Asiron impone la ley del silencio en Pamplona: se niega a entregar a UPN información de una decena de expedientes

El Ayuntamiento de Pamplona vive un episodio de opacidad administrativa sin precedentes bajo el mandato de Joseba Asiron. El grupo municipal de UPN ha denunciado una estrategia sistemática de bloqueo informativo que afecta a más de una decena de expedientes municipales de gran calado, lo que ha obligado a los regionalistas a buscar amparo legal ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) para ejercer su labor de control.

La relación de asuntos llevada por UPN a los tribunales dibuja un conflicto político y administrativo de gran alcance. Entre ellas figuran peticiones de información que, según los regionalistas, no han sido respondidas o solo han recibido una contestación parcial, tardía o en un formato que impide trabajar con normalidad. Entre esos expedientes aparecen el informe de accidentabilidad de 2025, la feria Autentika, la vigilancia realizada por la MCP y el Ayuntamiento en torno al bolseo en los contenedores, los datos sobre bajeras y pisos ocupados, la aplicación de la doble puerta del Casco Viejo, la Zona de Bajas Emisiones, las instalaciones fotovoltaicas, el contrato de limpieza de los colegios públicos y otros procedimientos concretos.

Uno de los casos que UPN sitúa en el centro de su denuncia es el de la feria Autentika. Según la formación regionalista, existía una partida presupuestaria de 120.000 euros, pero el gasto habría ascendido al menos a 180.000 euros, una diferencia sobre la que, según UPN, no se ha facilitado una explicación clara. En este sentido, UPN señala que el pago a los ganaderos que participaron en aquella feria se articuló mediante un convenio firmado en enero de 2026, aunque con fecha de 24 de diciembre de 2025, pese a que la feria se celebró en septiembre de 2025. UPN sostiene además que ese convenio no aparece en la relación pública de convenios de 2025 ni en la de resoluciones de Alcaldía o de las áreas competentes, lo que, a su juicio, apunta a un posible fallo de gestión.

Otro de los frentes abiertos afecta a la limpieza de los colegios públicos, un contrato del que UPN ha reclamado la ejecución detallada por lotes y centros, las facturas mensuales, las horas debidas y las horas realmente prestadas. Los regionalistas sostienen que el Ayuntamiento debe comprobar cuántas horas se han realizado de las comprometidas, especialmente en un contexto de absentismo laboral y sustituciones obligatorias. En su escrito advierten de que las horas no prestadas no deberían pagarse y que ese control es básico para verificar la correcta gestión del servicio.

La Zona de Bajas Emisiones es otro de los puntos más sensibles de la ofensiva de UPN. El grupo ha pedido información actualizada sobre los distintos elementos del sistema integral, su mantenimiento y los datos recogidos, además de los registros de las estaciones meteorológicas de diciembre de 2025 y enero de 2026, comparados con los mismos periodos de 2024 y 2025. También ha solicitado los datos de ocupación de plazas para personas con movilidad reducida y de zonas de carga y descarga con detectores instalados. En el documento, los regionalistas llegan a expresar su sospecha de que no se habría realizado el mantenimiento necesario y de que parte del sistema podría no estar funcionando.

Ligado a ese mismo asunto, UPN ha reclamado acceso al contrato de mantenimiento del sistema integral de la Zona de Bajas Emisiones, sus condiciones y las facturas de pago. Así, los regionalistas afirman incluso que dudan de que ese contrato exista, pese a que, según recogen, desde el equipo de gobierno se había asegurado lo contrario. Para UPN, si esa documentación no aparece, estaría en riesgo una inversión municipal de gran volumen.

La lista de expedientes conflictivos no termina ahí. UPN ha reclamado el número de bajeras y pisos ocupados en Pamplona, las actuaciones de la Policía Municipal en esos entornos, las inspecciones realizadas en 2025 con irregularidades y cuántas de ellas se han trasladado al Área de Urbanismo. También ha pedido datos sobre la aplicación de la normativa de la doble puerta en el Casco Viejo, el número de expedientes sancionadores abiertos y el acceso a los mismos. A ello se suma la petición del inventario de instalaciones fotovoltaicas del Ayuntamiento, con su ubicación, potencia, fecha de puesta en marcha, energía producida y ahorro acumulado, para aclarar si algunas han estado paradas durante largos periodos.

En materia de tráfico y seguridad, el grupo municipal regionalista también ha denunciado problemas con el informe de accidentabilidad de 2025. Según su versión, tras acudir al TAN recibieron la información en PDF, cuando tradicionalmente se facilitaba en Excel, un formato que permitía trabajar los datos por calles, tipos de accidente y otros parámetros. UPN asegura que volvió a pedir el archivo en el formato habitual, pero que no obtuvo respuesta. Además, en su relación de recursos figuran la petición de acciones de vigilancia realizadas por la MCP y el Ayuntamiento junto con las multas, dos denegaciones sobre las ocupaciones de Ikastola Jaso y Agustinas/Aranzadi, y la convocatoria de las pruebas de los llamados naranjitos.

Todos estos expedientes, según UPN, les han sido denegados, o entregados sólo parcialmente, lo que ha llevado al grupo municipal a denunciarlos ante el Tribunal Administrativo de Navarra.

Con esta batería de recursos, UPN afirma que el gobierno municipal de Asiron no solo retrasa la entrega de información, sino que impide ejercer con normalidad la labor de control y fiscalización de la oposición. La formación regionalista sostiene que la acumulación de expedientes bloqueados ya no responde a casos aislados, sino a una forma de actuar desde Alcaldía y varias áreas del Ayuntamiento. Por ahora, el conflicto ha acabado en el TAN, convertido en el último recurso de la oposición para tratar de acceder a documentos que considera esenciales para conocer qué está ocurriendo en algunos de los asuntos más delicados de la gestión municipal.