De 'gaztetxe okupa' a sede oficial: la crisis de Rozalejo que sacudió al Gobierno de Barkos
El Palacio del Marqués de Rozalejo fue durante más de un año uno de los mayores quebraderos de cabeza del Gobierno de Uxue Barkos. Antes de convertirse en sede oficial del Instituto Navarro de la Memoria, el inmueble acogió el gaztetxe Maravillas y protagonizó una sucesión de okupaciones, desalojos, protestas y decisiones políticas que abrieron una profunda crisis entre los partidos que sostenían entonces al Ejecutivo foral.
El problema para Barkos no fue únicamente qué hacer con un edificio público ocupado. La presidenta gobernaba desde una posición parlamentaria muy frágil: Geroa Bai tenía sólo nueve de los 50 escaños de la Cámara y necesitaba de forma permanente a EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para alcanzar los 26 parlamentarios que daban mayoría absoluta al que se autodenominó "Gobierno del cambio".
Rozalejo acabó poniendo a prueba precisamente ese equilibrio. Lo que había comenzado como una okupación terminó provocando que los propios socios de Barkos cuestionaran públicamente la actuación de su Gobierno y presionaran al Ejecutivo para modificar en cuestión de horas una decisión adoptada para recuperar un inmueble de su propiedad.
La ocupación comenzó en septiembre de 2017, cuando un grupo de jóvenes entró en el palacio de la plaza de Navarrería y puso en marcha allí el gaztetxe Maravillas. El edificio llevaba años sin uso y pasó a convertirse en uno de los principales símbolos del movimiento okupa de Pamplona.
Durante los meses siguientes se sucedieron los contactos entre el Gobierno y los ocupantes sin que se alcanzara un acuerdo. El Ejecutivo terminó recurriendo a la vía judicial para recuperar el inmueble y en agosto de 2018 llegó el episodio que convirtió el conflicto en una crisis política de primer nivel.
La Policía Foral entró en el edificio durante la madrugada del 17 de agosto de 2018 para ejecutar el desalojo. En el interior fueron identificadas 22 personas, cuatro de ellas menores. Algunas ofrecieron resistencia pasiva y permanecieron encadenadas a diferentes estructuras.
La actuación policial permitió al Gobierno recuperar aparentemente el palacio, pero la situación cambió en pocas horas. Esa misma tarde se celebró una manifestación en Pamplona y los okupas consiguieron volver a entrar en Rozalejo.
A partir de ese momento, la cuestión dejó de ser exclusivamente policial o judicial. EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra presionaron al Ejecutivo de Barkos para que frenara un nuevo desalojo y buscara una salida negociada. Los tres partidos eran imprescindibles para mantener la mayoría parlamentaria sobre la que se apoyaba el Gobierno.
La tensión terminó provocando una de las decisiones más polémicas de aquella legislatura. Después de haber impulsado la recuperación judicial del edificio y de ejecutar el desalojo, el Ejecutivo foral remitió al juzgado un escrito para pedir que se suspendiera temporalmente una nueva intervención mientras trataba de buscar una solución al conflicto.
El cambio de posición abrió un enorme frente político. El Gobierno que horas antes había desalojado el palacio pasó a pedir a la Justicia que no se ejecutara de nuevo esa misma medida. El juez acabó archivando la causa al interpretar que existía una tolerancia temporal respecto a la ocupación.
Aquella decisión obligó posteriormente al propio Gobierno de Navarra a recurrir el auto. El Ejecutivo sostuvo que nunca había pretendido legitimar la okupación de manera indefinida y defendió que únicamente había solicitado una suspensión temporal para intentar encauzar la situación.
La crisis dejó al descubierto las diferencias internas del cuatripartito. Geroa Bai defendía que la ocupación de un edificio público no podía mantenerse, mientras EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra reclamaban una solución política y negociada. La posición del Ejecutivo resultaba todavía más compleja porque la consejera responsable de Interior y de la Policía Foral, María José Beaumont, había llegado al Gobierno propuesta por EH Bildu.
La oposición aprovechó inmediatamente las contradicciones. UPN exigió la dimisión de Barkos y el PP registró una iniciativa parlamentaria para reprobar a la presidenta y reclamar que abandonara el cargo por la gestión del conflicto de Rozalejo.
El edificio se convirtió así en una representación muy gráfica de las dificultades internas de aquel gobierno frankesnstein. Barkos no perdió la presidencia ni llegó a enfrentarse a una moción de censura con opciones de prosperar, pero la crisis evidenció hasta qué punto sus nueve parlamentarios dependían del respaldo de otras tres formaciones con posiciones muy diferentes respecto a la okupación.
Rozalejo volvió a convertirse en escenario de tensión meses después. En enero de 2019, la Policía Foral entró de nuevo en el inmueble, que encontró vacío, y el Gobierno procedió a tapiar los accesos. La actuación provocó nuevas movilizaciones y disturbios en el Casco Antiguo de Pamplona.
Los okupas lograron acceder otra vez al palacio el 19 de enero de 2019, aunque aquella última ocupación duró poco. La Policía Foral volvió a intervenir y los accesos quedaron finalmente protegidos con planchas metálicas para impedir nuevas entradas.
Con ese episodio quedó prácticamente cerrada una historia que durante más de un año había acompañado al Ejecutivo de Barkos. Rozalejo había pasado de ser un inmueble sin uso a convertirse en un símbolo político capaz de enfrentar al Gobierno con parte de sus propios apoyos parlamentarios.
Años después, el mismo edificio ha reabierto sus puertas completamente rehabilitado y convertido en la sede del Instituto Navarro de la Memoria y de la Dirección General de Memoria y Convivencia. Su nueva función institucional contrasta con aquella etapa, entre 2017 y 2019, en la que Rozalejo expuso como pocos asuntos las grietas y contradicciones del Gobierno presidido por Uxue Barkos.