La Justicia pone bajo la lupa cuatro permisos mineros concedidos por Chivite que afectan a 38 pueblos de Navarra

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha admitido a trámite, según ha informado Ecologistas en Acción, un recurso contencioso-administrativo contra cuatro permisos de investigación minera concedidos por el Gobierno de María Chivite a la empresa Iberian Copper. Los proyectos afectan a 38 municipios de Tierra Estella y la zona de Sangüesa, donde se contempla la búsqueda de cobre y otros metales.

El recurso ha sido presentado por Ecologistas en Acción, con el apoyo de la Plataforma Lurgorri-Minas NO, que cuestiona la legalidad de las autorizaciones otorgadas por el Ejecutivo foral. Los permisos abarcan una superficie aproximada de 25.200 hectáreas y contemplan la realización de 42 sondeos, según los datos facilitados por los colectivos.

La organización ecologista ha explicado que el pasado 20 de octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN tramitó la ampliación del procedimiento ordinario contra los permisos Eslava 3603, Etayo 3604 y Solana 3605, situados en Tierra Estella, y Cáseda 3606, en la zona de Sangüesa.

Las cuatro autorizaciones tienen como finalidad investigar la posible presencia de cobre y metales asociados en el subsuelo navarro. Su duración inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga durante otros tres. Se trata de permisos de investigación, por lo que no autorizan por sí mismos la explotación comercial de una mina.

Ecologistas en Acción presentó en abril de 2026 un recurso de alzada contra el otorgamiento de estos permisos. Sin embargo, el consejero de Industria del Gobierno de Navarra desestimó la reclamación el pasado 8 de octubre, lo que ha llevado el conflicto a los tribunales.

Ahora será el TSJN el encargado de examinar la legalidad de las autorizaciones concedidas por el Ejecutivo foral.

Uno de los principales argumentos de los recurrentes se refiere a las circunstancias en las que se constituyó Iberian Copper. La empresa fue creada en Salamanca en junio de 2024 con un capital social de apenas 3.000 euros. Según denuncia Ecologistas en Acción, la sociedad se constituyó un día antes de registrar las solicitudes de permisos mineros.

El colectivo sostiene que la compañía fue impulsada por un antiguo socio de Geolcali en nombre de una sociedad con domicilio en Australia. Además, acusa a Iberian Copper de pretender “especular con ellos y venderlos”, una afirmación de los ecologistas que no ha sido acreditada de forma independiente.

Las críticas también se extienden a las actuaciones de la empresa fuera de Navarra. Ecologistas en Acción asegura que Iberian Copper ha tramitado otros ocho permisos en Aragón como parte de un proyecto minero de mayor alcance.

A juicio de la organización, esta división en diferentes expedientes podría responder a un intento de evitar una tramitación conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica. Se trata de otra de las denuncias formuladas por los recurrentes que deberá ser examinada por las administraciones o los tribunales competentes.

Los permisos afectan a 31 términos municipales de Tierra Estella y otros siete de la zona de Sangüesa. La organización ecologista considera que el Gobierno de Navarra no ha tramitado las autorizaciones previas que, a su entender, resultan obligatorias para desarrollar determinadas actividades en suelo no urbanizable.

Otro de los aspectos que ha generado controversia es la comunicación remitida por el Departamento de Industria a los ayuntamientos afectados, en la que se les informa de la posibilidad de personarse como demandados en el procedimiento judicial.

Ecologistas en Acción ha aclarado que su recurso no está dirigido contra ninguno de estos municipios, sino contra las autorizaciones concedidas por el Gobierno de Navarra. Por su parte, la Plataforma Lurgorri-Minas NO está promoviendo mociones en los plenos municipales para expresar el rechazo a los proyectos mineros.

El conflicto ya ha tenido consecuencias sobre el terreno. Durante el pasado verano se han realizado sondeos de investigación en Sorlada y Villamayor de Monjardín, algunos de ellos en terrenos forestales, según ha denunciado la organización ecologista.

Estas actuaciones han provocado la oposición de plataformas vecinales y colectivos que cuestionan el impacto ambiental de la investigación minera en una zona con importantes valores agrícolas, naturales y paisajísticos.

La movilización contra los proyectos continuará este sábado 7 de noviembre, con una manifestación en Estella convocada por Lizarraldea Bizirik-Pueblos Vivos bajo el lema “Tierra Estella no se vende”. La protesta comenzará a las 13:00 horas en la plaza de los Fueros.

Ecologistas en Acción también ha llamado a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Mientras tanto, el futuro de los cuatro permisos de investigación minera queda pendiente de la resolución judicial del TSJN, que deberá determinar si las autorizaciones concedidas por el Gobierno de Navarra se ajustan a la legalidad.