Anticorrupción sobre la obra de Belate para la empresa de Cerdán: "La adjudicación es nula de pleno derecho"
El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido al Gobierno foral que "dé la cara" y "sea capaz de asumir las responsabilidades políticas que correspondan" después de que haya llegado un informe de la Oficina Anticorrupción de Navarra a la comisión de investigación abierta en la Cámara foral que "está diciendo que es nula de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán", Servinabar.
En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Esparza ha indicado que "no nos ha dado tiempo a analizar más" sobre el informe y ha pedido al vicepresidente Taberna que "no venda humo". "Mi compañera Marta Álvarez ya dijo que los informes de la Oficina Anticorrupción o de la Cámara de Comptos no pueden detectar si hay ilícitos penales o corrupción porque se centran únicamente en lo administrativo, en el procedimiento administrativo; no tienen más medios, no pueden entrar en el porqué de algunas de las irregularidades administrativas que están detectadas y denunciadas por los propios funcionarios", ha explicado.
"Será la UCO o será la Justicia quien tenga que determinar esto", ha indicado Esparza, para añadir que el vicepresidente del Gobierno foral, Félix Taberna, ha comparecido este lunes "para no decir nada, pero eso sí, hacer una voladura controlada y advertir de que hay unos informes de la Oficina Anticorrupción que detectan algunas irregularidades".
Esparza ha leído "una de las conclusiones finales del informe que ha hecho la Oficina Anticorrupción" sobre las obras de adjudicación de los túneles de Belate y ha expresado que, según recoge de forma literal, "en la evaluación de los criterios cualitativos, cuatro miembros de la mesa de contratación remitieron sus puntuaciones al presidente y éste determinó la suya teniendo conocimiento de las asignadas por los demás".
"Este hecho -ha continuado leyendo- junto con lo relatado más arriba, constituye una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y cuando dicha infracción es de carácter esencial, como hemos indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento de las Administraciones Públicas, supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y por tanto de la propuesta de adjudicación".
Así, Esparza ha señalado que la Oficina Anticorrupción "está diciendo que es nula de pleno derecho la adjudicación de los túneles de Belate, la adjudicación de nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE en la que está la empresa de Santos Cerdán". "Si esto les parecen pequeñas irregularidades, lo tendrán que explicar. Tendrá que explicar María Chivite por qué ha terminado adjudicando a una UTE en la que está una empresa de Santos Cerdán 76 millones de euros y hacerlo en un procedimiento que, según la Oficina Anticorrupción, es nulo de pleno derecho".
BELATE, CASO DE CORRUPCIÓN EN NAVARRA
Los túneles de Belate se encuentran en el centro de un caso de presunta corrupción en Navarra con la adjudicación de obras públicas por más de 76 millones de euros. El contrato, resuelto en enero de 2024 para una UTE formada por Acciona, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Osés, ha sido cuestionado por posibles irregularidades en el procedimiento de valoración técnica.
Según la documentación interna, tres de los ocho miembros de la mesa de contratación del Gobierno foral —que dirige la socialista María Chivite— emitieron votos particulares por dudas sobre la igualdad y la transparencia del proceso. También se ha señalado un retraso inusual en la votación del presidente, acceso indebido a ofertas y falta de verificación de certificados de solvencia.
El proyecto busca ampliar y mejorar la seguridad vial en la N-121-A, en línea con directivas de la Unión Europea para túneles. La adjudicación a la UTE (55% Acciona, 10% Servinabar, 35% Fermín Osés) se presentó como clave para modernizar el Belate y cumplir los estándares exigidos.
Pese a ello, un informe de fiscalización de noviembre de 2023 dejó constancia de objeciones sobre la motivación de las puntuaciones técnicas. La intervención, el representante de la Junta de Contratación Pública y el secretario legal advirtieron de incidencias, aunque la objeción no fue suspensiva y el expediente siguió adelante.
La oposición (PP y UPN) ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un presunto “dedazo” y por no haberse elevado las alertas internas. La discusión política ha crecido en Navarra, con cruces de reproches y reclamaciones de depurar responsabilidades. El Gobierno defiende la legalidad del procedimiento y niega injerencias.
El foco se ha ampliado por las conexiones con el “caso Koldo”, donde se investigan presuntas tramas de comisiones en contratos públicos. La UCO ha puesto bajo la lupa pagos y transferencias vinculadas a Servinabar y ha pedido indagar en cuentas relacionadas con dirigentes socialistas.
Uno de los puntos sensibles es la relación de Santos Cerdán con Servinabar. La UCO halló en junio de 2025 un documento privado que le atribuye la compra del 45% de la empresa en 2016 por 6.000 euros, operación no inscrita en el Registro Mercantil ni declarada en el Congreso; la defensa sostiene que era un borrador no ejecutado. Cerdán niega haber cobrado comisiones y denuncia una persecución política.
También se ha señalado que Servinabar, pequeña constructora navarra, habría participado en UTE sin aportar medios sustanciales, a la vez que obtenía diversos contratos del Gobierno foral, entre ellos el de Belate. Además, en julio de 2025 trascendió que María Belén Cerdán, concejala del PSOE en Milagro y hermana de Santos, percibió 22.200 euros de la compañía, según datos de Hacienda Foral.
En el plano administrativo, la investigación afecta a los principios de igualdad, concurrencia y publicidad en contratación. Se cuestiona la justificación de la ponderación técnica y el control del acceso a expedientes, así como la solvencia acreditada por la UTE. ¿Pudo influir el retraso del voto del presidente de la comisión en el resultado final? Esa es una de las preguntas que siguen abiertas.
Por su parte, el Gobierno de Navarra ha pedido “dejar trabajar a los órganos de control” y defiende que los expedientes se han tramitado con rigurosidad. Las denuncias políticas por la adjudicación de los túneles de Belate ya habían llegado a Anticorrupción en 2024, en un clima de máxima tensión parlamentaria.
El caso ha tenido además derivadas públicas: UPN ha denunciado presiones del PSN tras llevar el expediente a la UCO, mientras los socialistas tachan de infundadas las acusaciones y piden prudencia. La polémica mantiene a Navarra en el foco nacional.
La instrucción está en manos del Tribunal Supremo, con declaraciones y diligencias en marcha. En este contexto, Santos Cerdán ha comparecido ante el alto tribunal por su presunta implicación en la trama Koldo, con el contrato privado de Servinabar como una de las piezas clave del interrogatorio.