurídica, el preámbulo del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, resulta insólito en nuestra democracia. Con una extensa exposición de motivos —que recuerda vivamente la retórica propagandística de otras latitudes—, el Ejecutivo abandonó la sobriedad técnica exigida históricamente por el Consejo de Estado para abrazar una narrativa fuertemente ideológica, trufada de alusiones históricas y particularizada en casos mediáticos concretos. A este se sumaba un segundo texto regulatorio, el Real Decreto-ley 27/2026, donde destacaba la polémica obligación del arrendador de indemnizar al inquilino con doce mensualidades en caso de no renovar el contrato.

Afortunadamente para la estabilidad del mercado, el Congreso de los Diputados ha rechazado y derogado ambos decretos en una tensa sesión plenaria. Sin embargo, nadie en el sector inmobiliario ni en el arco parlamentario cree que el actual Gobierno se vaya a conformar con esta derrota legislativa.

Mientras el gurú demoscópico Iván Redondo insiste en pronosticar que el PSOE se mantendrá como el partido más votado (una tesis que el CIS probablemente se apresure a respaldar en sus próximos barómetros), la realidad social discurre por un camino incomprensible para la lógica oficialista. Los decretos caídos habían encendido todas las alarmas en el sector inmobiliario y, sobre todo, en los hogares de miles de ciudadanos de a pie. Con la manida retórica de combatir la especulación de las grandes corporaciones, las normas pretendían introducir un agresivo marco de intervención que cometía un error de diagnóstico flagrante: confundir al gran fondo internacional con el pequeño ahorrador de clase media.

El verdadero drama de la propuesta gubernamental residía en su impacto directo sobre la economía de las familias trabajadoras. El grueso del mercado del alquiler en España no está en manos de multinacionales, sino de pequeños propietarios: el trabajador que compró un piso pensando en complementar su futura jubilación, el hijo que mantiene con esfuerzo la casa heredada en su pueblo de origen o la familia que posee un pequeño apartamento en la costa para las vacaciones.

Para este perfil de ciudadano, el alquiler de temporada o por habitaciones representaba la última red de seguridad jurídica frente al temor a la okupación o al impago crónico. Al estrangular la flexibilidad de estos contratos —obligando a justificaciones burocráticas asfixiantes bajo amenaza de sanción y topando los precios de los dormitorios—, el decreto eliminaba cualquier incentivo al arrendamiento. A esto se sumaba la decisión del Ejecutivo de prorrogar de forma generalizada los contratos y blindar los desahucios hasta el año 2030, trasladando por la fuerza la responsabilidad de la asistencia social del Estado al ciudadano particular.

Tras la votación parlamentaria, el escenario legal hostil y técnicamente aberrante ha quedado desactivado, pero el pequeño y mediano propietario deberá extremar sus precauciones ante el riesgo evidente de que el Gobierno insista por vías alternativas. En un mercado ya tensionado, la sobrerregulación no bajará los precios: simplemente provocará el cierre de inmuebles y su retirada del mercado. Lo preocupante de estos decretos no es solo que no protegieran al vulnerable, sino que desprotegían el tráfico jurídico y condenaban al desabastecimiento a un sector donde, muy pronto, nadie se va a atrever a alquilar.

Ante este varapalo en las Cortes, la gran incógnita es ver cómo reaccionará la Moncloa. Queda por ver si el ala socialista asumirá el fracaso abriendo una ronda de contactos para convocar elecciones anticipadas o si, por el contrario, el Ejecutivo optará por culpar a la oposición y espolear a sus bases hacia la movilización y la agitación en las calles.

JOSE LUIS DIEZ DIAZ – Funcionario foral jubilado