Asirón declara ilegal la tala de 113 árboles enfermos en la Universidad de Navarra
El Ayuntamiento de Pamplona, presidido por Joseba Asirón, ha considerado que la tala de 113 árboles ejecutada por la Universidad de Navarra en agosto no es compatible con la legalidad, una conclusión dura que refleja una gestión municipal más reactiva que preventiva ante la desaparición de este arbolado protegido.
El Consistorio ha decidido mantener la paralización cautelar de cualquier apeo en el campus mientras la entidad no obtenga una licencia que, según el propio informe municipal, debió exigirse desde el primer día y cuyo control habría evitado el conflicto ambiental ya generado. También ha anunciado la apertura de un expediente sancionador que podría conllevar una multa y la obligación de reponer el arbolado perdido.
Según el informe de la Asesoría Jurídica municipal, el Ayuntamiento ha desestimado todas las alegaciones de la Universidad contra la orden de paralización emitida en verano, en un proceso que evidencia falta de claridad y lentitud en la respuesta municipal ante una tala que afectó a un Bien Natural Catalogado.
La operación dejó 123 ejemplares talados, entre chopos lombardos y álamos de distintos calibres, tanto en los márgenes del río Sadar como en las inmediaciones del Colegio Mayor Belagua y del edificio Central. El informe aclara que, contra la versión de la Universidad, la actuación sí requería licencia expresa y que el argumento de riesgo para la seguridad es, en su mayor parte, insuficiente y no acreditado.
El propio Servicio de Zonas Verdes señala que solo 10 de los ejemplares talados pueden considerarse apeos justificados por deterioro, una cifra muy alejada de los 123 árboles retirados sin autorización.
El informe subraya que en este ámbito no existe el silencio administrativo positivo, una cuestión que el Ayuntamiento recalca para justificar la sanción, pero que también deja entrever que el control previo no ha sido el suficiente para un arbolado con grado 2 de protección.
Zonas Verdes recuerda además que, en sus intervenciones previas, siempre discreparon con la valoración de riesgo presentada por la Universidad. El documento afirma que la entidad era plenamente consciente de que no tenía permiso, de que su solicitud no podía considerarse concedida automáticamente y de que los servicios técnicos no habían dado el visto bueno para iniciar ninguna tala.
Una tala “generalizada” sin atender al estado de cada árbol
Para justificar la paralización, el Ayuntamiento recurre a la Ley Foral, que faculta a la administración para aplicar medidas cautelares y restaurar la legalidad urbanística. El informe remarca que no existe ninguna excepción que permita una tala generalizada como la realizada.
Según Zonas Verdes, atendiendo únicamente al estado de conservación, solo 13 árboles podrían haberse justificado, y teniendo en cuenta el factor diana, únicamente 10 ejemplares, los ubicados junto a los edificios, serían “legalizables”. Los 113 restantes, por tanto, constituyen una actuación no legalizable y deberán ser compensados.
El Ayuntamiento exigirá a la Universidad un Plan de Repoblación del Arbolado, valorado económicamente conforme a la Norma Granada, y que deberá cubrir, como mínimo, el valor de los ejemplares talados.
El plan deberá incluir:
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La evaluación de todos los apeos realizados: los no legalizables, los legalizables y los pendientes.
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La propuesta de reposición de ejemplares similares para la parte que sí puede ser legalizada.
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La planificación completa de futuras actuaciones sobre el arbolado del campus.
La institución denomina este documento como Plan para la Renaturalización del Campus, que deberá ser revisado y aceptado por el Servicio de Zonas Verdes. El Ayuntamiento afirma que será la base para autorizar futuras sustituciones, como la renovación progresiva de los chopos del campus, un criterio técnico que comparten los propios servicios municipales.