Anular el contrato: la nueva maniobra de Asiron para eludir su responsabilidad por dejar a Pamplona sin bicis eléctricas
El Ayuntamiento cuestiona ahora la titularidad y el valor del stock que adjudicó sin concurso público mientras el servicio sigue paralizado y crece el conflicto con la empresa Ride On.
El Ayuntamiento de Pamplona ha dado un nuevo paso en el conflicto del servicio de bicicletas eléctricas al requerir a Ride On que acredite la titularidad de las 40 estaciones y 400 bicicletas adquiridas para ampliar el sistema. El Consistorio ha advertido de que, si no se justifica la propiedad y el origen del material en cinco días hábiles, podría iniciar la nulidad del contrato.
El movimiento llega después de semanas de tensión pública, con el servicio paralizado desde el 13 de febrero y miles de usuarios afectados. En ese contexto, el Ayuntamiento ha puesto ahora el foco en la titularidad del stock y en la situación financiera de la empresa adjudicataria.
La Junta de Gobierno Local ha exigido a Ride On que demuestre, por cualquier medio válido en derecho, el momento y fundamento con el que adquirió las bases y bicicletas. Además, ha reclamado que esa operación no haya supuesto un incremento de deuda respecto al 16 de abril de 2025, cuando ambas partes acordaron las líneas para una resolución de mutuo acuerdo del contrato.
Sin embargo, este nuevo requerimiento se produce tras meses de controversia pública sobre la gestión del servicio. En informaciones anteriores publicadas por este medio se ha recogido cómo el alcalde Joseba Asiron anunció acciones judiciales contra la empresa mientras el sistema quedaba fuera de servicio y la empresa acusaba al Ayuntamiento de impagos.
El informe técnico municipal ha valorado el stock entregado en 310.157 euros más IVA, un 44% de los 700.000 euros más IVA previstos en el contrato. El Consistorio sostiene que no se ha cumplido ni el número ni la calidad exigida, y que la segunda verificación contractual no se ha podido realizar por las deficiencias detectadas.
No obstante, la compra de ese material fue aprobada en septiembre mediante un procedimiento negociado sin convocatoria ni concurrencia. La adjudicación en noviembre a Ride On pretendía, según el propio Ayuntamiento, dar estabilidad económica a la empresa mientras se licitaba un nuevo contrato.
Ahora, el mismo contrato que fue presentado como una vía para garantizar la continuidad del servicio se encuentra bajo amenaza de nulidad. El Ayuntamiento ha cuestionado si se mantienen las condiciones que justificaron ese procedimiento excepcional.
La entrega del material se realizó entre el 12 y el 15 de enero, y el Ayuntamiento asumió el coste del traslado, 5.827,97 euros, pese a que el pliego establecía que debía hacerlo la empresa. Además, Ride On no facilitó hasta el 16 de enero el documento con el detalle del número de elementos por caja.
El Consistorio también ha expresado dudas sobre la propiedad real del stock. Según la documentación aportada por la empresa, las bases y bicicletas se habrían adquirido a Mida Enterprises, única accionista de Ride On Pamplona y con el mismo administrador único.
El Ayuntamiento considera que esta operación podría generar una nueva deuda y que la subcontratación no está permitida en el contrato. Ride On ha declarado una deuda de 1,2 millones de euros, que incluye una factura de 423.500 euros vinculada a la compra del stock.
Sin embargo, la situación actual no solo gira en torno a la titularidad. La paralización del servicio ha dejado a Pamplona sin sistema de bicicletas eléctricas durante días, en plena polémica pública y con versiones enfrentadas entre el Ayuntamiento y la empresa.
Mientras el Consistorio plantea ahora la nulidad por posible falta de solvencia y dudas jurídicas, la empresa ha sostenido en anteriores declaraciones que el servicio podría continuar si se resolvieran los impagos denunciados. La confrontación ha escalado hasta el terreno judicial y político.
El acuerdo aprobado también abre la puerta a una resolución de mutuo acuerdo. Para ello, Ride On deberá presentar la acreditación de titularidad sin incremento de deuda, un plan de reactivación del servicio con plazos y condiciones, y una declaración responsable detallando su deuda vigente.
El Ayuntamiento deberá decidir en los próximos días si mantiene la vía de la nulidad o si opta por una liquidación pactada. La cuestión de fondo sigue siendo la misma: cómo se ha gestionado un contrato de ampliación de un servicio estratégico que hoy permanece paralizado.