PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado que el Parlamento se persone en el recurso del PP contra la aplicación retroactiva de la reforma de las viviendas protegidas.
El Parlamento de Navarra ha decidido salir en defensa de la polémica ley de vivienda impulsada por el bloque que sostiene al Gobierno de María Chivite, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite un recurso del Partido Popular contra su aplicación retroactiva. EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han unido sus votos para que la Cámara foral se persone en el procedimiento judicial y defienda la constitucionalidad de la reforma.
La decisión se ha adoptado este viernes, 30 de octubre, con una nueva división entre los socios de Chivite y los partidos de la oposición. UPN, PP y Vox se han opuesto a que el Parlamento intervenga en el proceso para defender una normativa cuya retroactividad ha sido cuestionada por los populares ante el máximo intérprete de la Constitución.
El conflicto tiene su origen en la Ley Foral 14/2026, aprobada por el Parlamento el pasado 25 de junio y promulgada el 2 de julio. La reforma ha introducido cambios importantes en el régimen de las viviendas protegidas de alquiler, hasta el punto de extender la duración indefinida de la protección a promociones que habían sido calificadas bajo normativas anteriores.
Este carácter retroactivo constituye precisamente el núcleo del recurso presentado por más de cincuenta diputados del Partido Popular en el Congreso. Los populares consideran que la modificación vulnera la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada, al alterar las condiciones legales aplicables a viviendas que ya estaban acogidas a un régimen de protección determinado.
La reforma establece que las viviendas protegidas en régimen de alquiler o alquiler asequible que mantuvieran vigente su protección cuando entró en vigor la ley pasarán a estar sometidas a una protección de duración indefinida, independientemente de la fecha en la que recibieron su calificación definitiva.
Hasta ahora, determinadas promociones estaban sujetas a plazos de protección limitados. La legislación navarra había contemplado períodos de 15 o 30 años, entre otros, en función de la modalidad y del momento de calificación. Con la nueva normativa, algunas viviendas que tenían prevista la finalización de su régimen de protección dejarán de tener esa posibilidad.
Además, la reforma elimina la opción de destinar a la venta viviendas protegidas de alquiler una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. Una modificación que también se aplica a promociones anteriores, con independencia de cuándo fueron calificadas.
Esta decisión ha abierto un enfrentamiento jurídico y político sobre los límites de la intervención pública en materia de vivienda. El Gobierno de Navarra y los partidos que respaldaron la reforma defienden que estas medidas permiten conservar el parque de alquiler protegido y evitar que viviendas asequibles salgan de ese régimen.
Sin embargo, el Partido Popular sostiene que cambiar las condiciones de promociones anteriores perjudica la seguridad jurídica. Su presidente en Navarra, Sergio Sayas, ya advirtió al presentar el recurso de que la norma vulneraba ese principio y podía perjudicar la construcción de nuevas viviendas en la Comunidad foral.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso número 6911/2026 mediante una providencia del pasado 20 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 28. La impugnación se dirige específicamente contra los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria única de la ley, que regulan la aplicación de los cambios a promociones anteriores.
La admisión a trámite no supone que el tribunal haya declarado inconstitucional la reforma, pero sí abre un procedimiento en el que deberá examinar si las disposiciones impugnadas respetan los límites establecidos por la Constitución.
Pese a esta controversia, los socios parlamentarios de Chivite han decidido intervenir en bloque para defender la normativa. En la Junta de Portavoces, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han respaldado la personación del Parlamento, mientras que UPN, Partido Popular y Vox han votado en contra.
La misma división se ha trasladado posteriormente a la Mesa de la Cámara. El presidente del Parlamento, Unai Hualde, de Geroa Bai; la vicepresidenta primera, Maite Esporrín, del PSN; y el secretario segundo, Adolfo Araiz, de EH Bildu, han apoyado la comparecencia ante el Constitucional.
En cambio, el vicepresidente segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, y la secretaria primera, Yolanda Ibáñez, ambos de UPN, han rechazado la decisión. El acuerdo ha salido adelante, por tanto, con tres votos favorables y dos contrarios.
La personación permitirá que los servicios jurídicos del Parlamento presenten alegaciones en defensa de la norma aprobada por la Cámara. Según ha explicado la institución, su objetivo será «defender la plena legalidad y constitucionalidad» de la reforma.
El Parlamento dispone ahora de plazo hasta el próximo 23 de noviembre para formular y presentar sus argumentos ante el Tribunal Constitucional.
La controversia se produce en un momento especialmente delicado para la política de vivienda en Navarra, donde el acceso a una casa se ha convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos. El Gobierno de Chivite ha apostado por una mayor intervención pública en el mercado residencial, una estrategia que el PP cuestiona por sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica y la oferta de vivienda.
La decisión final corresponderá al Tribunal Constitucional, que tendrá que determinar si la extensión de las restricciones a viviendas acogidas a regímenes anteriores se ajusta a la Constitución. Mientras tanto, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han vuelto a cerrar filas en torno a una de las reformas más controvertidas de la política de vivienda del Gobierno de Chivite.
