La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha remitido al Gobierno de Navarra un informe sobre las obras para duplicar el túnel de Belate en la que aprecia "irregularidades administrativas" que no coinciden con el informe realizado anteriormente por la Cámara de Comptos, y que el PSOE esgrimió siempre para presumir que todo era legal.
Hay que recordar que esta faraónica obra de miles de millones fue adjudicada por el Gobierno de María Chivite a la empresa que resultó ser propiedad de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, cerebro de los socialistas en Navarra y ahora mismo en prisión.
Las novedades las ha comunicado y confirmado este lunes el vicepresidente primero del Gobierno foral, Félix Taberna, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el Ejecutivo está analizando este y otros tres informes de otras obras que solicitó a la Oficina, de los que no ha dicho nada más allá de que "no se han detectado conflictos de interés en miembros de mesas de contratación ni perjuicio económico para la Hacienda foral".
Aun así, ha indicado que existen "irregularidades que vamos a estudiar en el procedimiento administrativo", ya que la Oficina, que discrepa con Comptos, "valora que no están adecuadamente hechos".
El Gobierno de Navarra había solicitado informes sobre las obras del jardín del Palacio de Navarra, las oficinas del Navarra Arena, la construcción de 62 viviendas de protección oficial en 2018, otras 46 en 2022, el colegio de Arbizu y la duplicación de los túneles de Belate, todas ellas vinculadas a Acciona o Servinabar.
La directora de la Oficina de Anticorrupción ha enviado un escrito de inhibición porque era ella la directora general de Presidencia en el momento de las obras del jardín del Palacio y la documentación del Navarra Arena no ha llegado todavía, por lo que se han realizado cuatro de los seis informes solicitados.
Taberna ha explicado que no han tenido plazo para alegar, algo con lo que el Gobierno contaba, y que una vez revisados los informes, probablemente enviarán sus alegaciones o pedirán una revisión de oficio si así lo consideran.
Esta es una de las acciones que la presidenta de Navarra, María Chivite, anunció que realizaría su Gobierno tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. También anunció que Comptos analizaría otros procesos y que se encargarían auditorias externas.
Por otro lado, el Ejecutivo foral, según ha explicado Taberna, va a enviar durante este lunes al Parlamento de Navarra toda la información solicitada por la Comisión de Investigación, excepto la relativa a Hacienda, que está a la espera de que el Parlamento lo justifique.
Se trata de 68 peticiones de información, que, según Taberna, suponen miles y miles de folios, que el Gobierno ha logrado enviar en un plazo de un mes.
Los túneles de Belate se encuentran en el centro de un caso de presunta corrupción en Navarra con la adjudicación de obras públicas por más de 76 millones de euros. El contrato, resuelto en enero de 2024 para una UTE formada por Acciona, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Osés, ha sido cuestionado por posibles irregularidades en el procedimiento de valoración técnica.
Según la documentación interna, tres de los ocho miembros de la mesa de contratación del Gobierno foral —que dirige la socialista María Chivite— emitieron votos particulares por dudas sobre la igualdad y la transparencia del proceso. También se ha señalado un retraso inusual en la votación del presidente, acceso indebido a ofertas y falta de verificación de certificados de solvencia.
El proyecto busca ampliar y mejorar la seguridad vial en la N-121-A, en línea con directivas de la Unión Europea para túneles. La adjudicación a la UTE (55% Acciona, 10% Servinabar, 35% Fermín Osés) se presentó como clave para modernizar el Belate y cumplir los estándares exigidos.
Pese a ello, un informe de fiscalización de noviembre de 2023 dejó constancia de objeciones sobre la motivación de las puntuaciones técnicas. La intervención, el representante de la Junta de Contratación Pública y el secretario legal advirtieron de incidencias, aunque la objeción no fue suspensiva y el expediente siguió adelante.
La oposición (PP y UPN) ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un presunto “dedazo” y por no haberse elevado las alertas internas. La discusión política ha crecido en Navarra, con cruces de reproches y reclamaciones de depurar responsabilidades. El Gobierno defiende la legalidad del procedimiento y niega injerencias.
El foco se ha ampliado por las conexiones con el “caso Koldo”, donde se investigan presuntas tramas de comisiones en contratos públicos. La UCO ha puesto bajo la lupa pagos y transferencias vinculadas a Servinabar y ha pedido indagar en cuentas relacionadas con dirigentes socialistas.
Uno de los puntos sensibles es la relación de Santos Cerdán con Servinabar. La UCO halló en junio de 2025 un documento privado que le atribuye la compra del 45% de la empresa en 2016 por 6.000 euros, operación no inscrita en el Registro Mercantil ni declarada en el Congreso; la defensa sostiene que era un borrador no ejecutado. Cerdán niega haber cobrado comisiones y denuncia una persecución política.
También se ha señalado que Servinabar, pequeña constructora navarra, habría participado en UTE sin aportar medios sustanciales, a la vez que obtenía diversos contratos del Gobierno foral, entre ellos el de Belate. Además, en julio de 2025 trascendió que María Belén Cerdán, concejala del PSOE en Milagro y hermana de Santos, percibió 22.200 euros de la compañía, según datos de Hacienda Foral.
En el plano administrativo, la investigación afecta a los principios de igualdad, concurrencia y publicidad en contratación. Se cuestiona la justificación de la ponderación técnica y el control del acceso a expedientes, así como la solvencia acreditada por la UTE. ¿Pudo influir el retraso del voto del presidente de la comisión en el resultado final? Esa es una de las preguntas que siguen abiertas.
Por su parte, el Gobierno de Navarra ha pedido “dejar trabajar a los órganos de control” y defiende que los expedientes se han tramitado con rigurosidad. Las denuncias políticas por la adjudicación de los túneles de Belate ya habían llegado a Anticorrupción en 2024, en un clima de máxima tensión parlamentaria.
El caso ha tenido además derivadas públicas: UPN ha denunciado presiones del PSN tras llevar el expediente a la UCO, mientras los socialistas tachan de infundadas las acusaciones y piden prudencia. La polémica mantiene a Navarra en el foco nacional.
La instrucción está en manos del Tribunal Supremo, con declaraciones y diligencias en marcha. En este contexto, Santos Cerdán ha comparecido ante el alto tribunal por su presunta implicación en la trama Koldo, con el contrato privado de Servinabar como una de las piezas clave del interrogatorio.
