El cuñado de Santos Cerdán cobró 61.000 euros de la empresa clave del 'caso Koldo'
Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, trabajó como albañil en la empresa Servinabar, una de las firmas investigadas en el caso Koldo, y percibió por ello 61.669 euros entre los años 2019 y 2022. Así lo han confirmado fuentes de la defensa del exdirigente socialista, subrayando que el trabajador es hermano de la mujer de Cerdán y que desarrolló labores propias de su oficio durante ese periodo.
Según la documentación de la Hacienda Foral de Navarra remitida al Tribunal Supremo, Muñoz Cano recibió pagos anuales que oscilan desde los 3.363 euros en 2019 hasta los 20.818 euros en 2022, distribuidos en dos periodos de trabajo distintos dentro de la constructora.
Pero no fue el único familiar con vínculos laborales con Servinabar. La hermana de Cerdán, Belén Cerdán, también figura en los archivos fiscales como trabajadora administrativa en la empresa entre enero y junio de 2020, con un sueldo mensual de 2.000 euros netos. Posteriormente, habría continuado con las mismas funciones, pero desde una asesoría externa que llevaba las cuentas de la firma, manteniendo los mismos ingresos, según fuentes conocedoras del caso.
Durante los meses en los que estuvo contratada directamente por Servinabar, Belén Cerdán figuró como trabajadora por cuenta propia, y más tarde recuperó su condición de asalariada. En total, percibió 22.200,84 euros, cantidad que también aparece reflejada en la documentación fiscal remitida al juez del caso, Leopoldo Puente.
Las investigaciones, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, se centran en Servinabar como una empresa presuntamente creada para beneficiarse de adjudicaciones públicas en Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a grandes firmas como Acciona, sin que conste una aportación técnica clara en las obras realizadas.
Uno de los puntos clave de la investigación es un contrato privado de compraventa localizado por la Guardia Civil. En él, figura que Santos Cerdán habría adquirido en 2015 un 45% de las participaciones de Servinabar por 6.000 euros. Sin embargo, Joseba Antxón Alonso, administrador de la empresa, aseguró en su declaración ante el Supremo que el documento era solo un borrador sin validez legal, elaborado cuando el socialista se planteaba abandonar la política tras los malos resultados del PSOE en Navarra.
Además, la causa incluye audios intervenidos en los que el exasesor ministerial Koldo García se queja de que Alonso y Cerdán estaban en Madrid “de fiesta en fiesta gastándose la pasta”, lo que refuerza las sospechas sobre el uso del dinero obtenido presuntamente de forma irregular.
Servinabar participó en proyectos públicos relevantes en Navarra como la adecuación del Navarra Arena, la reforma del Archivo General, los túneles de Belate o la construcción de viviendas de protección oficial en Egüés. Todas estas adjudicaciones se realizaron a través de UTE con Acciona, cuyo delegado en Navarra, Fernando Merino, también ha declarado como testigo. Merino negó ante el Supremo cualquier pago de comisiones ilegales y defendió que trabajar con firmas locales era condición necesaria para acceder a licitaciones en Navarra y el País Vasco.