La estrategia impulsada por EH Bildu para facilitar el cobro del impuesto a las viviendas deshabitadas en los municipios navarros empieza a plasmarse en nuevas ordenanzas locales. El Ayuntamiento de Pueyo ha aprobado una regulación específica para aplicar este gravamen, que puede alcanzar el 1,5% de la base imponible a partir del tercer año en el que una vivienda permanezca inscrita oficialmente como deshabitada.
El movimiento llega apenas unos meses después de que EH Bildu llevara al Parlamento de Navarra una iniciativa destinada expresamente a facilitar la aplicación efectiva de este impuesto en los ayuntamientos. La propuesta salió adelante con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y desembocó posteriormente en la elaboración de una ordenanza tipo para los municipios.
El impuesto no ha sido creado por EH Bildu ni por el actual Gobierno de Navarra. Su exacción tiene carácter obligatorio desde hace más de una década. La novedad de 2026 está en el impulso político y administrativo para que los ayuntamientos dispongan de las herramientas necesarias para aplicarlo realmente.
La iniciativa presentada por EH Bildu reclamó al Gobierno foral que garantizara un suministro automatizado, actualizado y continuo de información del Registro de Viviendas Deshabitadas, con el objetivo de mejorar la identificación de estos inmuebles y facilitar la coordinación con las entidades locales.
Pero incluyó además una segunda petición directamente relacionada con lo que está sucediendo ahora en Pueyo. El Parlamento planteó que la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), en colaboración con el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, elaborase una circular y una ordenanza básica o tipo para facilitar a los ayuntamientos el desarrollo de sus propias normas y el cobro del impuesto.
La FNMC materializó ese paso durante la primavera. La Federación ha elaborado un modelo de ordenanza para facilitar la exacción del Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas por parte de las entidades locales, precisamente después del impulso dado desde el Parlamento.
Pueyo ha avanzado ahora en esa dirección con la aprobación de su propia ordenanza fiscal. La norma establece que únicamente estarán sujetas al impuesto las viviendas que hayan sido previamente declaradas oficialmente como deshabitadas por el departamento competente del Gobierno de Navarra y se encuentren inscritas en el correspondiente registro.
Por tanto, una vivienda no tendrá que pagar el impuesto únicamente por permanecer cerrada o sin residentes durante un determinado tiempo. Es necesario un procedimiento previo de la Administración foral que termine con su incorporación al Registro de Viviendas Deshabitadas de Navarra.
Una vez inscrita, la presión fiscal aumenta conforme pasan los años. Durante el primer año, el tipo deberá situarse entre el 0,25% y el 0,50% de la base imponible. En el segundo podrá oscilar entre el 0,50% y el 1%.
A partir del tercer año y durante los sucesivos, el porcentaje alcanza el 1,5%. La base sobre la que se calcula el recibo es la correspondiente a la Contribución Territorial.
La ordenanza contempla además diferentes exenciones. Entre ellas se encuentran determinados funcionarios que por razones profesionales tengan que residir fuera de la localidad donde se encuentra la vivienda y trabajadores desplazados temporalmente por motivos laborales.
También quedan fuera del pago las viviendas cuyos propietarios las hayan puesto a disposición de la Administración pública o de Nasuvinsa para incorporarlas a programas de alquiler social.
Pueyo, además, no es un caso aislado. Durante los últimos meses varios ayuntamientos navarros han avanzado en la aprobación de ordenanzas específicas sobre este tributo. Aranaz ha publicado su aprobación definitiva en julio, mientras que Aoiz también ha culminado este año la tramitación de su ordenanza.
La tendencia ha continuado durante el verano. Larraona ha aprobado definitivamente su ordenanza el 27 de agosto y Aranarache ha hecho lo mismo el 3 de septiembre. Otros municipios, como Ulzama y Ezcároz, han aprobado inicialmente sus respectivas normas durante los últimos meses y han abierto así el procedimiento para incorporarse al sistema.
El caso de Pueyo tiene, no obstante, un matiz. El municipio ya recogía tipos aplicables al Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas en ejercicios anteriores. Lo que se produce ahora es la aprobación de una ordenanza específica que desarrolla y articula su aplicación, coincidiendo con este movimiento más amplio para extender el funcionamiento efectivo del tributo.
El papel del Gobierno de Navarra resulta fundamental para que los ayuntamientos puedan cobrarlo. Son los servicios de la Administración foral los que deben detectar, tramitar y declarar una vivienda como deshabitada antes de incorporarla al registro y comunicar posteriormente esa información a los municipios.
La secuencia política de 2026 resulta así clara. EH Bildu impulsó la iniciativa parlamentaria; PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin permitieron aprobarla; la FNMC ha preparado la herramienta para facilitar su aplicación; y distintos ayuntamientos están aprobando ahora sus propias ordenanzas.
Pueyo se incorpora así a una oleada de municipios que están activando o desarrollando durante 2026 la regulación del impuesto sobre viviendas deshabitadas, en un momento en el que el Gobierno de Navarra también ha intensificado los procedimientos destinados a detectar inmuebles susceptibles de incorporarse al registro oficial.
