La Mancomunidad ha emitido un informe “no favorable” y el Gobierno de Navarra deberá corregir deficiencias urbanísticas en un proyecto que ya supera los 5,25 millones de euros comprometidos.
El nuevo Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias de Navarra, uno de los grandes proyectos del Gobierno de María Chivite, ha dado un nuevo paso administrativo pese a las importantes deficiencias que todavía presenta su tramitación. El Ejecutivo foral ha aprobado inicialmente el Plan Parcial del complejo que pretende construir junto a Pamplona, aunque el expediente reconoce que cuenta con un informe “no favorable” de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, varias correcciones urbanísticas pendientes y otros cuatro informes sectoriales que todavía no se habían recibido.
La situación resulta especialmente llamativa porque el Gobierno de Navarra ya ha comprometido más de 5,25 millones de euros entre la adquisición de terrenos y los contratos para redactar los proyectos y dirigir las futuras obras. Sin embargo, la documentación publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial de Navarra (BON) demuestra que todavía quedan cuestiones por resolver antes de que el desarrollo urbanístico pueda recibir su aprobación definitiva.
La resolución, firmada el pasado 14 de octubre por el director general de Ordenación del Territorio, aprueba inicialmente el Plan Parcial del Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias, promovido por la Dirección General de Interior. Se trata de un trámite necesario para desarrollar las instalaciones previstas en el paraje de Sankin de Mutilva, junto a la Ronda Este de Pamplona (PA-30), entre los municipios de Aranguren y Valle de Egüés.
Pero el propio expediente deja constancia de los reparos planteados por distintos organismos. El más significativo procede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que ha emitido expresamente “un informe no favorable” y ha señalado la necesidad de completar o corregir tanto la normativa urbanística como los planos de ordenación.
No se trata de la única advertencia. El Servicio de Territorio y Paisaje del Gobierno de Navarra también ha exigido subsanar numerosos aspectos del proyecto para garantizar su “viabilidad y legalidad urbanística”, según recoge literalmente la resolución publicada en el BON.
Entre las deficiencias detectadas figura la necesidad de completar la memoria de sostenibilidad económica, un documento que debe justificar las consecuencias económicas del desarrollo urbanístico, así como el plan de etapas que establece cómo se organizará su ejecución.
El informe, fechado el 24 de septiembre de 2026, exige igualmente garantizar la correcta integración de los caminos públicos y las infraestructuras de servicios. También reclama modificar la normativa relativa a la eficiencia energética, la accesibilidad y los parámetros edificatorios para eliminar discrepancias.
Las correcciones afectan incluso a la documentación gráfica. Los técnicos han reclamado subsanar los planos y los archivos vectoriales conforme a los estándares oficiales, además de garantizar la coordinación con los diferentes informes sectoriales.
Por tanto, la aprobación inicial no significa que el proyecto haya superado todas las exigencias urbanísticas. De hecho, la propia resolución obliga al departamento promotor a corregir o completar la documentación antes de que pueda resolverse definitivamente el expediente.
A estas advertencias se suma otro problema: cuando se tramitó la aprobación inicial, todavía estaban pendientes cuatro informes sectoriales. En concreto, faltaban los pronunciamientos de la Sección de Prevención de la Contaminación, la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, el Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas y Gas Navarra.
El expediente sí recoge informes de otros organismos, entre ellos el Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, Nilsa, la Secretaría General de Telecomunicaciones y la Dirección General de Aviación Civil. Sin embargo, el pronunciamiento de esta última también está condicionado a la incorporación de determinadas disposiciones normativas, tanto gráficas como escritas.
En materia ambiental, el órgano competente ha concluido que el Plan Parcial no necesita someterse a una evaluación ambiental estratégica. Por su parte, el Servicio de Territorio y Paisaje considera que el documento se ajusta a los instrumentos generales de ordenación, pero condiciona su viabilidad urbanística a la subsanación de las deficiencias señaladas.
Las objeciones conocidas ahora llegan cuando el Ejecutivo de María Chivite ya ha destinado importantes recursos económicos a preparar la construcción de este complejo, concebido para concentrar buena parte de los servicios de seguridad y emergencias de Navarra.
El pasado mes de junio, el Gobierno foral anunció la adquisición de 88.108 metros cuadrados de terrenos por 2.995.731,84 euros. Se trata de las parcelas necesarias para desarrollar la primera fase de unas instalaciones que, en su conjunto, ocuparán una superficie prevista de 131.708,28 metros cuadrados.
A esta inversión se añade la adjudicación a la empresa VS Proyectos Servicios y Urbanismo de la redacción del proyecto de urbanización y la dirección facultativa de las obras correspondientes a la primera fase. Este contrato asciende a 189.659,27 euros, IVA incluido.
Más recientemente, el pasado 15 de octubre, el Gobierno de Navarra anunció otro contrato de 2.068.366,43 euros para redactar los proyectos y dirigir las obras de la futura sede central de la Policía Foral, que también albergará el Centro de Gestión de Tráfico.
De esta última cantidad, 870.891,13 euros corresponden al anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución, mientras que otros 1.197.475,30 euros se destinan a la dirección facultativa de las obras y a la coordinación de seguridad y salud. Los trabajos han sido adjudicados a los estudios OFS architects y OMP estudio.
La suma de estas tres operaciones alcanza los 5.253.757,54 euros en adquisiciones y contratos comprometidos, aunque una parte corresponde a prestaciones técnicas que se ejecutarán durante las futuras obras. Esta cifra tampoco representa el coste total del complejo, puesto que todavía no incluye el presupuesto de construcción de los edificios ni el conjunto de las actuaciones previstas en las siguientes fases.
De este modo, el Ejecutivo sigue avanzando en la contratación y planificación de una infraestructura millonaria mientras todavía debe completar y corregir documentación esencial para culminar su tramitación urbanística.
El futuro Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias pretende reunir en una misma ubicación servicios del Gobierno de Navarra que actualmente se encuentran repartidos en diferentes edificios.
La primera fase contempla la construcción de la nueva Comisaría Central de la Policía Foral, destinada a sustituir las actuales instalaciones de Beloso Alto, y del Centro de Gestión de Tráfico.
En fases posteriores está previsto incorporar la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, un helipuerto, la Dirección General de Interior y sus servicios, así como el parque central de Bomberos de Navarra.
El proyecto lleva años en preparación. Ya en 2019 se impulsaron los primeros acuerdos para desarrollar estas instalaciones en el entorno de Mutilva. Posteriormente, el Gobierno de Navarra aprobó el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal el 23 de octubre de 2024 y, en marzo de 2025, acordó declarar su utilidad pública a efectos expropiatorios.
La planificación inicial ha ido avanzando mediante sucesivos trámites administrativos, concursos y adjudicaciones, pero las obras de construcción de los edificios todavía no han comenzado.
En junio de 2026, las previsiones trasladadas desde Interior situaban el posible comienzo de los trabajos de urbanización durante el primer semestre de 2027. No obstante, esa previsión no equivale a una fecha confirmada de inicio de las obras de edificación ni de puesta en funcionamiento del complejo.
Ahora, la aprobación inicial del Plan Parcial vuelve a poner de manifiesto que el proyecto continúa condicionado por requisitos administrativos y técnicos.
El documento aprobado establece una ordenación articulada alrededor de un vial que discurrirá de norte a sur, paralelo a la PA-30, con zonas verdes a ambos lados y dos parcelas edificables destinadas a equipamientos públicos.
La resolución también abre un plazo de un mes de información pública y audiencia a los ayuntamientos de Aranguren y Valle de Egüés, así como a Iberdrola. Durante ese periodo podrán presentarse las alegaciones correspondientes.
En definitiva, el Gobierno de Chivite ha conseguido sacar adelante una nueva fase de la tramitación de su gran complejo de seguridad y emergencias, pero lo ha hecho con un informe desfavorable de la Mancomunidad, numerosos requerimientos de subsanación y varios pronunciamientos sectoriales todavía pendientes en el expediente.
La aprobación definitiva sigue condicionada a que el Ejecutivo corrija esas deficiencias, mientras la inversión comprometida supera ya los cinco millones de euros y continúa sin existir una fecha definitiva para la apertura de las nuevas instalaciones.
