¿Cuántos hacen falta para gobernar?
Hay una pregunta que quizá deberíamos hacernos todos los navarros: ¿cuánta gente necesita un Gobierno para gobernar Navarra?
Porque cuando uno mira la estructura del Gobierno de María Chivite, la sensación es que nunca es suficiente.
Una presidenta. Trece departamentos. Consejeros y vicepresidentes. Direcciones generales. Jefes de gabinete. Asesores. Personal eventual. Organismos autónomos. Sociedades públicas. Fundaciones públicas. Una estructura que se ramifica y crece hasta el punto de que al ciudadano le resulta casi imposible saber cuántas personas forman parte de la maquinaria política que mantiene el Gobierno foral.
Los datos oficiales, sin embargo, permiten hacerse una idea.
A 1 de junio de este año, el propio Gobierno de Navarra contabilizaba 146 personas de personal eventual en el conjunto de la Administración Foral y sus organismos. Es decir, personal que ocupa puestos de confianza y asesoramiento vinculados a la estructura gubernamental.
Ciento cuarenta y seis.
Y conviene detenerse en la cifra.
En el Departamento de Presidencia e Igualdad aparecen 13 personas de personal eventual. En Derechos Sociales, 10. En Cohesión Territorial, Cultura, Interior y Vivienda, 8 en cada uno. Economía y Hacienda, Desarrollo Rural, Industria, Memoria y Euskera y Universidad cuentan con 7. Educación tiene 6. Y el propio Gabinete del Gobierno de Navarra suma otras 6.
Y eso sin entrar todavía en los organismos autónomos y en otras estructuras dependientes de la Administración.
Por supuesto, no todos esos puestos tienen el mismo sueldo ni la misma responsabilidad. Sería injusto afirmarlo. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado ante una realidad evidente: la estructura de confianza y dirección del Gobierno de Navarra mueve cada vez más nombres y cada uno de esos nombramientos tiene un coste para el contribuyente.
Un jefe de gabinete de un consejero tiene fijada para 2026 una retribución anual superior a los 61.000 euros. Un asesor de Presidencia o un director general supera los 66.000 euros anuales. La presidenta tiene fijada una retribución básica de más de 83.000 euros y los consejeros y vicepresidentes superan los 77.000.
Y a eso hay que sumar la multitud de puestos que conforman la estructura de cada departamento.
La pregunta, por tanto, no es si quienes ocupan esos puestos tienen derecho a cobrar por su trabajo. Naturalmente que sí.
La pregunta es otra.
¿Cuántos cargos, asesores y puestos de confianza necesita realmente Navarra?
Porque mientras el Gobierno crece hacia dentro, los ciudadanos miramos hacia fuera.
Miramos las listas de espera sanitarias. Los problemas de vivienda. Las dificultades de muchas empresas. La presión fiscal. Las carreteras pendientes. Los problemas para encontrar empleo en determinados sectores. La burocracia que desespera a autónomos y pequeños empresarios.
Y entonces resulta inevitable preguntarse si tanta estructura política se está traduciendo realmente en una Administración más eficaz.
Porque un Gobierno puede tener muchos departamentos, muchos directores, muchos gabinetes y muchos asesores. Pero si los problemas siguen acumulándose, quizá ha llegado el momento de preguntarse si estamos construyendo una Administración para resolver los problemas de los ciudadanos o una estructura cada vez mayor para sostenerse a sí misma.
Solo en el programa presupuestario de Dirección del Gobierno de Navarra para 2026 se consignan 282.846 euros para retribuciones de altos cargos y 106.600 euros para personal eventual, además de gastos de funcionamiento y viajes. Y eso es únicamente una pequeña pieza de un engranaje mucho mayor repartido por toda la Administración.
Mientras tanto, Navarra tiene presupuestados este año más de 24 millones de euros en la política presupuestaria denominada «Alta dirección», según el propio portal presupuestario del Gobierno foral. La cifra engloba distintas áreas institucionales y no equivale únicamente a asesores, pero sirve para comprender la dimensión económica de toda la estructura de dirección y gobierno.
Quizá el problema no sea un nombramiento concreto.
Quizá el problema sea la suma de todos ellos.
Porque cada nuevo director, cada nuevo asesor, cada nuevo gabinete y cada nueva estructura puede parecer, por separado, perfectamente justificable.
Pero cuando se suman todos, la factura deja de ser pequeña.
Y esa factura no la paga el Gobierno.
La pagamos los navarros.
Tal vez ha llegado el momento de que María Chivite se haga una pregunta muy sencilla: ¿necesita Navarra un Gobierno más grande o un Gobierno que funcione mejor?
Porque para crear cargos parece que nunca faltan recursos.
Para resolver los problemas de los ciudadanos, demasiadas veces, sí.
Y esa es quizá la mayor diferencia entre gobernar para la Administración y gobernar para los navarros: en lo primero, cuanto más grande es la estructura, más gente encuentra un despacho; en lo segundo, lo importante debería ser que el ciudadano encuentre soluciones.