Los técnicos de Chivite admiten irregularidades en las adjudicaciones a Servinabar: actas y documentos no se han encontrado

Nasuvinsa y la CPEN han defendido en el Parlamento de Navarra que sí se sintieron investigadas por la Oficina Anticorrupción de Navarra (OANA) y han sostenido que los documentos elaborados por este organismo han sido, a su juicio, “informes de investigación”. Los responsables jurídicos y de compras de ambas entidades públicas han comparecido este miércoles en la comisión parlamentaria que analiza la licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno foral.

La comparecencia ha girado en torno a dos adjudicaciones de vivienda protegida en Ripagaina, una de 2018 y otra de 2022, en las que participó la UTE formada por Servinabar y Acciona. Los comparecientes han admitido irregularidades en varios puntos del expediente, pero han rechazado que existan indicios de corrupción, “mordidas” o amaños en estos contratos.

Han intervenido la directora jurídica y de compras de Nasuvinsa, Carmen Pérez; el director de compras de la CPEN, Juan Barberán; y el director jurídico de la corporación, Jorge Aleixandre. Los tres son autores de un documento elaborado a petición del director general de la CPEN para analizar desde el punto de vista jurídico el informe emitido por la OANA sobre estas adjudicaciones.

Durante la sesión, han explicado que de los 18 apartados del informe de la OANA en los que se señalan irregularidades, en 8 ni siquiera han hecho análisis jurídico porque comparten las conclusiones. Sin embargo, han considerado “exagerada” y “desmesurada” la afirmación de la Oficina de que Nasuvinsa ignoró todos los principios de la contratación pública.

En relación con el expediente de 2018, referido a la construcción de 62 viviendas protegidas en Ripagaina, la OANA concluyó en 2025 que se incurrió en “irregularidades graves” que, en su opinión, harían nula de pleno derecho la adjudicación. La Oficina también detectó irregularidades en la adjudicación en 2022 de otras 46 VPO en Ripagaina.

Aleixandre ha asegurado que la OANA prescindió “total y absolutamente” del procedimiento establecido. A su entender, al tratarse de un informe de investigación, los afectados deberían haber tenido posibilidad de presentar alegaciones antes de que se emitieran las conclusiones.

Ese planteamiento ha chocado con la postura de UPN. El parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniain ha sostenido que la actuación de la OANA no puede considerarse una investigación, entre otras razones porque no partía de una denuncia formal en el encargo realizado por la presidenta María Chivite. Aleixandre le ha respondido que no hace falta una denuncia para que la Oficina inicie actuaciones, ya que también puede hacerlo a partir de una solicitud razonada.

En cambio, desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha incidido en que sí se trató de un procedimiento investigador. Entre los argumentos que ha citado figura el hecho de que el informe fue redactado por el director del Servicio de Investigación de la propia OANA.

Otro de los puntos debatidos ha sido la falta de presidencia en la mesa de contratación de 2018. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha llegado a calificar esa situación como “un poco anómala, cuando menos”. Sin embargo, Aleixandre ha defendido que en aquel momento no era un requisito obligatorio, ya que esa exigencia no quedó fijada hasta 2021, por lo que no comparten que ese defecto suponga la nulidad de pleno derecho.

Los comparecientes también han indicado que en 2018 no era obligatorio que los miembros de la mesa realizaran una declaración expresa sobre la ausencia de conflictos de intereses. Además, han señalado que hasta 2019 no estaba procedimentada internamente en Nasuvinsa la gestión y custodia de las actas, algo que cambió con la creación del área jurídica y de compras.

Sobre este punto, Sánchez de Muniain ha puesto el foco en la ausencia de actas de las reuniones de la mesa de 2018. En su opinión, esa carencia sí conlleva la nulidad de pleno derecho del expediente. Pérez ha reconocido que no han encontrado esas actas, aunque Aleixandre ha matizado que no creen que esa falta invalide automáticamente la adjudicación.

Tampoco ha aparecido la documentación relativa a la puntuación concedida a la UTE adjudicataria por el compromiso de contratar a personas de centros especiales de empleo. Según ha denunciado UPN, ese aspecto fue “determinante” para que Acciona y Servinabar lograran el contrato, pese a que después habrían incumplido ese compromiso. Sánchez de Muniain ha llegado a afirmar que “se queda muy corto calificar todo este expediente como una chapuza”.

Pese a todas estas irregularidades, los responsables de Nasuvinsa y la CPEN han negado haber detectado indicios de corrupción. A preguntas del parlamentario socialista Kevin Lucero, Pérez ha asegurado que no han visto señales de “mordidas” o amaños, una idea en la que también ha insistido Barberán.

Además, han defendido una interpretación jurídica distinta a la de la OANA sobre el marco legal aplicable. Según su tesis, a Nasuvinsa no se le aplica la Ley Foral de Contratos en toda su extensión, sino solo el Título Preliminar y el Título Primero, al tratarse de una sociedad pública.

Pérez ha subrayado que desde 2019 se ha producido un “cambio radical” en el control de las actuaciones de la entidad con la creación del departamento jurídico y de compras. Barberán ha añadido que la contratación de una persona para dirigir esa área ha tenido un “impacto muy evidente” en la mejora de los procedimientos.

También han discrepado del criterio de la OANA sobre la exclusión de dos licitadores por haber incluido en el sobre B datos sobre el plazo de ejecución. Barberán ha defendido que fue “sostenible y defendible” la decisión adoptada entonces de no inadmitir automáticamente esas ofertas.

La sesión, que se ha prolongado durante casi cuatro horas y media, ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los grupos parlamentarios sobre el alcance de la actuación de la Oficina Anticorrupción de Navarra. Mientras PP, UPN y otros grupos han insistido en la gravedad de las irregularidades detectadas, otras formaciones han centrado parte del debate en si la OANA llevó a cabo o no una auténtica investigación formal.