Los centros de menas de Chivite llevan años aterrorizando a los vecinos con incendios y altercados
Los centros de menores extranjeros no acompañados de Navarra han protagonizado durante los últimos años numerosos episodios conflictivos que han obligado a intervenir a la Policía Foral, han provocado quejas vecinales y han puesto en evidencia las dificultades del Gobierno de Navarra para dimensionar y controlar un sistema de protección sometido a una presión creciente.
Uno de los principales focos de problemas ha sido el Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla, abierto en 2019. Ya en julio de 2020 la Policía Foral tuvo que movilizar patrullas de Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial y de la División de Intervención por una pelea entre varios menores en el interior de las instalaciones.
La preocupación aumentó en 2021, cuando el propio Ayuntamiento de Marcilla trasladó al Departamento de Derechos Sociales el malestar existente entre parte de los vecinos. El Consistorio y residentes de la localidad denunciaron entonces robos de móviles y carteras, peleas, acoso a personas mayores e insinuaciones y comportamientos hacia chicas del pueblo, hechos que atribuían a algunos jóvenes alojados en el centro.
También hubo problemas en el centro de Ilundáin. En noviembre de 2021, la Policía Foral informó de un grave altercado en el que varios menores causaron destrozos en las instalaciones. Los agentes acudieron para controlar la situación y uno de los jóvenes terminó detenido por un delito de atentado a la autoridad después de resistirse a la intervención policial.
El año 2022 fue especialmente complicado en Marcilla. En mayo, un incidente ocurrido dentro del centro dejó cuatro menores heridos y obligó a movilizar hasta siete patrullas de la Policía Foral. Hubo daños en el mobiliario y uno de los jóvenes tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario de Navarra tras sufrir un corte al romper el cristal de una ventana.
Sólo unas semanas después volvieron a producirse intervenciones policiales. Cuatro jóvenes fueron detenidos en dos incidentes distintos, después de una agresión a otro menor y de diferentes amenazas. Uno de los implicados llegó a fugarse antes de ser localizado posteriormente por la Policía Foral.
Los problemas continuaron a finales de aquel año. En diciembre de 2022, el sindicato CSIF/SPF denunció que cuatro policías fueron increpados y recibieron lanzamientos de piedras cuando trataban de trasladar a dos jóvenes desde Marcilla hasta Ilundáin. Ya en el exterior, un grupo de alrededor de quince jóvenes volvió a enfrentarse a los agentes y una piedra de grandes dimensiones rompió la luna de un vehículo estacionado en las inmediaciones.
La situación alcanzó uno de sus momentos más graves en 2025. El Ayuntamiento de Marcilla convocó en marzo un pleno extraordinario para abordar los incidentes que se estaban produciendo en la localidad y alertó de los problemas de convivencia coincidiendo con una fuerte sobreocupación del recurso.
En junio se produjeron graves enfrentamientos entre jóvenes del centro y vecinos que terminaron obligando al Gobierno de Navarra a intervenir. El Ejecutivo foral decidió trasladar de urgencia a 23 menores, reforzar permanentemente la presencia policial en Marcilla y habilitar una oficina para presentar denuncias. El centro albergaba en aquel momento 94 menores, pese a tratarse de un recurso cuya capacidad ordinaria era muy inferior.
Las investigaciones posteriores de Policía Foral y Guardia Civil dejaron 19 personas investigadas por desórdenes públicos y riña tumultuaria: 14 menores y cinco vecinos adultos. Los incidentes evidenciaron que el problema había superado ya los límites del propio centro y afectaba directamente a la convivencia en la localidad.
Pero los problemas no han sido únicamente de orden público. El propio Gobierno foral ha reconocido una sobreocupación prolongada del sistema. En 2024 aumentó un 21% el número de menores bajo guarda o tutela y al terminar ese año había 625 menores protegidos, de los que 163 eran menores extranjeros no acompañados. Para hacer frente a la situación, Navarra ha tenido que abrir decenas de nuevas plazas y nuevos centros de manera progresiva.
La Administración llegó incluso a modificar el contrato del COA de Marcilla por la “necesidad de incrementar plazas por sobreocupación”, según consta oficialmente en el Portal de Contratación de Navarra. El contrato con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) ascendía a más de 2,19 millones de euros.
A los problemas de capacidad se han unido también deficiencias administrativas y de atención a los propios menores. El Defensor del Pueblo de Navarra ha intervenido en distintas ocasiones por casos relacionados con Marcilla. Entre otras cuestiones, ha cuestionado situaciones en las que menores carecían de empadronamiento o tarjeta sanitaria, problemas en los procedimientos para determinar la edad y casos de jóvenes que, tras abandonar el sistema de protección, terminaron temporalmente en la calle.
El segundo gran foco de preocupación se ha trasladado en los últimos años a Artica. Sólo durante agosto de 2025, la Policía Foral registró 12 actuaciones relacionadas con los dos recursos residenciales existentes en la localidad. Los partes oficiales incluyen incendios, actuaciones con menores, vigilancia policial, conflictos y una denuncia penal por agresión sexual, además del traslado posterior de la víctima al recurso.
Uno de los episodios más graves se produjo el 23 de agosto de 2025, cuando un incendio entre los dos chalets obligó a evacuar a diez menores y tres educadores. Era el tercer fuego registrado en la zona durante aquella semana. Las llamas alcanzaron una importante altura junto a los inmuebles y la Policía Foral investigó su posible carácter intencionado.
Los episodios de Marcilla, Ilundáin y Artica muestran así la otra cara de un sistema que ha crecido a gran velocidad durante los últimos años. El Gobierno de Navarra ha pasado de disponer de 197 plazas de protección de menores en 2015 a 546 en 2025, mientras el presupuesto dedicado a políticas de infancia pasó de 25 millones de euros en 2019 a 50 millones en 2025. Para 2026, el Ejecutivo presupuestó 66 millones.
El debate no afecta, por tanto, únicamente a la acogida de los menores. Los antecedentes han dejado sobre la mesa cuestiones sobre la capacidad de los centros, su ubicación, la convivencia con los vecinos, el control de las entidades gestoras, la seguridad y la supervisión que ejerce el Gobierno de Navarra sobre unos recursos financiados con dinero público. Un debate que vuelve a cobrar actualidad ante la llegada de nuevos menores migrantes y la decisión del Ejecutivo de María Chivite de continuar ampliando el sistema de acogida tras la invasión de Ceuta.