POLÍTICA

El caso contra el alcalde de Corella avanza: la jueza aprecia indicios de delitos en contrataciones y fondos públicos

Fotomontaje de Gorka García Izal sobre una imagen del Ayuntamiento de Corella.
El Juzgado de Tudela da diez días a la Fiscalía y a UPN para que soliciten la apertura de juicio oral tras cerrar las diligencias previas.

El alcalde de Corella, Gorka García, de Alternativa Corellana Independiente (ACI), podría haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación, entre otros posibles, según el auto dictado por el Juzgado de Tudela que ha investigado su gestión. La jueza instructora ha dado por finalizadas las diligencias previas.

La resolución judicial concede ahora un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a UPN, formación que presentó la querella contra el alcalde de Corella, para que soliciten la apertura de juicio oral. Por tanto, el auto no supone todavía que Gorka García vaya a sentarse en el banquillo, sino que da por terminada esta fase de la investigación.

La jueza ha fundamentado parte de su decisión en el informe de la Cámara de Comptos de Navarra sobre el ejercicio 2022. El documento analizó diferentes actuaciones relacionadas con personal, contratación pública y subvenciones tanto del Ayuntamiento de Corella como de su organismo autónomo, la residencia Hogar San José.

Según recoge el auto, del informe de Comptos se desprende que determinadas actuaciones desarrolladas durante ese ejercicio no se ajustaron a la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. La resolución enumera varios ejemplos que considera relevantes a efectos indiciarios.

Uno de ellos afecta a las contrataciones temporales de personal realizadas por el Ayuntamiento de Corella. La resolución señala que en 18 de las 51 contrataciones analizadas no se llevó a cabo ningún procedimiento de selección basado en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

La jueza también menciona la organización del CMF por parte del Ayuntamiento, para la que, según el auto, se realizaron contrataciones sin tramitar el correspondiente procedimiento administrativo. La resolución apunta además que se habrían eludido los mecanismos de control interno establecidos por la normativa.

A estos elementos se ha sumado el informe elaborado durante la investigación por los integrantes del EDITE de Navarra de la Guardia Civil. La instructora recoge que sus conclusiones se producen en términos similares a las alcanzadas previamente por la Cámara de Comptos.

La investigación de la Guardia Civil ha puesto especialmente el foco en la residencia Hogar San José de Corella. Un informe conocido durante la instrucción calificó su funcionamiento en materia contractual como un "caso inaudito e inexplicable" y señaló que se habría saltado "total y deliberadamente" la Ley Foral de Contratos Públicos.

La Guardia Civil había analizado, entre otras cuestiones, contratos de la residencia correspondientes a 2023 y 2024, además de tomar como referencia las deficiencias detectadas anteriormente por Comptos en el ejercicio 2022. La investigación judicial se ha centrado así en diferentes aspectos de la gestión municipal y de la residencia pública.

La causa contra el alcalde de Corella tiene su origen en una querella presentada por UPN. En junio de 2025, la formación regionalista ya había informado de la admisión a trámite de esa querella por posibles delitos relacionados con la gestión de fondos y decisiones administrativas municipales.

Ahora, el auto sostiene de forma indiciaria que Gorka García podría haber vulnerado diferentes normas, entre ellas la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley General de Subvenciones y varias leyes forales navarras relacionadas con la Administración Local, las haciendas locales y la contratación pública.

La resolución menciona asimismo la posible vulneración de la Ley Foral de Contratos Públicos y del Texto Refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, junto con sus disposiciones de desarrollo. La decisión sobre si se solicita finalmente la apertura de juicio oral queda ahora en manos del Ministerio Fiscal y de UPN dentro del plazo fijado por la jueza.