El juez investiga si Santos Cerdán pagó con fondos del PSOE a la fontanera Leire Díez para atacar causas judiciales
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría pagado con fondos del partido a la exmilitante socialista Leire Díez para atacar la dirección de investigaciones judiciales abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así consta en uno de los autos a los que ha tenido acceso EFE este miércoles, 27 de mayo, en los que el magistrado ha imputado, entre otros, a Santos Cerdán por la presunta puesta en marcha de una trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno.
El juez sostiene que en abril de 2024, “según se infiere de sus comunicaciones”, Santos Cerdán encargó a Leire Díez la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones que considera “penalmente relevantes”.
Según el auto, esas actuaciones tenían como propósito desestabilizar “de forma sistemática y continuada” cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno.
El magistrado sitúa el punto de inflexión de ese encargo en una reunión mantenida en abril de 2024 en la sede socialista de Ferraz. En ese encuentro participaron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y Santos Cerdán.
Esa reunión coincidió con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, después de remitir una carta a la ciudadanía, según ha recordado el juez en su resolución.
A partir de ese momento, Pedraz considera que Santos Cerdán pasó a liderar un grupo coordinado por Leire Díez. De ese grupo formarían parte también el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset.
Todos ellos han sido imputados por desarrollar presuntamente acciones orientadas a desestabilizar causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno, dentro de una actividad que el juez describe como continuada y estructurada.
El auto señala que Santos Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. Según Pedraz, desde sus inicios esa estructura habría soportado el coste de la actividad investigada.
El plan de actuación habría incluido ofrecimientos de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados. A cambio, según el juez, se buscaba obtener información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos.
La “premisa”, según la resolución, era atacar la correcta dirección de las investigaciones judiciales por parte de los magistrados instructores. En ese punto, el juez cita a la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma, que ha llevado al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
También menciona al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, y a la magistrada Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE en Andalucía. En ese procedimiento fue condenado Gaspar Zarrías por prevaricación, aunque su condena fue anulada después por el Tribunal Constitucional.
Pedraz expone además que, en ejecución de ese plan, se dirigieron sucesivas denuncias que califica como “infundadas” contra la juez Beatriz Biedma. También se habrían dirigido contra la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Alejandro Luzón, y contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Para alcanzar ese objetivo de desbaratar investigaciones judiciales, el juez sostiene que Santos Cerdán habría acordado con Leire Díez remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido.
Según el auto, Gaspar Zarrías habría puesto su sociedad como vehículo para esos pagos y para prestar asesoría jurídica. Además, el abogado Ismael Oliver, que ejerció durante un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, habría sido el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire Díez a través de sus sociedades.
La presunta trama, según la resolución judicial, se completaba con el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán en el caso Koldo, y con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte de la UCO.
Teijelo representa también a Sánchez Yepes en el caso Gaslow, una causa sobre un fraude de hidrocarburos que igualmente investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.