Chivite tiene a los trabajadores de Justicia de Navarra sin calendario laboral de 2026 en pleno mes de septiembre
La gestión de la Justicia dependiente del Gobierno de Navarra de María Chivite ha abierto un nuevo frente con sus trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado que, a mediados de septiembre, la Dirección General de Justicia todavía no ha negociado ni aprobado el calendario laboral de 2026, además de mantener problemas de personal, planificación e inversión.
El área de Justicia está encuadrada en el departamento dirigido por la consejera Inma Jurío, del PSN. STAJ sostiene que la demora en aprobar el calendario mantiene a la plantilla "en una situación de incertidumbre" y dificulta tanto la organización del trabajo como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Un calendario obligatorio que sigue pendiente
El sindicato ha recordado que el artículo 500.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la distribución de la jornada y la fijación de horarios deben determinarse mediante un calendario laboral aprobado anualmente, después de negociarlo con las organizaciones sindicales.
"No estamos ante una cuestión meramente formal. El calendario laboral regula aspectos fundamentales de la prestación del servicio y de la vida profesional de cientos de trabajadores. No es razonable llegar a mediados de septiembre sin que la Dirección General de Justicia haya abierto una negociación efectiva para 2026", ha denunciado STAJ.
Críticas a la implantación del nuevo modelo judicial
Las críticas van más allá del calendario. STAJ sostiene que, más de un año después del inicio de la primera fase de implantación de los Tribunales de Instancia y ocho meses después de la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo en Pamplona, la reorganización sigue marcada por "la improvisación, la insuficiencia de medios personales y la falta de diálogo".
Para el sindicato, la implantación de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia suponía una oportunidad para modernizar la organización judicial, reforzar las plantillas y mejorar la atención a la ciudadanía, pero considera que el Gobierno foral está acometiendo el proceso sin solucionar previamente las carencias estructurales existentes.
STAJ denuncia sobrecarga y falta de dimensionamiento
La organización sostiene además que determinados servicios comunes no han sido dimensionados adecuadamente y que tampoco se han evaluado con suficiente rigor las necesidades reales de personal provocadas por la nueva estructura.
"La plantilla está sosteniendo con su esfuerzo diario una reorganización de enorme complejidad. La modernización de la Justicia no puede descansar sobre la sobrecarga de los trabajadores ni desarrollarse sin planificación, negociación y recursos suficientes", ha advertido STAJ.
El Registro Civil de Pamplona, en el punto de mira
Uno de los ejemplos concretos que ha puesto sobre la mesa el sindicato es el Registro Civil de Pamplona. Según STAJ, funciona actualmente con una dotación inferior a la establecida reglamentariamente y mantiene sin cubrir la totalidad de sus puestos desde diciembre de 2025.
La organización ha reprochado a la Dirección General de Justicia que, en lugar de anticipar las necesidades y cubrir las plazas cuando correspondía, haya terminado recurriendo a soluciones provisionales. Según la información que atribuye a la propia Administración, se ha incorporado personal seleccionado a través del Servicio Navarro de Empleo para paliar la situación.
Las consecuencias llegan también a los ciudadanos
STAJ advierte de que esta insuficiencia de trabajadores no se limita a las condiciones laborales de la plantilla. A su juicio, también repercute en la rapidez y calidad de la atención que recibe la ciudadanía, especialmente en un servicio como el Registro Civil.
"Estamos hablando de un servicio esencial, relacionado directamente con acontecimientos fundamentales de la vida de las personas. Mantener plazas estructurales sin cubrir y recurrir después a medidas tardías y provisionales no constituye una política adecuada de personal", ha señalado el sindicato.
Navarra destina el 0,17% del PIB a Justicia
La organización ha enmarcado todas estas deficiencias en lo que considera una inversión insuficiente en Justicia por parte del Gobierno de Navarra. De acuerdo con los datos que recoge del informe "Justicia dato a dato 2025", Navarra dedica a la Administración de Justicia el 0,17% de su Producto Interior Bruto.
Esta cifra representa, según STAJ, aproximadamente la mitad del 0,34% correspondiente a la media estatal. El sindicato afirma que no se trata de una diferencia puntual y asegura que, desde 2012, Navarra aparece de manera recurrente entre las comunidades que realizan un menor esfuerzo presupuestario en Justicia.
El sindicato reclama medidas inmediatas
STAJ relaciona esta menor inversión con la insuficiencia de personal, la elevada temporalidad, las dificultades para reforzar los órganos con mayor carga de trabajo y las desigualdades económicas y profesionales que viene denunciando durante los últimos años.
Ante esta situación, ha reclamado la convocatoria "inmediata" de la Mesa Sectorial de Justicia, así como la negociación y aprobación del calendario laboral de 2026, la cobertura de plazas vacantes, el refuerzo de los servicios más sobrecargados y una evaluación de las necesidades reales de plantilla.
Más peticiones a la Dirección General de Justicia
El sindicato pide asimismo revisar las prolongaciones de jornada y la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo al nuevo modelo organizativo, además de garantizar procedimientos transparentes para seleccionar y contratar personal temporal.
Entre sus reivindicaciones también incluye la aprobación de protocolos eficaces para prevenir y resolver los conflictos laborales y los riesgos psicosociales. STAJ sostiene que la plantilla lleva años compensando "con su profesionalidad" las consecuencias de una inversión que considera muy inferior a la media.
"El servicio público de Justicia necesita decisiones"
"La plantilla de Justicia lleva años compensando con su profesionalidad las consecuencias de una inversión muy inferior a la media. Ahora está sosteniendo también la implantación del nuevo modelo organizativo. No se le puede exigir que siga absorbiendo indefinidamente la falta de planificación, la insuficiencia de personal y la ausencia de decisiones sobre cuestiones laborales básicas", ha advertido.
STAJ ha expresado finalmente su "disposición al diálogo", aunque ha avisado de que una negociación efectiva requiere convocatorias formales, documentación previa y propuestas concretas. "El servicio público de Justicia necesita decisiones. La plantilla y la ciudadanía no pueden continuar pagando las consecuencias de la falta de previsión de la Dirección General", ha concluido.