Javier García carga contra Chivite y pide su dimisión: “El Gobierno está incapacitado para seguir”
El Partido Popular de Navarra acusa al Ejecutivo foral de adjudicar obras sin garantías y pide la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.
El Partido Popular de Navarra (PPN) ha exigido este lunes a la presidenta María Chivite que convoque elecciones de manera inmediata tras conocerse los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que denuncian graves irregularidades en varios expedientes de adjudicaciones públicas.
El presidente del PPN, Javier García, ha reclamado que la jefa del Ejecutivo foral comparezca en rueda de prensa para ofrecer explicaciones y apartarse del cargo. Además, ha avanzado que su formación analiza llevar los informes a la Fiscalía en caso de que no actúe de oficio.
Los documentos de la Oficina revelan “incumplimientos flagrantes en todos los expedientes revisados”, que según la propia institución “exceden de meras irregularidades administrativas”. García ha subrayado que la mayor obra pública de Navarra en la última década “debería haber sido nula de pleno derecho” y que nunca tendría que haberse iniciado en las condiciones en que fue adjudicada a Acciona y Servinabar.
El dirigente popular ha advertido de que esta situación deja al Ejecutivo foral “incapacitado para liderar la ejecución de una obra que ha costado decenas de millones de euros y que debería paralizarse”. A su juicio, “el Gobierno que comete estas infracciones no puede ser el mismo que busque la solución”.
El PPN ha recordado que aún quedan pendientes dos expedientes sobre el Archivo de Navarra y el equipamiento del Navarra Arena, cuya valoración no se ha recibido por incompatibilidad o por falta de información en tiempo y forma.
En este contexto, García ha apuntado que, además de la vía administrativa, habrá que analizar si los hechos descritos por la UCO en otro informe derivan en un caso de corrupción política.
También ha denunciado que algunos contratos se realizaron “ad hoc”, con exclusiones de incompatibilidades o motivaciones insuficientes, como en el caso del Colegio Público de Arbizu.
Para el líder del PPN, tanto el actual gobierno como el anterior “han adjudicado sin ninguna garantía millones de euros en obra pública”, afectando a consejerías de Geroa Bai, Contigo Zurekin y el PSN. Por ello, ha insistido en que “no hay nadie en este gobierno que pueda hablar de limpieza”, lo que justifica, según ha recalcado, la exigencia de unas elecciones anticipadas.
SAYAS TAMBIÉN PIDE LA DIMISIÓN DE CHIVITE
Por su parte, el diputado navarro del PP en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, "no puede seguir ni un minuto más como presidenta" tras conocerse los informes de la Oficina Anticorrupción en relación con las obras adjudicadas a empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil.
"Todos los contratos analizados por la oficina Anticorrupción sobre obras adjudicadas a la trama de Cerdán tenían irregularidades", ha indicado Sayas en un mensaje en la red social X.
Según Sayas, "Chivite no puede seguir ni un minuto más como presidenta y Barkos debe dimitir de sus responsabilidades". "Ambas son las jefas de los gobiernos que adjudicaron", añade.
IBARROLA TAMPOCO QUIERE A CHIVITE DE PRESIDENTA
Por su parte, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, también ha afirmado este lunes que María Chivite "no puede permanecer un solo minuto más al frente del Gobierno de Navarra" tras el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.
"La Oficina Anticorrupción declara nula de pleno derecho la adjudicación de Belate de Chivite a Cerdán", ha señalado Ibarrola en un mensaje en la red social X.
La presidenta de UPN ha considerado que, "tras los informes conocidos hoy de la Oficina Anticorrupción y después de ver la comparecencia de Óscar Chivite, María Chivite no puede permanecer un solo minuto más al frente del Gobierno de Navarra".
En su comparecencia, el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, ha manifestado que respeta el trabajo de la Oficina Anticorrupción, pero no comparte sus conclusiones, y ha defendido que la adjudicación es "legal y transparente".