La dura crítica de Ibarrola a Chivite por su ley de industria: "Es una coartada para tapar siete años de inacción"

La ley de industria de María Chivite se ha convertido en el nuevo frente político entre UPN y el Gobierno de Navarra. La presidenta regionalista y candidata al Ejecutivo foral, Cristina Ibarrola, ha acusado a la presidenta navarra María Chivite de presentar una norma "tardía", "ambigua" e "incompleta" para tratar de ocultar, a su juicio, siete años de inacción en política industrial.

Ibarrola ha sostenido este martes, 15 de septiembre de 2026, que el proyecto llega al final de la legislatura convertido en una "ley escaparate" y una "ley de titulares". La dirigente de UPN considera que el texto formula objetivos generales, pero no precisa cómo, cuándo ni con qué recursos deberá cumplirlos el Gobierno de Navarra.

"La ley de industria de Chivite es una coartada para tapar siete años de inacción", ha afirmado Ibarrola. A su juicio, la presidenta intenta convertir "sus deberes pendientes en anuncios de final de legislatura", una estrategia que también ha relacionado con ámbitos como la sanidad, la vivienda, el sector primario y la emancipación juvenil.

La presidenta de UPN ha reclamado que la futura norma contemple compromisos concretos para aportar certezas a las empresas, reducir la burocracia y mejorar la competitividad. Entre las necesidades que ha citado figuran la energía a precios competitivos, la disponibilidad de suelo, las infraestructuras estratégicas, la seguridad jurídica, la formación y una fiscalidad que permita competir.

"Ninguno de esos problemas se resuelve con declaraciones genéricas ni con artículos que dejan las decisiones importantes para más adelante", ha asegurado. Frente al proyecto del Ejecutivo de Chivite, UPN ha presentado una batería de enmiendas con las que pretende convertir los objetivos recogidos en la ley en obligaciones concretas.

Una de las principales propuestas pasa por acelerar la tramitación de los proyectos empresariales de interés estratégico. Ibarrola se ha comprometido a establecer un plazo máximo de tres meses para resolver estos expedientes.

UPN también plantea eliminar los actuales umbrales de 50 millones de euros de inversión y 100 empleos directos para considerar determinados proyectos estratégicos. Según Ibarrola, esos requisitos podrían dejar fuera "a buena parte de los proyectos relevantes para Navarra".

La formación regionalista quiere igualmente impedir que los ayuntamientos puedan bloquear proyectos empresariales estratégicos sin una justificación que considere proporcionada. En paralelo, Ibarrola ha propuesto que el silencio administrativo sea positivo cuando la Administración incumpla los plazos establecidos para contestar.

Otra de las medidas defendidas por UPN es crear una ventanilla única para todas las empresas, y no únicamente para los grandes proyectos declarados estratégicos. Esta herramienta debería prestar una atención especial a pymes y autónomos, según ha explicado la candidata regionalista.

Ibarrola también ha reprochado al Gobierno de Navarra que su ley de industria no impulse suficientemente una política que alcance a todas las comarcas. UPN propone facilitar suelo industrial, mejorar la conectividad física y digital, adaptar la formación a las necesidades productivas, favorecer el acceso a la vivienda y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio.

En materia fiscal, la presidenta de UPN ha defendido tipos impositivos competitivos e incentivos destinados a atraer y retener talento, favorecer la implantación empresarial en las diferentes zonas de Navarra e impulsar sectores estratégicos y nuevas actividades económicas.

Ibarrola ha reclamado igualmente que el anunciado fondo de industrialización tenga una creación efectiva, dotación económica suficiente y reglas transparentes de funcionamiento. UPN quiere que esa herramienta vaya acompañada de compromisos presupuestarios y criterios públicos.

La formación regionalista también propone eliminar la obligatoriedad de elaborar planes de descarbonización para las empresas. Ibarrola ha asegurado que ninguna otra comunidad autónoma impone esa exigencia y plantea sustituirla por incentivos, asesoramiento y acompañamiento, sin modificar los objetivos ambientales.

UPN ha planteado además que distintos planes estratégicos tengan que estar elaborados en un máximo de seis meses. Entre ellos figuran un plan de arraigo empresarial, otro de generación, retención y atracción de talento, uno para reducir los costes energéticos y un plan territorial de suelo e infraestructuras industriales por zonas de Navarra.

La propuesta incluye además un plan de transición digital centrado especialmente en pymes y autónomos, con incentivos fiscales para facilitar su desarrollo. En materia de diálogo social, UPN quiere incorporar expresamente el Consejo del Diálogo Social como órgano permanente de colaboración entre la Administración, los empresarios y los sindicatos.

Ibarrola ha acompañado sus críticas a la ley de industria de Chivite con varios datos sobre la evolución económica de Navarra desde 2019. Según ha señalado, desde ese año se han marchado de la Comunidad foral 173 empresas más de las que se han instalado.

También ha afirmado que la industria navarra ha retrocedido un 3,5% en términos reales, un resultado que ha situado por debajo de la media española y de comunidades próximas como la Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja o Aragón.

La dirigente regionalista ha añadido que durante 2025 un total de 7.867 trabajadores navarros estuvieron afectados por ERTE. Según los datos aportados por UPN, representan el 10,5% de la afiliación industrial de Navarra y el 14,7% de todas las personas afectadas por ERTE en la industria española.

"Industria es el departamento que menos crece en presupuesto. No parece que sea una apuesta estratégica", ha criticado Ibarrola. La candidata de UPN se ha comprometido a aprobar durante el primer año de un eventual gobierno regionalista los principales planes y normas pendientes en materia industrial, con presupuesto, calendario e indicadores públicos de resultados.