Vox exige al Gobierno de Chivite que revele quién autorizó el "trámite excepcional", cuánto ha costado la estancia y si Navarra reclamará el dinero a Castilla y León.
El polémico traslado a Navarra de un ciudadano marroquí de 68 años que no estaba empadronado en la Comunidad foral y su posterior ingreso en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona ya ha llegado al Parlamento. Vox ha solicitado la comparecencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez, y ha registrado una batería de preguntas para tratar de esclarecer quién autorizó una operación que se tramitó pese a que el paciente mantenía su padrón y su adscripción sanitaria en Castilla y León.
El movimiento parlamentario ha llegado después de que Navarra.com desvelara este lunes que la Administración foral había permitido el traslado pese a que el personal de gestión había rechazado inicialmente la petición por la falta de empadronamiento en Navarra. La familia, según la documentación conocida por este periódico, se negaba a modificar la residencia del paciente ante el temor de que pudiera perder una ayuda económica que percibía en Castilla y León.
Finalmente, los servicios sociales activaron un "trámite excepcional" y el paciente fue trasladado desde el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. El 17 de agosto terminó derivado al Hospital San Juan de Dios de Pamplona, un centro privado concertado cuyo coste para Osasunbidea puede superar los 300 euros diarios en este tipo de plazas.
El caso abre ahora un nuevo frente para el Gobierno de María Chivite, que deberá explicar qué criterio permitió sortear las objeciones iniciales de gestión y asumir con recursos sanitarios navarros la atención de una persona que seguía vinculada administrativamente y sanitariamente a otra comunidad autónoma.
"El Gobierno de Chivite aplica manga ancha con quien presiona para conservar ayudas de otra comunidad o para vivir de prestaciones en Navarra, y rigor burocrático con los navarros. En un sistema con más de 68.000 personas esperando una primera consulta y más de 10.000 pendientes de intervención, priorizar a quien no está empadronado aquí es una tomadura de pelo", ha subrayado el portavoz de VOX.
Vox ha elevado además el tono de sus críticas. Su portavoz en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, considera que, si se confirman los hechos conocidos, no se estaría ante una mera irregularidad administrativa. "Esto no es un error. Es prevaricación", ha asegurado el parlamentario, que acusa al Ejecutivo foral de haber aplicado una excepción que no se ofrece habitualmente a otros pacientes.
La acusación de prevaricación es, por el momento, una valoración política de Vox y no consta en la documentación aportada que exista una investigación judicial abierta por este delito. Precisamente por ello, el partido ha dirigido buena parte de sus preguntas a conocer quién adoptó la decisión y bajo qué cobertura normativa.
Entre otras cuestiones, Jiménez quiere que Domínguez aclare si conocía previamente el traslado; qué autoridad, cargo o unidad de Salud autorizó el denominado "trámite excepcional"; qué protocolo se siguió y por qué se permitió utilizar una plaza concertada en Navarra sin exigir antes la regularización del padrón y de la adscripción sanitaria.
Una de las incógnitas que permanece abierta es además cuánto dinero ha costado el ingreso. Vox ha reclamado al Departamento que detalle cuántos días ha permanecido o permanece el paciente en San Juan de Dios y cuál es el coste total, ya sea facturado o estimado, que tendrá que asumir el Servicio Navarro de Salud por su estancia, tratamiento y cuidados.
El partido también quiere saber si el Gobierno de Navarra va a exigir a Castilla y León que compense los gastos sanitarios generados por un paciente que seguía adscrito a su sistema sanitario. Del mismo modo, ha preguntado expresamente si se reclamará alguna cantidad al propio paciente o a sus familiares y, en caso contrario, qué justificación jurídica existe para no hacerlo.
Las preguntas registradas ponen igualmente el foco en un posible agravio comparativo. Vox reclama que Salud aclare si los criterios aplicados garantizan un trato igualitario y si tiene conocimiento del malestar que, según la información conocida, habría provocado el caso entre trabajadores sanitarios y personal de gestión. También exige que el consejero confirme si se produjo o no algún "bypass" o modificación excepcional de los criterios ordinarios.
El grupo ha ido todavía más lejos y ha pedido a Salud que valore la apertura de una auditoría sobre las derivaciones realizadas durante los últimos dos años a centros privados concertados de pacientes que no estuvieran empadronados o adscritos sanitariamente en Navarra. La formación quiere conocer si han existido más operaciones similares y qué controles aplica Osasunbidea para autorizar estos gastos.
El Gobierno de Chivite tiene así pendiente aclarar varios de los elementos fundamentales del caso: quién autorizó la excepción, qué norma permitió hacerlo, cuánto dinero público ha supuesto, por qué no se exigió el cambio de adscripción sanitaria y quién terminará pagando la factura. Unas respuestas que Vox pretende obtener ahora en el Parlamento después de que el traslado haya puesto bajo sospecha la forma en la que Salud aplica sus propios criterios administrativos.
